El aporte de la
brigada Palomar a la brigada San Justo
Con los testimonios de un ex soldado
conscripto que realizó el servicio militar en dictadura en Primera Brigada
Aérea de El Palomar, donde participó de operativos del terror de Estado, y la
hermana de una ex detenida del Complejo Habitacional 17 de Ciudad Evita-Tablada
que también sufrió secuestro y torturas, continuó el debate por uno de los CCD
más grandes de la zona oeste del conurbano en dictadura.
Por HIJOS La Plata
La
audiencia se inició con la testimonial de WITOLD
JORGE NOWAKOWSKI, ex soldado conscripto en la Primera Brigada Aérea de El Palomar,
partido de Morón, en el año ‘77. El testigo, que ya declaró en el TOF 1 de San
Martín en la causa 1861/2011 caratulada “Barberis,
Marcelo Eduardo y otros” (Mansión Seré 2), detalló que fue
sorteado para el servicio militar en el Distrito Militar de San Martín incorporado
a la Brigada de Palomar en enero del ’77. Allí revistó en el Escuadrón Tropa y
por tener aptitud de tiro lo asignaron a la Compañía COIN (Contrainsurgencia)
como soldado apuntador de FAL. La compañía tenía unas 80 personas, entre
apuntadores de FAL, de FAP y choferes, y se dividía en 2 grupos: los
operativos, que salían a recorrer y realizar operativos en camionetas Dodge con
armas pesadas y otro de apoyo que acudía a los sucesos una vez en desarrollo.
Dijo que también realizó vuelos al sur en Hércules para llevar pertrechos
y que su baja anual se estiró por la
vigencia del conflicto limítrofe con Chile, donde la tropa fue retenida preventivamente.
Tras ser dado de baja fue reconvocado en 1978.
Sobre
la dinámica interna en la Brigada del Palomar sintetizó que los soldados tenían
instrucción militar, técnica y física, y que las prácticas de tiro las
realizaban con material liviano en la misma dependencia y con armamento pesado
y automático en Campo de Mayo, partido de San Miguel.
Preguntado
por el rol real que cumplía la Fuerza Aérea en el esquema represivo en esos
años el testigo dijo “yo esto lo veo ahora de grande, en ese entonces uno tenía
la fantasía de hacer el servicio militar, pero a nosotros nos instruyeron para
hacer operativos. Era nuestra función natural. La Fuerza Aérea hacía función de
policía, porque detenía delincuentes comunes y los traslada a las comisarías,
la más cercana la de Palomar, a 3 o 4 cuadras de la Brigada. A la Brigada sé
que han llevado gente porque hemos ido a buscar personas a distintos
domicilios. A veces nos acompañaban vehículos de civil, algunos oficiales o
suboficiales que andaban de civil con nosotros. Iban en autos particulares que
no puedo asegurar si era de ellos o de la Brigada, y de civil o con vestimenta
mixta, pantalón de jean y campera militar. Ellos hacían operativos y nosotros íbamos
de apoyo”.
Requerido
específicamente sobre algún operativo de lo que ellos denominaban “lucha
antisubversiva”, dijo que una vez participó como apoyo de un hecho en
Hurlingham o William Morris, en una fábrica de guantes, donde “por los rastros
que quedaban en el lugar se notó que había habido gente herida: restos humanos,
masa encefálica, cuero cabelludo, mucho sangre en el piso y las paredes,
señales de disparos. Cadáveres no vi. Nos llevaron como ‘personal de mudanza’,
para cargar las máquinas y elementos que había ahí en camiones de la Brigada.
Era una casa baja con un cerco en una calle de tierra”. Además recodó que “se
cargaron máquinas, bolsas de guantes y
cueros. Recuerdo que después un suboficial repartió algunos guantes en la
compañía”. Afirmó que los materiales levantados en esa casa se guardaron en un
hangar de la Primera Brigada donde habitualmente se guardaban los carros de
asalto. Y agregó que en ese hangar, además de materiales de uso habitual como
cubiertas de aviones o mangueras, también había heladeras, cocinas, camas desarmadas
y roperos que venían de los operativos que se realizaban.
