El 13 de agosto comenzó en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Justo. El debate incluye imputaciones a 19 represores por 84 casos, 31 de los cuales corresponde a personas detenidas-desaparecidas. LAS AUDIENCIAS SON LOS MIÉRCOLES DESDE LAS 10 AM EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA PLATA, CALLE 8 Y 50. (Se extenderá hasta 2019).

viernes, 28 de septiembre de 2018

19 DE SEPTIEMBRE: QUINTA AUDIENCIA

LA SOLIDARIDAD “TABICADA”

Tres sobrevivientes de la Brigada y la hija de uno de ellos dieron con sus testimonios continuidad al debate. Tres historias de trabajadores sociales y comunitarios que sufrieron la represión del Terrorismo de Estado por desarrollar lazos de solidaridad en la base social.

Por HIJOS La Plata



El inicio de la audiencia tuvo como protagonista a Norberto Ignacio Liwski, sobreviviente de San Justo, querellante, médico, fundador del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), y una de las personas que más luchó para que esta causa llegue a la instancia de juicio oral.
Liwski comenzó narrando que para abril de 1978 estaba viviendo con su familia transitoriamente en un departamento de la zona de Parque Rivadavia, en Capital Federal, ya que había sido despojado el día del golpe de estado de un departamento preadjudicado en el Complejo 17 de Octubre de Ruta 4 y Avenida Crovara, en La Matanza. La decisión de vivir en el conurbano tenía que ver con su involucramiento en la experiencia de organización barrial que se había dado en aquella zona, ya que además de trabajar en los hospitales de Morón y Merlo aportaba en La Matanza como voluntario en una pequeña sala de atención de salud. Par el testigo “ese ejemplo de organización comunitaria desafiaba el orden social que querían imponer los genocidas”
La noche del 5 de abril del ’78 Liwski volvía a su casa en colectivo de atender a un paciente, y cuando intentó abrir la puerta sintió que empujan desde adentro e intentaban detenerlo. En el forcejeo vio a un grupo de personas armadas y vestidas de civil y comenzó a gritar que estaba siendo secuestrado. Entonces uno de los represores le disparó a corta distancia y le produjo 4 heridas en los muslos de ambas piernas. Entonces fue “tabicado” con un pedazo de tela de una manta de su hija y arrastrado hasta la planta baja. Ya en el hall de entrada pudo ver las luces rojas intermitentes de un patrullero en la calle, mientras desde afuera gritaban “¡Bajen las armas!”. Los represores respondieron desde dentro que tenían “zona liberada” y el patrullero se retiró del lugar en unos minutos. Entonces fue subido al piso de un Ford Falcon que enfiló por avenida Rivadavia hacia el oeste, mientras los captores iban abriéndose paso con las armas largas por la ventanilla y uno le dijo “Estás agujereado, no intentes nada”. Desde ese mismo momento relacionó su secuestro con lo ocurrido una semana antes a la salida de una misa en San Justo en reclamo por la libertad de la dirigente barrial Cirila Benitez, donde toda la junta vecinal y sus colaboradores fueron secuestrados. Como conocía perfectamente la zona supo que lo llevaban a San Justo pasando por Ramos Mejía. Al llegar a un ingreso de auto el vehículo dio un sobresalto, pasó un portón y entró a un garaje de pedregullo, que ha sido narrado en este juicio por otros sobrevivientes como el ingreso a la Brigada de San Justo. Allí lo bajan tomado de las extremidades, ya que no podía caminar por las heridas en las piernas, lo ingresan a una sala y lo ponen en una mesa metálica ancha. Entonces sucede el primer hecho que le llama la atención: una persona le dice que es médico y le va a hablar de colega a colega, le pide que colabore porque estaba mal herido. “Me dio asco que un médico formado para curar me dijera eso en una mesa de tortura” dijo el testigo, “y lo escupí”. Entonces otro represor que se presentó como “El Coronel” le dijo que sabían todo de él, que “se acabó el padrecito de los pobres” y que “lo vamos a torturar para que sepa cómo responde esta dictadura”. Entonces lo ponen en conocimiento de que allí también estaba secuestrado su colega y amigo, el médico Francisco García Fernández. Luego lo torturaron toda la noche hasta la madrugada y lo colocaron inconsciente en una celda colgando de unos ganchos a la pared. En posterior inspección ocular como parte de esta causa Liwski reconoció las distintas salas de la Brigada. También pudo ir reconstruyendo que el médico torturador era Jorge Héctor Vidal, y el represor que comandó su secuestro y luego dirigió la tortura fue el comisario José Antonio Raffo (alias “Tiburón”), que pese a sufrir proceso en la causa 44/86 murió impune en vigencia de las leyes de impunidad.  
En la sala de tortura Raffo ordenaba “pasenlé en directa”, por los 220 volts, lo que Liwski definió como una “brutalidad sin límites”: sufrió el depellejamiento de los pies, el arrancamiento de las uñas y el clavado de elementos punzantes. Luego de esto se dio un segundo episodio con Vidal, donde el médico genocida le explicaba técnicamente al represor Rubén Boan (alias “Víbora”) los efectos físicos de la picana, los límites y su mejor empleo para quebrar la resistencia del detenido. Vidal llegó a recomendar que se puede torturar a una persona desde los 25 kg de peso, con lo cual Boan amenazó a Liwski de que “la próxima lo torturamos con su hija al lado”.
El testigo narró que en otra oportunidad el represor que le había disparado cuando lo secuestraron, al que identificó como Ricardo García (alias “Buggi” o “Rubio”), ingresó a la celda en que estaba con García Fernández y quiso obligar a éste a que ahorcara a Liwski con una soga mientras le ponía una pistola en la cabeza. Como el detenido se negó ambos fueron molidos a palos. Además a mediados de abril del ‘78 lo juntaron con su esposa Hilda Ereñú, que había sido detenida el mismo día que él, a la que vio muy desmejorada por la tortura pero que ese día fue liberada.

