El 13 de agosto comenzó en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Justo. El debate incluye imputaciones a 19 represores por 84 casos, 31 de los cuales corresponde a personas detenidas-desaparecidas. LAS AUDIENCIAS SON LOS MIÉRCOLES DESDE LAS 10 AM EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA PLATA, CALLE 8 Y 50. (Se extenderá hasta 2019).

miércoles, 30 de octubre de 2019

16 DE OCTUBRE: INSPECCIÓN OCULAR EN LA BRIGADA DE SAN JUSTO

Regreso al terror

Con la presencia de sobrevivientes y familiares se realizó la inspección ocular en la sede de la ex Brigada de Investigaciones de San Justo, actual DDI La Matanza. Tras constatar pasado y presente del lugar de este lugar de torturas, muerte y exterminio se impone en la sentencia de este debate la desafectación policial y preservación del lugar.

Por HIJOS La Plata


Por fuera el edificio de la calle Salta nº 2450 en pleno corazón de San Justo no debiera decir mucho. Una casa de dos plantas, en terreno de 15 metros de ancho,con revestimiento al frente de salpicré blanco, típicos detalles en  pintura azul de todas las taquerías, aberturas estrechas y marcos de mármol oscuro, coronados por el cartel de chapa de rigor con la leyenda “Policía de Investigaciones. Dirección Departamental La Matanza XVIII”, sumado a otro cartel en lona, más moderno, con estética de la gestión de María Eugenia Vidal y el infaltable logo de San Miguel Arcángel, patrono de la fuerza. Sin embargo su estampa exterior guarda el pasado de haber sido parte del genocidio como cada uno de los más de 240 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, en forma especial las sedes del área de Investigaciones de la policía bonaerense. Lo marcan aquí las placas con los nombres de los detenidos-desaparecidos colocada por la Mesa de la Memoria de La Matanza y otra de señalización del espacio como Centro Clandestino de Detención ubicada allí por el Estado. Y sucede que habiéndose escuchado en el debate oral los desgarradores testimonios de los sobrevivientes de este lugar de horror, cada tramo de este edificio se cobra una nueva significación. 


Varios de esos sobrevivientes estuvieron presentes en esta medida judicial, que no es la primera vez que se realiza. Para describir en primera persona lo aquí vivido los militantes políticos de los ´70 Adriana Martín, Norberto Liwski, Amalia Marrón, Roberto Lobo y Jorge Garra se dispusieron a poner el cuerpo aunque ello implicara afrontar el regreso al terror.
Visiblemente emocionados pero con la firmeza de una lucha de años también estuvieron presentes familiares de varios de los compañeros y compañeras desaparecidos que pasaron por la Brigada como José Rizzo, Alejandro y Jorge Luis Fernández, Hermany Sonia Von Schmeling, Luis Guerechit, Jorge “Chupete” De Iriarte, Jorge Congett, entre otros, que en conjunto con HIJOS La Matanza hicieron presente en todo momento la exigencia de la desafectación de la DDI del lugar y su destino a un Espacio de Memoria.

Los sobrevivientes encabezaron la comitiva compuesta por dos jueces del Tribunal 1,Alejandro Esmoris y Pablo Vega, sus secretarios, seguidos por el fiscal Agustín Vanella, los abogados de las querellas de Justicia Ya La Plata, el CoDeSeDH, laAPDH y otras. Se sumó una comitiva de Policía Federal que filmó la inspección completa y tomo registro de las medidas de los ambientes clave del espacio. Hasta se hicieron presentes dos defensores oficiales de algunos de los 18 represores juzgados en este debate, quizás para tener dimensión real de las tareas que realizaban sus defendidos hace 40 años. Todo ello coronado por la presencia incómoda del actual titular de la DDI y algún personal uniformado que jugaba un rol entre indicativo y de control.