En
la audiencia 24 de este debate declaró la testigo ELDA RODRÍGUEZ, hermana de Enrique Ricardo “Pluma”
Rodríguez, militante de la UES zona oeste desaparecido el 16 de septiembre de
1977 tras ser secuestrado de la casa de sus padres, Juan ventura Rodríguez y
Epifania Ramírez, quienes fueron asesinados en el operativo. Por diversos
relatos de vecinos y las averiguaciones de su primo pudieron saber que en el
operativo actuó una patota con un camión en la puerta, que sacaron a sus padres
violentamente a la mitad de la calle y los alternaban sacándolos e
ingresándolos a la casa de a uno. Su madre gritaba que no les hicieran nada y
un vecino que quiso interceder fue amenazado por los represores. Finalmente los
entraron y los asesinaron a tiros en la cocina. Cuando los genocidas se
retiraron un vecino y amigo del padre ingresó a la casa y vio que habían sido
rematados con un tiro de gracia cada uno. Elda contó que su padre tenía un
taller de guantes finos en su casa y que tras el operativo los genocidas
vinieron con un camión se robaron las máquinas, los cueros y todos los
elementos del taller más las cosas de la casa.
Preguntado
sobre las dependencias policiales a las que llevaban detenidos, el ex soldado Nowakowski
mencionó las comisarías de San Martín, de Caseros, de Martín Coronado, de
Hurlingham y otras, a donde llevaban detenidos por pedido de asistencia de la
Policía Bonaerense o “por reciprocidad”. Reconoció que pudo haberse llevado
gente detenida a la Brigada de San Justo, pero como él no conocía la zona se
enteraba por lo que le decían. Dijo que el Grupo de Tareas de la Primera
Brigada funcionaba en el subsuelo del escuadrón Tropa, junto al casino de oficiales.
Allí coordinaba el jefe de la Brigada, Santichone. Sobre la existencia de “zona
liberada” el testigo dijo que a veces desde el Colegio Militar informaban por
radio que se iba a hacer algún operativo y se activaban los Grupos de Tareas 10
y 11, con 2 o 3 camionetas a cargo de algún oficial, o bien en conjunto con el
Grupo 1 de Vigilancia Aérea de Merlo (GIVA), con la Escuela de Suboficiales de
Ezeiza o con camionetas Ford de la Séptima Brigada Aérea de Morón, que tenía
mejores vehículos que ellos. Recordó que cierta vez la empresa Ford les regaló
una camioneta tras filmar una publicidad en el predio. Dijo que por su
experiencia “no había restricciones para ir a ningún lado”.
Contó
una experiencia que vivió cuando vio que en un avión que había llegado se puso
una escalera y se bajó de una patada a una mujer detenida, que estaba vendada
en los ojos, y que cayó estruendosamente al piso. Luego fue alojada en un
hangar con otros detenidos y a la noche se los llevaron a destino desconocido. En
otra ocasión los llevaron a una casa quinta en Morón a entregar comida para
unos detenidos a un lugar que no era otro que el CCD Mansión Seré, y que por la
cantidad de comida que llevaban sospecha que había allí mucha gente confinada.
La Primera Brigada Aérea de El Palomar es la unidad militar aérea más antigua
del país, nacida en marzo de 1949 tras la fusión de la Base Aérea Militar “El
Palomar” y los Regimientos 1 y 2 de Transporte Aéreo. Su
función principal fue la de transporte aéreo: en los ´60 se manejaba con los
utilitarios Havilland ingleses y los Lockheed Hércules norteamericanos de
transporte, en los ‘70 con los Caravelle franceses y los Fokker holandeses, y
en la guerra de Malvinas desde esta Brigada se hizo transporte de personal y
equipamiento.