Dijo además que en otra ocasión sufrió la visita de un integrante de inteligencia del Ejército que le dijo “soy G2, nosotros no torturamos, tenemos otros métodos” y se presentó como “capitán Gabriel Fernández”. Ese personaje le dijo “Ud está desaparecido, no está ni vivo ni muerto, está en un pozo de la tierra donde solo llegamos nosotros. El único juez es Videla, él decide la vida y la muerte”. Por si fuera poco también experimentó la visita de personal jerárquico al que los represores llamaban “1-1”, que llegó en un helicóptero que sobrevoló la zona y que se vivió con ansiedad porque en esa jornada el plantel de la Brigada ordenó y limpió especialmente las instalaciones.
Sobre el represor Vidal agregó que actuaba siempre a cara descubierta, con la chaqueta blanca, y que una vez lo diagnosticó una tifoidea, le firmó una receta y le prescribió medicación discontinuada, lo que se parecía más a una práctica de la tortura que a la mala praxis. Dijo que cuando recuperó la libertad lo denunció ante el Colegio Médico, pero en ese ámbito también tuvo que defenderse de las presiones de los represores para que le quitaran su título. El testigo rememoró que Vidal estuvo involucrado en las apropiaciones de María José Lavalle Lemos, Victoria Moyano Artigas y Paula Logares Grinspon. Con los años Liwski se vinculó a Abuelas por pedido de Chicha Mariani y en los ‘80 coordinó el equipo técnico de búsqueda de niños apropiados por los represores. El médico rememoró también el paso de otros detenidos de los que supo o con los que habló en San Justo. En la celda chica presenció la llegada de Claudio Logares al calabozo contiguo y al buzón de enfrente de Mónica Grinspon. En la celda grande recordó que estuvieron Aureliano Araujo, Abel De León, Jorge Heuman, Raúl Petruch, Adolfo Rafael Chamorro y Juan González, estos dos últimos venían del “Pozo de Banfield”. El 1 de junio del ’78 fueron trasladados en grupo en una camioneta por la ruta 21 a la Comisaría de Gregorio de Laferrere, donde dijo que era “clarísima la autoridad de los mismo represores que actuaban en San Justo”. Además afirmó que en Laferrere “no hubo cambio de situación, sólo de lugar” y xxx
Allí supo de la llegada de Amalia Marrón, Claudia Kohn y Graciela Gribo
En julio del ’78 un decreto lo puso a disposición del Poder Ejecutivo, sufrió un Consejo de Guerra en el Regimiento de Palermo, pasó por Devoto y la Unidad 9 de La Plata y recién recuperó su libertad en marzo de 1982.
Para redondear una exposición de 3 horas el testigo analizó que “la represión buscó dañar todo el tejido social organizado y crear el terror. Este juicio tiene un valor por las condenas, para las víctimas también tiene un valor reparatorio, pero ese valor se traslada a el pueblo todo de San Justo y de La Matanza”. Quedó sobrevolando la frase que el represor Raffo le dijo cuando lo sacaron de la Brigada de San Justo y mientras lo señalaba en la sien: “Cuando salgas nunca vas a decir dónde estuviste porque te pego un tiro acá”. Liwski pensó que la próxima vez que se encontrarían sería frente a un juez con el represor como imputado.


A continuación Julieta Liwski, una de las hijas de Norberto, completó el testimonio de su padre con un desarrollo de las consecuencias que la represión tuvo para su generación. En principio se definió como “testigo, hija y víctima, ya que la dictadura también dejó una huella en mi hermana y en mí”. Julieta tenía 4 años al momento de los hechos y recuerda que vivían en el Complejo 17 de Octubre “de manera precaria, pero con los ideales de justicia y libertad con que nos formamos como familia”. Contó que su memoria como persona empezó a partir de las visitas a su padre preso en las cárceles de la dictadura. Contó unas 250 visitas entre los 4 y los 7 años y dijo que “mi infancia fue sellada por mantener un gran secreto: tener a un padre desaparecido y luego preso por defender sus ideales y apoyar a los más pobres”. Relató además que en ese mundo de viajes a la cárcel, esperas y requisas, aprendió el lenguaje carcelario y que con su hermana jugaban a escribir habeas corpus y solicitadas. Julieta, que mientras duró el cautiverio de sus padres se crió con su hermana en la casa de su abuela, quien también sufrió un allanamiento y torturas, dijo que vivían “con el temor constante de que volvieran a buscarnos a nosotras”.
Julieta se dedicó al arte, es titiritera y afirmó que el hecho de que hoy trabaje en lugares de encierro como cárceles e institutos de menores tiene mucho que ver con lo que le sucedió siendo niña. “Hay algo de familia, y siento que son lugares que me pertenecen. Yo creo que el juego fue una herramienta sanadora contra tanta tristeza”, sentenció.
También recordó que cuando estaban los festejos del mundial ’78 “en casa no había nada que festejar. Para nosotras el mundo se dividía entre los que sabían de la represión y los que no, o entre los que podían pensar un poco más allá de las cosas que pasan y los que no. Hoy sigue siendo así”, finalizó.



Luego fue el turno de la sobreviviente María Amalia Marrón, que brindó un testimonio muy completo que constata tanto el paso de una veintena de detenidos ilegales por la Brigada de San Justo como la identidad de algunos represores del plantel de este CCD.
La testigo comenzó mencionando los orígenes del Complejo Habitacional 17 de Octubre, o barrio General Güemes, un emprendimiento de los vecinos organizados con el Instituto de la vivienda que los vecinos habían ido ocupando ante la tardanza en la conclusión de la obra. Contó que con un grupo de compañeras de la Facultad comenzaron a mediados del ’75 a realizar salidas al barrio para aplicar su formación de docente en la educación popular, con un fuerte impulso por conocer qué pasaba con la infancia en este lugar. Dijo que para ese entonces, si bien ya era complejo organizarse porque despuntaba la represión, estaba la Junta Vecinal donde se gestionaba colectivamente las problemáticas sociales. Destacó la participación de las mujeres y madres del barrio en la Junta y la figura de la presidenta de la Comisión de madres, Cirila Benítez. Contó que las madres organizaron una guardería con atención médica, apoyo escolar, deportes y recreación, y que ella quedó a cargo del espacio. Amalia conoció en esta experiencia al doctor Liwski y su esposa, y al doctor Jorge Heuman, con quien luego se casaría. Ya ocurrido el golpe de estado de marzo del ’76, las actividades de la Junta Vecinal continuaron pese a que hubo varios integrantes secuestrados, como la propia Cirila, u otros que se mudaron de barrio por la persecución.
Precisamente fue el 26 de marzo del ’78 en una misa en la Catedral de San Justo, donde se pedía por la libertad de Cirila, cuando la represión volvió a golpear a los militantes barriales. A la salida de la actividad fueron embocados por un grupo de tareas que secuestró a varios vecinos en distintos autos. Amalia fue arrastrada con Olga Araujo al asiento trasero de un vehículo con la cabeza baja y uno de los captores apuntando un arma. Tras un recorrido corto entraron a un garaje de piso pedregoso, elemento coincidente con otros testigos respecto al patio de entrada de la Brigada. Amalia fue desnudada, tabicada con un elemento de cuero y sufrió torturas con picana eléctrica y quemaduras de cigarrillo. Después de la tortura Amalia fue revisada por un represor al que llamaban “El Tordo”, que aconsejó que se podía continuar con los tormentos. Ese personaje era el médico policial Jorge Héctor Vidal, quien visitó varias veces a Amalia y a otros detenidos en total libertad de acción, vestido con chaqueta blanca con su nombre en la solapa. De hecho en un momento en que necesitó antibióticos, el propio Vidal en persona le firmó una receta.
En esa situación pudo ir reconociendo algunos de los apodos de los represores como “Tiburón”, “Víbora”, “Rubio”, “Eléctrico”, “Araña” y “Lagarto”. En principio Amalia compartió cautiverio con Raúl Petruch y Jorge Heuman, ambos médicos del Complejo 17 de Octubre. Luego supo que Liwski estaba en una celda contigua. Contó que los detenidos sufrían todo el tiempo amedrentamientos, en un ambiente donde siempre estaba la luz y una radio encendidas.
En un momento el tal “Víbora” (Rubén Boan), que había estado a cargo del operativo de su secuestro, entró a la celda con una máquina de escribir y le tomó unos datos que posteriormente se usaron en un Consejo de Guerra que le realizaron en el Regimiento I. Otro día, cuando estaba en una celda con Elisa Moreno y Olga Araujo, las pusieron a recibir la comida y dividirla en porciones, lo cual aprovecharon para contabilizar a los detenidos. Para un momento que pudo determinar como junio del año ’78, la llevaron a las oficinas de la planta alta y allí “El Rubio” (Ricardo García) le realizó un interrogatorio, le mostró sus pertenencias y le dijo “¡qué raro alguien como vos, hacerse arruinar por una paraguaya de mierda!”, en clara alusión a Cirila Benítez. Amalia mencionó que supo del paso por la Brigada de Estanislao Araujo, Ismael Zarza, Alfredo Manfredi, Rodolfo Barberán, Carlos Prieto, Abel De León, Luis Tarquini, Miguel Berenstein, Hilda Ereñú y Francisco García Fernández, entre otros detenidos. También pudo saber del traslado conjunto de 8 o 10 varones de la Brigada a destino desconocido. Luego Amalia fue trasladada con Elisa Moreno a la Comisaría de Laferrere, donde volvió a encontrar a otros detenidos que venían de la Brigada, a Claudia Kohn y Graciela Gribo que venían del “Pozo de Banfield”. Así los familiares de otros detenidos, que los visitaban pese a estar en situación de desaparición forzada, pudieron avisar a su familia. Amalia también pudo registrar que la patota de la Brigada, entre ellos José Antonio Raffo (“Tiburón”) y García, realizaban los traslados a la Comisaría y tenían mando sobre el personal de la sede.
El 18 de junio del ’78 Amalia fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo, fue llevada a la cárcel de Devoto, vivió un fallido Consejo de Guerra y tuvo un régimen de libertad vigilada hasta marzo del año ’82 en que fue liberada.
La testigo afirmó que no fue fácil rearmar su vida por el rechazo social que sufrían los ex detenidos en la década del ’80, hasta que en el encuentro con otros ex detenidos pudieron ir reconstruyendo lo sucedido y compartir experiencias. Puesta a analizar todo lo que sufrió, la testigo dijo que la represión buscó dejar “un trauma permanente en la personalidad, en la instancia más vital de nuestra vida” y que los testimonios son importantes porque pueden “retratar momentos históricos que superan lo individual y están en la trama del cuerpo social que nos sostiene”.