La participación de represores de
la Fuerza Aérea en el genocidio de la última dictadura desplegado en el
conurbano oeste fue probada en los juicios orales de las causas conocidas como “Mansión
Seré” (2008), “Hospital Posadas” (2011), “Mansión Seré 2” (2015) y “RIBA” (2016). En la causa “Mansión Seré 2” se
estableció el coordinado funcionamiento entre ese CCD y los que funcionaron en la Primera
Brigada Aérea de El Palomar, la Séptima Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de
Castelar y la Comisaría de Haedo. Además se dio por probado que la Fuerza Aérea creó una Fuerza de Tareas
a la que se le subordinaban medios de las Agrupaciones “Morón”, “El Palomar”,
“Mariano Moreno” y “GIVA”.
En el juicio por los crímenes
cometidos en el Hospital Posadas el represor Hipólito Rafael Mariani reconoció que a los fines
de la “lucha contra la subversión”, los dos jefes del Estado Mayor del Ejército,
en ese momento el General Viola y el Brigadier Graffigna, llegaron a un acuerdo
cediendo la zona en cuestión a la Fuerza Aérea y agregó que “la zona que estaba
a mi cargo era muy grande y el máximo responsable de ahí era el Jefe de la
Fuerza de Tareas 100 que era yo. Mi jefe inmediato era el titular del CAMI, era
el Brigadier Mayor Osses. La Primera Brigada Aérea de El Palomar era una unidad
de la Fuerza Aérea. Yo tenía tres roles, era el Jefe de la Fuerza de Tareas
100, el Jefe de Guarnición y el Jefe de la Primera Brigada Aérea de El Palomar.
El personal que hay de inteligencia en el FT 100 es para evaluar al personal”. Mariani,
fue jefe de la Primer Brigada Aérea del Palomar desde el 16 de diciembre de
1976 al 17 de diciembre de 1977 y, en tal carácter detentó la jefatura de la
Fuerza de Tareas 100 (FT100) y el Comando de la Subzona 16. De su legajo también
surge que le fueron asignados bajo el rubro “tareas y funciones adicionales -
comisiones y/o trabajos especiales” los cargos de Jefe de Guarnición Aérea y
Presidente del Comité de Prevención. En la acusación fiscal se interpreta que “esta
descentralización, lejos de ser una mera división administrativa del espacio
terrestre, importó la concreta distribución dentro del aparato ilegal organizado
de cuotas concretas de poder para, básicamente, dominar el territorio y su
población, claro está, con el también premeditado fin de ejecutar el plan sistemático
de represión”.
En esa
causa, donde se condenó a Mariani a 8 años de prisión, a Reinaldo Bignone a 15
años y al represor civil Luis Muiña a 13 años, la justicia probó que hubo
detenidos llevados hasta la
Primera Brigada Aérea de El Palomar, como el caso de Gladis Evarista Cuervo, enfermera de Traumatología
del Posadas, secuestrada el día 25 de noviembre de 1976, llevada al centro
clandestino de detención que funcionaba en el chalet del hospital y tras 14 días de tormentos fue trasladada a
una construcción precaria ubicada dentro de la Primer Brigada Aérea de El
Palomar, donde permaneció 58 días en una “tapera” y fue liberada el 22 de enero
de 1977.
Recordemos que en la audiencia 14 de este debate la
testigo Zoraida Martin, sobreviviente de 3 CCD de la zona oeste y hermana de Adriana Martín, ex
detenida de la Brigada de San Justo y caso en este juicio, relató su secuestro en
Godoy Cruz, Mendoza, en enero de 1977, desde donde fue traída en avión desde El
Plumerillo a la Base Aérea del Palomar, luego a la 3ra de Castelar, donde pudo
saber que estaba su hermana, y finalmente a Mansión Seré. La casa de la familia
en Villa Udaondo sufrió 13 allanamientos: con
ello vivieron los secuestros y torturas de las dos hijas, del padre Manuel y
secuelas en los hermanos Sergio y Gustavo. De hecho tanto Zoraida como Adriana
afirmaron que posterior a su liberación vivieron vigiladas bajo órbita de la Fuerza
Aérea. Sobre el lugar en que fue liberada, un basural de relleno de
Bancalari, agregó que era habitual que allí aparecieran cuerpos de personas
secuestradas, que ahí se fraguaban enfrentamientos y que hace algunos años pudo
reconocer el lugar con el Equipo Argentino de Antropología Forense. Lo
describió como un triángulo operacional entre el Batallón 601 del Ejército, la
Fuerza Aérea y la Regional de Inteligencia de la Policía bonaerense (RIBA). Sobre
la coordinación represiva en la zona Zoraida recordó la existencia de la denominada “Orden Provincia 2/76”, del Comando de Operaciones Aéreas, que implicó el accionar autónomo de
la Fuerza Aérea como mando operacional para el exterminio en la zona oeste.