Finalizando la jornada la ex detenida de San Justo María Dolores Serbia detalló su secuestro ocurrido la noche del 16 de marzo del ’76. Dolores tenía 34 años, vivía en Castelar con su madre y una tía, trabajaba en la Dirección de Adultos de La Matanza, parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia, y su tarea era gestionar ente las fábricas de la zona, como la Siam, Santa Rosa, Mercedes Benz y Chrysler, para que los obreros pudieran terminar los estudios. Esa tarea la convirtió en blanco de la represión. Aquella noche volvió a su casa y cuando ingresó se le tiró un tipo encima que la encapuchó mientras la interrogaba “¿De qué orga sos?”. Como los vecinos vieron algo raro llamaron a la policía, que cuando llegó negoció con los secuestradores, que a su vez decían entre ellos “¿Por qué no avisaron a la comisaría?”. El episodio, coincidente con el de toros testigos en el debate, confirma la determinación de las famosas “zonas liberadas” para que los grupos de tareas actúen. Superado el entredicho entre represores la suben al asiento trasero de un auto y escucha “Vamos a la estancia”. Entonces la llevan a un lugar en cuyo ingreso se cruzaba un pequeño puente de madera, donde se escuchaban ladridos de perros y el sobrevuelo de aviones, y la alojan en un box con el piso húmedo. Si bien la testigo no pudo determinar nunca qué era ese lugar, por los detalles supone que se trataba del CCD “Puente 12”, en autopista Ricchieri y Ruta 4 (Ciudad Evita, La Matanza). En este primer lugar sufrió interrogatorios con picana eléctrica y vejación sexual. Además recordó que le asignaron el nº 14 como detenida. Luego, el 21 de marzo, fue trasladada sola en una camioneta a la Brigada de San Justo. Confirmó que era este lugar por uno de los policías que le traía agua y la llevaba al baño. En este lugar diferenció lo que era la Comisaría de San Justo de la Brigada. Si bien aquí no la torturaron sufrió un interrogatorio de dos integrantes de investigaciones, y se enteró estando detenida del golpe de estado del 24 de marzo por las marchas militares que pasaban en la radio que sonaba constantemente. Compartió celda con dos activistas del Sindicato de Mecánicos (Smata) de San Justo, uno de ellos llamado Alejandro García. Luego la separan del resto y la ponen en “buzones”. Sufre otro intento de violación de parte de personal militar. Tras esto es llevada a una celda en la Comisaría, donde uno de los efectivos se comunica con su familia. Su hermano realizó gestiones y pudo confirmar que estaba allí detenida. Finalmente fue derivada a la cárcel de Olmos el 13 de abril del ’76, luego a Devoto hasta julio del ’77 y finalmente liberada desde la sede de Coordinación Federal de la Policía Federal en CABA. En Coordinación federal pudo ver una carpeta con su nombre donde se fabulaba: “Detenida por orden del Ejército Argentino. Se le secuestra armamento de guerra y material subversivo”.
Dolores contó que además de ella, todo su grupo de trabajo fue perseguido y la tarea social que realizaban desmantelada. Serbia es la primera detenida que fue ingresada a la Brigada de San Justo, siempre entre los casos que forman parte de este juicio, ya que hay pruebas de detenciones  y torturas de dirigentes tupamaros en ese mismo lugar durante marzo/abril del ‘75, bajo el gobierno peronista de María Estela Martínez y en el marco del Plan Cóndor.

La próxima audiencia será el miércoles 26 de septiembre desde las 10 am. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.

lunes, 24 de septiembre de 2018

05 DE SEPTIEMBRE: CUARTA AUDIENCIA

LA OTRA NOCHE DE LOS LÁPICES

Con los testimonios de tres familiares de desaparecidos y una sobreviviente continuó el debate por uno de los CCD centrales en el esquema del Terrorismo de Estado en el conurbano oeste en dictadura. Se reconstruyeron los operativos de secuestro y desaparición de un grupo de militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios zona oeste.

Por HIJOS La Plata



Los primeros en brindar su testimonio fueron Marcela y José Gabriel Fernández, hermanos de Juan Alejandro y Jorge Luis Fernández, ambos militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios de zona oeste, secuestrados y desaparecidos en septiembre de 1977 y con registro de su paso por San Justo hasta diciembre de ese año.
Marcela comenzó describiendo a su familia, conformada por los padres y 4 hermanos de los que ella es la menor. Su padre era trabajador de Fate y los crió en un ámbito de unión, estudio y de creencia católica. Juan Alejandro, de 17 años, era subdelegado de la UES zonal y Jorge Luis, de 16, activaba con él. Los hermanos estaban preparando la celebración estudiantil del 21 de septiembre, y toda esa armonía se quebró la noche del operativo en que empezó el calvario. Fue el 19 de septiembre de 1977 cuando un grupo de personas armadas irrumpió en la casa familiar de Castelar en el entonces partido de Morón, hoy Ituzaingó. De esos represores la testigo, que tenía 10 años al momento de los hechos, recuerda a uno en particular, robusto y moreno, que estaba de civil, con borceguíes y una escopeta itaka. Marcela realizó un reconocimiento de ese represor en un álbum de fotografías que se le exhibió en la instrucción de esta causa y repitió el procedimiento en el debate. La patota entró con violencia y preguntando por “Rulo Ramírez”, que en realidad era Enrique Rodríguez Ramírez (para sus compañeros “Pluma”) otro militante de la UES secuestrado esa noche y desaparecido. Acto seguido redujeron al hermano mayor, Juan Alejandro, y dijeron que se lo llevaban para identificación. Cuando su padre intercede para pedir acompañarlos no le dan tiempo y se llevan a su hermano. Su padre va a hacer la denuncia al destacamento más cercano, donde le negaron la detención, y al volver encuentra al grupo de tareas por el camino, que le dicen que ya le habían devuelto a su hijo: en realidad habían vuelto a la casa y se habían llevado al siguiente hermano, Jorge Luis.
Marcela recordó que al ser la menor compartía muchas cosas con sus hermanos, que la llevaban casi “como una mascota”. Describió las tareas sociales que realizaban sus hermanos en Villa Ángela, que incluían alfabetización, huerta y talleres de música, además de las reuniones políticas con los compañeros de la UES en casa de sus padres. Recordó que varios compañeros de militancia de sus hermanos, como Marcelo Moglie y Sonia Von Schmeling, fueron secuestrados en simultáneo, llevados a San Justo y desaparecidos.

Al momento de hablar de las consecuencias de la tragedia familiar, Marcela afirmó que sintió que perdió en parte a sus padres por tenerse que dedicar a la búsqueda de sus hermanos. Dijo que la familia tardó años en elaborar que los que quedaron también fueron víctimas del Terrorismo de Estado, y  se quejó de que “esperamos 41 años para mirar a los ojos a los que nos arruinaron la vida, y no están ni siquiera por TV”, en relación a los genocidas imputados que, por decisión del Tribunal 1, asisten al juicio por teleconferencia y muchos ya no se dejan ni ver en las pantallas.

A  su turno José Gabriel Fernández completó el relato de su hermana y agregó varios análisis importantes. En principio describió el acercamiento que tuvieron sus hermanos a las tareas sociales a partir de vincularse a grupos catequistas en Villa Udaondo, en espacios coordinados por sacerdotes referenciados con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Contó que en principio los hermanos iban todos al colegio Nuestra Señora de Lourdes en Udaondo, pero luego por diferencias con la gestión del instituto se mudan al San Francisco Solano del centro de Ituzaingó. Allí sus hermanos mayores desarrollaron tareas comunitarias entre el ‘73 y el ’75 y fueron parte del armado de la UES local. A fines de este último año se prohíben los Centros de Estudiantes, lo que generó una tensión en la familia con la militancia de Juan Alejandro, que ya era subdelegado de la UES. El testigo refirió también un antecedente represivo que sufrió su hermano mayor en septiembre/octubre del ’76: al salir de una reunión política del bar de la vuelta del colegio, un grupo de civil intenta secuestrarlo en un Falcon, hecho que se frustró porque un vecino disolvió el forcejeo disparando dos tiros al aire. Analizando elementos para comprender ese hecho y lo que sucedió luego, José Gabriel contó que la delegada de la UES local, Mabel Cuadrado, le contó que en aquellos años su padre era Personal Civil de Inteligencia en El Palomar, lo que determina por qué fueron señalados, perseguidos y secuestrados todo el grupo de militancia de la UES zona oeste. El testigo recordó que en el operativo de secuestro de sus hermanos actuó un Falcon blanco y una camioneta oscura, presumiblemente de Aeronáutica. De hecho, en lo que podría calificarse como “la otra Noche de los Lápices”, entre el 16 y el 29 de septiembre del ’77 fueron secuestrados los hermanos Fernández, Alejandro Aibar, Marcelo “Chelo” Moglie, Enrique “Pluma” Rodríguez Ramírez, Ricardo “Polenta” Pérez, Adriana Cristina Martín y Sonia Von Schmeling, entre otros.
A partir de esto, la familia se dedicó de lleno a la búsqueda. Su madre Inocencia González, más conocida como “Elsa” de Castelar, conoció en la lucha a Nora Cortiñas y se vinculó a Madres Plaza de Mayo. Su padre envió notas a la 7ma brigada aérea, a la base de El Palomar y a Campo de Mayo. Nunca recibió ningún dato, excepto por una respuesta del Coronel Raúl Galarza de Campo de Mayo, que lo citó al padre en enero del ’78 y admitió el plan represivo al afirmar que “los llevamos porque estaban en colegios subversivos”.Los primeros datos certeros los tuvieron a partir de una visita de Adriana Martín a la casa de los padres, que los contó que los hermanos habían pasado por Brigada de San Justo.
Así pudieron reconstruir que la noche del 19 de septiembre del ’77 secuestraron primero a su hermano Juan Alejandro, luego fueron a secuestrar a Moglie y volvieron por su hermano Jorge Luis. Como dato cruzado hoy saben que en casa de los Fernández los represores preguntaron por Ramírez, en casa de Aibar por Fernández, y así.
El testigo se tomó un momento para destacar que habiendo ellos depositado su confianza en la institución, la jerarquía de la iglesia no hizo nada por sus hermanos: su padre realizó una gestión con Monseñor Laguna, obispo de Morón, que nunca fue respondida. Además los pocos sacerdotes de base que acompañaron a la familia fueron perseguidos o trasladados. “Hoy creo en la justicia de los hombres, no en la justicia divina. No puedo ni ver a un cura, lo escupo” dijo tajante el testigo.
Por último José Gabriel, que tenía 14 años cuando se llevaron a sus hermanos, afirmó que “la justicia se nos ha negado por 41 años” y agregó “yo no tuve adolescencia, porque vivíamos en la búsqueda de los hermanos que nos faltaban”. También exigió, como muchos de los testigos vienen haciendo, que se transforme a la Brigada en espacio de memoria “para que en el centro urbano de San Justo toda la comunidad de La Matanza conozca lo que fue el Terrorismo de Estado”.
A continuación se escuchó el testimonio de Hermann Von Schmeling, que relató la tragedia vivida por toda su familia: la desaparición de su hermana Sonia, de 16 años, la de su padre, el empresario paraguayo de origen alemán, homónimo, y militante montonero, los secuestros y torturas sufridas por sus tíos y abuelos, y las consecuencias en su madre y sus hermanos.
Su padre era directivo de la empresa CADECA y sufrió un primer secuestro en octubre del ’76. Militaba en Montoneros y había organizado una red vecinal para conseguir los servicios de luz, cloacas y una sala de salud. Esa noche llegó un operativo a la casa familiar de Ituzaingó. Eran varios vehículos y personal uniformado que se presentó como “fuerzas conjuntas”.  Reducen al padre, roban pertenencias de la familia y hasta increpan al mayor de los hijos que tenía unos folletos de la embajada de China porque le habían encomendado un trabajo en el colegio y había juntado ese material: “¡Sos un comunista de mierda!” le dicen los represores. Ya en la Comisaría 3ra de Castelar torturan a su padre y se ensañaban especialmente por su apellido alemán, mientras le decían ¿”cómo estás con los zurdos y no odiás a los judíos?”. Tras un mes de cautiverio fue liberado.
Luego de ese episodio la familia se refugió con parientes en Formosa y Paraguay, mientras el padre compró una casa en Olivos. Alojados en la nueva casa, los 4 hermanos cambiaron de colegio. Pero Sonia, la mayor, no se adaptó y decidió volver al colegio Lourdes de La Matanza. Allí siguió su militancia en la UES zonal. Hasta que el 28 de septiembre del ’77 la secuestraron de la casa de Olivos. Antes habían ido a la casa de los abuelos maternos en Ituzaingó y les sacaron la dirección de la nueva casa familiar.