Si
tras mucho esfuerzo la Primera Brigada Aérea de El Palomar pudo ser señalizada
como centro clandestino de detención, con el habitual desparpajo y paso de
elefante que lo caracteriza, desde fines de 2017 el macrismo aceleró el proceso
de incorporación de las aerolíneas de bajo costo al mercado de vuelos locales y
cedió las instalaciones para operaciones comerciales
en un aeropuerto trucho. La iniciativa fue rechazada por vecinos de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero por el impacto
ambiental que genera y por organismos de Derechos Humanos que pidieron una medida cautelar ordenando la clausura de las obras porque destruyen un
sitio de memoria. Claramente por otros motivos, la avanzada del ministro
de Transporte Guillermo Dietrich también recibió el rechazo de
un sector de la familia castrense, que dijo recibir con esto “un golpe más a la identidad de la Fuerza Aérea Argentina”. La
discusión llegó a la justicia y hasta la Corte Suprema intervino por el
funcionamiento del lugar sin la
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
El
segundo y último testimonio de la jornada fue el de JOSEFINA BENÍTEZ, hermana de la referente barrial del Complejo
Habitacional 17 de Ciudad Evita-La Tablada, que como ella sufrió secuestro y
torturas en la última dictadura.
La
testigo contó que su familia es oriunda de Misiones y que eran 10 hermanos. En
1976 ella tenía 27 años, vivía en Misiones y estudiaba para docente, cuando le
avisaron a la familia que su hermana Cirila había sido secuestrada en la
Provincia de Buenos Aires. Cirila era presidenta de la Comisión de madres de la
Junta Vecinal del Complejo habitacional 17. Junto a su esposo Aureliano Araujo
fueron los principales impulsores de esa experiencia de organización barrial en
La Matanza que fue especialmente perseguida por el Terrorismo de Estado de la
última dictadura. La madrugada del mismísimo 24 de marzo de 1976 llegó un
operativo a su casa del Complejo y un grupo de hombres de civil y armados entró
violentamente, revisando todo y preguntando por su esposo. A Cirila la
tabicaron y le ataron las manos, junto a sus cuñadas Olga y Teresa Araujo y un
muchacho del barrio, los pusieron en una camioneta y tras un viaje muy corto
las llevaron al Regimiento 3 de La Tablada, ubicado en frente al complejo.
Ante
esa situación Josefina vino a Buenos Aires con su madre para hacerse cargo de
los 3 hijos de Cirila y del cuidado de su casa. Sólo con el apoyo de los
vecinos del barrio comenzaron la búsqueda de Cirila. Sin embargo al tiempo
Josefina tuvo que comenzar a viajar A Misiones para no perder sus estudios. En
uno de esos viajes, que realizaba con una amiga que tenía auto y cuyo esposo
era sub alferez de Gendarmería, su compañera le dijo que una persona había
preguntado por ella. La venían siguiendo y finalmente en noviembre del ’76,
mientras estaba en su trabajo como enfermera en el Hospital de El Dorado aparecieron
3 personas de civil a las 3 de la mañana y le dijeron que los lleve a su casa.