Después de esto Hermann relató que el 15 de noviembre del ’77, el día del cumpleaños de su hermana Ingrid, secuestraron a su padre con auto y todo cuando se dirigía al trabajo. En paralelo, el 16 de noviembre a la noche secuestran de su casa a sus abuelos maternos y a su tío, y del trabajo a su tía Irma, militante de la JP, el 17 de noviembre a la mañana. La perversión de los genocidas llevó a que, la madrugada del 17 de noviembre, mientras su abuela estaba tabicada y sufría torturas, llevaron a su padre junto a ella y pudo reconocerlo al escuchar su tos característica. Por el relato de Adriana Martín, a quien conocieron años después, supieron detalles del paso de su padre y su hermana por ese Centro Clandestino. El testigo afirmó que “a 41 años sé que mi padre y mi hermana fueron asesinados, y no tengo vergüenza de decir que en algún lugar de mi psiquis espero su regreso. Eso también lo hizo la dictadura”. Finalmente contó que en la década del ’80 pudieron terminar el emprendimiento trunco de su padre de la salita sanitaria en el barrio Villa Udaondo. Hoy es la Unidad Sanitaria municipal 17 de octubre, en Ituzaingó, coordinada por su hermana Heidi, quien nació en medio de la tragedia y sólo estuvo 20 días con su padre. “Es el símbolo de la resiliencia de mi madre y un homenaje a su esposo, a su hija y a los 30 mil”, concluyó.
La última testigo de una extensa jornada de más de 8 horas de audiencia fue Adriana Cristina Martín, sobreviviente de la Brigada de San Justo cuyo testimonio es central para determinar el paso de muchos detenidos por ese lugar. Con un relato desgarrador de las atrocidades vividas en el Centro Clandestino por todo el grupo de la UES, Adriana lo contrastó con los pequeños gestos de humanidad y resistencia que pudieron desplegar los militantes allí confinados.
La sobreviviente contó que fue secuestrada dos veces. Primero en diciembre del ’76, con 15 años fue llevada a la Comisaría 3ra de Castelar, estuvo dos meses en cautiverio, fue liberada y puesta en vigilancia bajo la órbita de la Fuerza Aérea. A partir de allí trató de seguir los estudios en la ENET nº1 de Moreno, siguió militando y fue electa presidenta del Centro del Estudiantes. Luego sufrió otro secuestro en el operativo que desplegaron en la casa de sus padres en Villa Udaondo el 29 de septiembre del ’77,  en presencia de su madre y sus hermanos Gustavo y Sergio. Su hermana mayor Zoraida, que se había refugiado en Mendoza, también fue detenida y llevada a la base de El Plumerillo y luego en avión a Mansión Seré hasta fines del ‘77.
Adriana fue llevada en el baúl de un auto a la Brigada de San Justo. Años después reconoció el lugar por el desnivel de la entrada y la disposición de las celdas, la sala de torturas y las oficinas del primer piso. Describió al detalle el régimen de picana y buzón que sufrió días enteros, y la prolija división de tareas de los represores, donde “los policías estaban a cargo de las celdas y la comida, y el Ejército a cargo de los operativos, las torturas y los asesinatos”. Estuvo 4 meses desaparecida y pudo reconocer a muchos detenidos en el cautiverio. Entre ellos a su padre Manuel, secuestrado un mes después que ella y liberado a fines del ’77. Su padre le transmitió que habían torturado hasta la muerte a Hermann Von Schmeling y ella misma pudo compartir los últimos momentos con vida de Rubén Cabral, compañero de su hermana y militante montonero apodado “Guli”. Adriana compartió celda con Sonia Von Schmeling, las hermanas Claudia y Roxana Kohn y María Graciela Gribo, además de ser testigo de que en Brigada estaba todo el grupo completo de militantes de la UES oeste.
La testigo afirmó que supo que estaba en la Brigada porque se lo dijeron los presos comunes y la cabo Teresa González, apropiadora de María José Lavalle Lemos, quien ya testimonió detalles del caso en este juicio. González hacía las guardias los fines de semana y en su presencia el régimen se aflojaba.
Adriana contó que cierto día la sacaron junto a Graciela Gribo y las mandaron coaccionadas a limpiar las oficinas del primer piso de la Brigada. “Fue humillante ser la servidumbre de los represores”, dijo. Sin embargo allí descubrió algo revelador. Detrás de un escritorio había un organigrama con nombres y flechas donde estaban todos sus compañeros de la UES zona oeste y distintos banderines: rojo para los asesinados, azul para los secuestrados y amarillo para los buscados.
Otro día, que ubica cerca del 28 de diciembre del ’77, vivió el calvario de presenciar el fusilamiento de sus compañeros. Los sacaron tabicados en grupo en distintos autos, tras un largo trayecto los bajan y escucha “¡arrodilláte!”, seguido de ráfagas de disparos a su lado. Luego corridas y gritos y la orden “¡súbanlos!”. A ella le gatillaron 3 o 4 veces en la cabeza y se desmayó. Luego despertó nuevamente en la celda de la Brigada.
Adriana fue liberada el 31 de enero del ’78, y ni bien salió fue a avisar a las familias de sus compañeros lo que había vivido. Siguió vigilada en la calle por largo tiempo por personal de civil que le decía “no hay 2 sin 3”.
Por último Adriana reivindicó su militancia en la UES y en Montoneros, pidió justicia por todos los compañeros que pasaron por la brigada de San Justo y dijo que “como sobreviviente repudio las prácticas negacionistas del gobierno nacional, porque los Derechos Humanos no son un ‘curro’, son el puente entre pasado y futuro”.


La próxima audiencia será el miércoles 19 de septiembre desde las 10 am. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.

miércoles, 5 de septiembre de 2018

29 DE AGOSTO: TERCERA AUDIENCIA

Tercera audiencia del juicio por la Brigada de San Justo

RELATOS DEL HORROR

Con la apertura de la ronda de testigos se escuchó a un sobreviviente que pasó por la Brigada, las hermanas Lavalle Lemos y la hija de un dirigente desaparecido-asesinado. Cuatro relatos que hicieron conocer parte del horror que produjo la represión en el oeste del conurbano bonaerense en dictadura.

Por HIJOS La Plata – Fotos Juan Cicale


El primero en dar su testimonio fue el sobreviviente Alberto Oscar Manfredi, integrante de la Junta Vecinal del Complejo habitacional 17 de octubre de La Tablada donde la represión se ensañó especialmente. Con una situación de salud delicada y en teleconferencia desde su casa, Manfredi contó que para el año 1978 trabajaba como fotógrafo independiente y que si bien había desarrollado una militancia en el PCR y había sido delegado en la fábrica metalúrgica La Cantábrica, la metalúrgica de Haedo que llegó a emplear 8.500 trabajadores, ya no tenía actividad gremial aunque sí social. De hecho habían desarrollado una importante tarea con la Junta Vecinal del Complejo, donde daban servicios de entrega de alimentos, jardín maternal y salita de primeros auxilios. Pero la experiencia vecinal también reclamó por los desaparecidos del barrio y la libertad de los presos políticos, entre ellos Cirila Benítez, presidenta del club de madres del Complejo. Hacía allí apuntó la represión y a la salida de una misa con aquellos reivindicaciones, el 26 de marzo del ‘78 Manfredi fue secuestrado junto a otros vecinos. Relató que había visto policías de civil dentro de la iglesia y que al salir vio que estaban rodeados. Lo subieron a un Falcon rojo con otra gente, dieron unas vueltas y los llevaron a la Brigada de San Justo. El testigo afirmó que reconoció el lugar posteriormente en una inspección ocular por la elevación que había en el portón de ingreso y otras características coincidentes como los gritos y ruidos con la regularidad de la escuela contigua al predio del centro clandestino. Relató que sufrió torturas e interrogatorios, escuchó cómo se torturaba a otras personas y que las sesiones de tormentos se realizaban fuera de horario escolar. Recordó “con las dudas de 40 años pasados” a uno de sus secuestradores con el apodo de “Víbora”, que no es otro que el cabo de la Brigada Rubén Alfredo Boan, y que en las torturas había un represor que controlaba que no se pasaran. Si bien estuvo siempre tabicado y encerrado en un calabozo ciego, Manfredi determinó que compartió cautiverio con Olga Araujo, Amalia Marrón, Jorge Heuman, Raúl Petruch y su novia Elisa Moreno, Rodolfo Barberán y otros integrantes del Complejo también secuestrados. Luego de 3 días de suplicios fue liberado cerca del Regimiento 3 de La Tablada: “Me quisieron usar de anzuelo para seguir secuestrando gente en el Complejo” dijo Manfredi, que agregó que tuvo que irse del barrio y que su vida a partir de ese momento fue de permanente refugio.

A continuación se escucharon los testimonios de las hermanas María y María José Lavalle Lemos, hijas de los militantes desaparecidos Gustavo Lavalle y Mónica Lemos y ellas mismas sobrevivientes del infierno del Terrorismo de Estado. María relató que sus padres se casaron y decidieron instalarse en José C Paz a fines de 1975. Su padre Gustavo había pasado por los Boy Scouts en Santos Lugares, allí conoció las tareas sociales y se acercó al peronismo hasta participar de Montoneros, donde lo apodaban “Fierrito”. Su madre Mónica era geóloga, había activado en el Centro de Estudiantes de la Universidad y trabajó en una textil de la que fue echada por su actividad gremial. Afirmó que para fines del ’75 ya no tenían militancia política. Además de criar a sus hijas, la pareja se dedicó a una importante tarea social en el barrio San Fernando de José C Paz, tanto así que Mónica era maestra de la escuela del barrio y su casa era conocida como “la casa de la seño”, un lugar de puertas abiertas. “Dejaron una marca muy profunda en los vecinos”, dijo María que contó que hace un tiempo se cambió a pedido de los vecinos el nombre de la calle 18 de octubre donde vivían sus padres a “Mónica y Gustavo”. Agregó que “esa era mi vida hasta la noche del 20 de julio del 77”. Esa madrugada fueron secuestrados los padres, María con 1 año y 3 meses y María José en un embarazo de 8 meses.
El operativo incluyó un camión del Ejército, tropa de fajina con pilotos claros. Fueron llevados a la Brigada De San Justo. Las primeras gestiones las realizó el abuelo paterno, con los correspondientes Habeas Corpus por todo el grupo familiar. Tras una semana, María fue devuelta a la familia de manera particular: una llamada telefónica anónima pide que atienda el abuelo paterno “si quiere volver a ver a su nieta” y le dan la dirección de unos vecinos de los abuelos maternos, que hacía poco se habían mudado a Haedo, lo cual denota el detallado seguimiento de la familia que habían realizado los genocidas.
María describió el estado de shock con que vivió ese tiempo, con miedos a objetos significativos como los uniformes policiales y las sirenas. “Era mi manera de manifestar lo que había vivido estando secuestrada con mis padres”, dijo.
La búsqueda de sus padres y su hermana la continuó la abuela materna, Haydé Vallino, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Por la información aportada por la ex detenida Liliana Zambano, pudieron reconstruir que  sus padres estuvieron en San Justo hasta septiembre del ’77, fueron llevados al Pozo de Banfield donde Mónica dio a luz a María José. De allí la pareja fue desaparecida y la bebé trasladada con horas de vida a la Brigada de San Justo, donde fue apropiada por la sargento de la bonaerense María Teresa González y su pareja Nelson Rubén. Tras la lucha de su abuela, Haydé, María José recuperó su identidad en 1987 y los apropiadores González y Rubén fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso.
María habló también de su tío Mario Alberto Lemos, que compartía un emprendimiento de trabajos en cuero con su padre y fue secuestrado el 4 de agosto del ’77 junto a unos amigos. Mario continúa desaparecido y los amigos fueron liberados. Por esas personas supo que también fue llevado a la Brigada de San Justo, que probablemente murió en la tortura y que al ingresarlos los represores comentaron que “con esto terminamos con la banda de ‘Fierrito’”.
Para finalizar María opinó sobre por el hecho inexplicable de que habiendo pasado toda la familia Lavalle Lemos por la Brigada de San Justo, sólo esté imputado por los 4 casos el represor Hidalgo Garzón, mientras que el grueso de los genocidas sólo recibió acusación por el caso de María. Para ella el desgüace de la causa “es otro daño que me hacen, porque otra vez me separan de mis padres, por lo que pido que se rectifique lo más pronto posible”.
En coincidencia con su hermana, María José relató la importancia del testimonio de la sobreviviente Liliana Zambano para reconstruir su nacimiento en el Pozo de Banfield: allí pudo hablar con Gustavo Lavalle, y él le contó que venían de San Justo y habían sufrido torturas. También saben que Gustavo supo del nacimiento de su hija María José en el CCD. También contó que uno de los sobrevivientes de San Justo secuestrado con su tío le dijo que algunos de los represores eran de “toxicomanía”. El término le quedó siempre grabado a María José, porque su apropiadora, Teresa González, era de esa repartición. La testigo definió a la sargento apropiadora como una persona muy violenta, que siempre alardeaba públicamente de lo que había hecho, se mudaba seguido para ocultar a la niña y hasta robaba bienes de los operativos que realizaban los represores de San Justo. Justamente por aquel alardeo de la apropiación es que siempre hubo información para rastrearla. En el año ’85 González fue detectada en Mar Del Plata por el juez de Morón Juan María Ramos Padilla y recién 2 años después María José fue restituida a su familia. La comunidad organizada para apropiarse de hijos de desaparecidos que existía en la Brigada de San Justo fue descripta con precisión por María José: González apropió a la hija de los Lavalle-Lemos, Oscar y Víctor Penna a la hija de los Moyano-Artigas y Rubén Lavallén a la hija de los Logares-Grinspon. El patrón se seguía inflexiblemente, ya que fueron todos matrimonios secuestrados en San Justo y luego llevados a Banfield. Además la testigo afirmó que el médico policial Jorge Héctor Vidal, que asistía las torturas y los partos clandestinos, era médico personal de la familia de su apropiadora. Al analizar el reencuentro con su familia y las secuelas que dejó la represión, María José sentenció “Son 10 años de mi vida que no me los devuelve nadie, encima criada con gente que dañó a mi familia”.