La llevaron en un Unimog de Gendarmería hasta su departamento, que alquilaba
con una amiga. “Me alegré porque pensé que iba a haber novedades de mi
hermana”, reconoció la testigo. Lejos de ello la patota le revolvió el
departamento hasta que encontraron una carta de Cirila desde la cárcel de Olmos
y un libro del Che Guevara. “Abríguese, nos va a tener que acompañar” le
dijeron. La llevaron a una dependencia de Gendarmería donde estuvo horas
esperando en un pasillo. Mientras comenzaron a llegar como demorados sus compañeros
de trabajo del hospital. Tras todo el día de espera, a las 3 de la mañana del
otro día la llevaron a interrogarla por su hermana y su cuñado Aureliano
Araujo. Ella les contestaba que su hermana trabajaba en casas de familia y en
los ratos libres gestionaba un dispensario en el barrio. Así la tuvieron 30
días en la sede de Gendarmería con interrogatorios diarios, y donde hasta
sufrió un intento de violación de parte de un gendarme. Tras liberarla le dijeron
que se fuera, que no volviera más a Buenos Aires y le cursaron una curiosa
“constancia para el trabajo” cuyo original la sobreviviente presentó ante el
tribunal.
Pese
a lo vivido Josefina no podía irse porque estaba al cuidado de sus 3 sobrinos,
trabajaba de noche como enfermera y además visitaba a su hermana en los penales
de Olmos y Devoto, le llevaba comida y lo que necesitara. En esas visitas
conoció a otros familiares de presos políticos y con ellos gestionó la salida
del país de su hermana.
Josefina
contó que todo ese período se vivió con mucho miedo por no poder hablar de lo
que sucedía en el trabajo y tampoco poder relacionarse con el resto de la
familia para no involucrarlos.
En
la audiencia 24 de este juicio dio su testimonio Cirila Benítez como sobreviviente de 5 Centros
Clandestinos de Detención: Regimiento 3 de La Tablada, “Puente 12”,
Subcomisaría de Laferrere, “Pozo de Banfield” y Comisaría de Monte Grande.
Relató las torturas sufridas en esos lugares y que tras varios meses de
cautiverio como desaparecida la pasaron a disposición del Poder Ejecutivo, la
alojaron en las cárceles de Olmos, Devoto, Coordinación Federal, Ezeiza y la
liberaron en 1978 con su salida del país a Holanda. Desde el exterior tomó
conocimiento de la misa que se realizó en marzo del ’78 en la catedral de San
justo para pedir por su liberación y contra su expulsión de país. En esa
instancia fueron detenidos nuevamente sus familiares Teresa y Olga Araujo, el
primo de Olga, Estanislao Araujo, su concuñado Abel De León y otra decena de
militantes y colaboradores del barrio que fueron todos llevados a la Brigada de
San Justo.
Josefina
agregó que cuando su hermana salió a Holanda ella se quedó un tiempo más con
sus sobrinos y luego se los sacó del país para que se encontraran con su madre,
que volvió al país 15 años después de los hechos. Josefina siguió trabajando
como enfermera para el municipio de La Matanza en Villa Palito hasta que se
jubiló. “Nunca entendí por qué persiguieron tanto a mi hermana y mi cuñado, si
se dedicaron a ayudar a los más necesitados” afirmó la testigo, casi
respondiendo en la misma pregunta, y cerró diciendo “si quisieron destruir a la
familia lo lograron, porque nos alejamos mucho entre nosotros y ninguno es más
el que era antes de que esto pasara”.
En
su testimonio en este juicio Cirila
contó que la tarea social que desarrollaba en el Complejo 17 se basaba en la
creación de una Junta Vecinal, que presidía su esposo, y la instalación de una
sala sanitaria desde la que ella coordinaba la vacunación de los niños con la
colaboración de los médicos Norberto Liwski, Francisco García Fernández Jorge
Heuman, Raúl Petruch y otros. Como se sabe se encuentra agregado a la causa un
informe con base en material de la Dirección de Inteligencia de la bonaerense
(DIPPBA) que detalla que la Delegación de Inteligencia n° 1 de Morón-San Justo
venía haciendo tareas de inteligencia sobre Cirila y otras personas activistas
del barrio por lo menos desde enero de 1976. Allí los represores realizaban una
semblanza completa de Cirila y la sindicaban como organizadora de la ocupación
en el barrio y como militante del PCR. En base a ese informe se desató luego la
cacería, que como detalló Josefina llegó hasta la provincia de Misiones.
La próxima audiencia será el miércoles 5
DE JUNIO desde las 11 hs. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los
Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.