La última testigo fue Nancy Rizzo, hija del dirigente gremial José Rizzo, secuestrado y desaparecido en noviembre de 1976 y cuyos restos fueron identificado en 2009. Nancy se presentó con las cenizas de su padre en una urna de madera y dijo “No es morbo,  mi papá está acá presente”. Contó que ella es la mayor de 4 hermanos y que sus padres los criaron en una casa muy humilde en la calle Berón de Estrada de La Matanza. Su padre era obrero, delegado en la fábrica CEGELEC y pintaba transformadores con soplete: Lo recuerda como una persona muy solidaria y combativo en los reclamos laborales. Recuerda que muchos días que no iba a trabajar pensaban que estaba enfermo, pero en realidad estaba guardado porque había sido golpeado y amenazado por punteros de la patronal. Al momento del secuestro de su padre Nancy tenía 12 años. La noche del 17 de noviembre de 1976 estaba haciendo los deberes en su casa, mientras sus padres jugaban a las cartas con un vecino. EN verdad ese vecino, de apellido Rizzo Nelly, había sufrido un secuestro tiempo antes y cuando lo liberaron le dijeron “Nos equivocamos”. Buscaban al padre de Nancy. Aquella noche los represores rompieron las puertas de la casilla y, mientras reducían a todos los presentes pudieron ver que estaban de civil, con gorros y chalecos. Recuerda que ella se agarró de la pierna de su padre hasta que la golpearon, y cuando reaccionaron ya lo habían subido al baúl de un auto donde tenían a otras personas secuestradas. “Ese fue el último día en que fui Nancy. A partir de allí soy la hija de Rizzo”, afirmó. Nancy contó que la desaparición de su padre desarmó a la familia: su madre debió salir a trabajar y dejar a sus hijos con vecinos, tanto que “los hermanos nos encontrábamos para ir a la escuela”.
La esposa de Rizzo realizó la denuncia, siempre infructuosa, y luego se contactó con otros familiares de desaparecidos. Fue así que tiempo después el padre de los hermanos Solís, un colimba y un estudiante secuestrados y luego liberados, quien trajo la información de que sus hijos habían visto a Rizzo en la Brigada de Investigaciones de Lanús, CCD llamado “El Infierno” y ubicado en Avellaneda.
Luego, a través de los testimonios de Horacio Matoso y Nilda Eloy, ex detenidos de la Brigada de Lanús, supieron que su padre estuvo allí con vida hasta fines de diciembre del ‘76. Pudieron reconstruir además que todo el grupo de militancia de su padre, integrado por Ricardo Lafleur y su esposa, Ricardo Chidichimo y Héctor Galeano, todos sindicalistas de La Tablada, Villa Luzuriaga y Villa Constructora, habían sido secuestrados en serie y llevados primero a San Justo y luego a Avellaneda. Luego Rizzo fue asesinado y su cuerpo plantado a 15 cuadras de la casa de la familia con información fraguada de un supuesto enfrentamiento recordado periodísticamente como “El tiroteo de Aldo Bonzi”. Nancy contó además que todo el procedimiento en la Morgue policial de La Plata fue irregular, que los restos de su padre fueron exhumados en 1984 en el cementerio Villegas de San Justo, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2009 y recién entregado a la familia 1 año más tarde. Nuevamente la desidia judicial se impuso en el caso: en esta causa se juzga a 9 represores por el secuestro y tormentos a Rizzo, pero no por su homicidio, producido desde la Brigada de Avellaneda. “¿Me van a decir que esto no es un homicidio?”, preguntó Nancy a los jueces señalando la urna con los restos de su padre. “Yo esperé 42 años este momento. Uds van a decidir si creí en la justicia en vano o no. Quiero que me prometan que van a hacer justicia de verdad. No me defrauden”, sentenció. Mientras los doctores Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo esquivaban la mirada y se rascaban las orejas. También recordó que aunque está pedida la desafectación de la Brigada de San Justo como dependencia policial, sigue funcionando allí la Departamental de investigaciones. El testimonio de la compañera, integrante de HIJOS La Matanza, fue de lo más contundente que se escuchó en lo que va del debate, que continuará con más testimonios de familiares y víctimas sobrevivientes.

La próxima audiencia será el miércoles 5 de septiembre desde las 10 am. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.