Para iniciar el recorrido se inspeccionó el portón de ingreso de la dependencia,ubicado en el lateral izquierdo del frente del edificio. Allí los sobrevivientes Liwski y Martín afirmaron que no se trataba del portón original, pero que de todas formas se podía tener una idea de lo que los secuestrados percibían al ser ingresados tabicados al lugar: un cerramiento de metal que se abría y el salto que pegaba el vehículo en el que eran llevados por el desnivel de la entrada. Varios sobrevivientes describieron que en ese garaje de ingreso había un piso con pedregullo, hoy también inexistente, que resultaba definitorio al momento de determinar de qué lugar se trataba. Hoy en ese ingreso de vehículos reposan acopiados varios autos y motos producto de secuestros que ocupan buena parte del espacio de circulación. En este lugar comenzó el calvario de Jorge Garra, militante de la Federación Juvenil del Partido Comunista en Avellaneda, secuestrado en diciembre del ’77 con su mujer en la casa de sus suegros y ambos llevados a la Brigada. Garra testimonió en el juicio que ni bien ingresó lo recibieron en este garaje con un “loco”, es decir ponerlo en el centro de un grupo y marearlo a empujones, patadas y piñas. Luego lo llevaron a la sala de torturas y lo picanearon sobre un colchón mojado.

Siguiéndola recorrida hasta el fondo del garaje, la comitiva se detuvo en un patio interno de la dependencia. Allí los sobrevivientes indicaron la disposición del lugar hace 40 años, la existencia de un espacio grande donde los detenidos eran atados con ganchos a la pared, otro de celdas chicas en el fondo derecho del terreno y las modificaciones que había sufrido con el tiempo.

Finalizada la revisión de este lugar se dispuso subir al primer piso. Hasta aquí llegó el acompañamiento de Elsa Pavón, que con sus 82 años quiso estar presente como madre de Sofía Grinspon y suegra de Claudio Logares, ambos detenidos desaparecidos en el marco del Plan Cóndor que pasaron por la Brigada de San Justo, y también como abuela de Paula Eva Logares, apropiada desde la Brigada por el subcomisario Rubén Luis Lavallén.
Una escalera azulejada nos lleva a un nivel superior, donde se disponen distintas habitaciones medianas y una sala amplia, todas con un notable descuido en limpieza y conservación. En este nivel y el siguiente llaman la atención varias habitaciones con camas individuales, cuchetas, baño, cajas con mercadería y un clima de hotel de última categoría, lo que denota que el lugar ha sido y es usado como depósito, para alojamiento de personal de la DDI o vaya a saber qué otras actividades. Esta situación no hace más que ilustrar la necesidad urgente de preservar este lugar y hacer real la exigencia de las organizaciones de Derechos Humanos de La Matanza de desafectar a la bonaerense y sus prácticas y destinar el espacio a contar el genocidio.

Adriana Martín estuvo4 meses desaparecida en la Brigada, entre septiembre del ’77 y enero del ’78 y pudo reconocer a muchos detenidos en su cautiverio. En el debate contó que cierto día la sacaron junto a Graciela Gribo y las mandaron coaccionadas alimpiar las oficinas del primer piso. “Fue humillante ser la servidumbre de los represores”, dijo. Sin embargo allí descubrió algo revelador. Detrás de un escritorio había un organigrama con nombres y flechas donde estaban todos sus compañeros de la UES zona oeste y distintos banderines: rojo para los asesinados, azul para los secuestrados y amarillo para los buscados.

Concluida la visita al primer piso nos dirigimos nuevamente a la planta baja, a lo que se presenta como el peor lugar de la dependencia: las celdas y los buzones. Primero ingresaron los sobrevivientes con los jueces y los abogados y luego el resto del público. Lo primero que contrasta en el sitio es la pulcritud de la zona  administrativa, donde se ubican la mesa de entrada y las oficinas principales de la dependencia, con la característica lúgubre del fondo de ese sector. Un pasillo de paredes blancas conduce desde el garaje lateral a una puerta de hierro pintada de celeste, que al abrirse da paso a una entre sala que simula una cocina. Desde allí se divisa un ventanal de vidrio blindado con reja celeste y con la inscripción “Guardia de prevención”. Al acceder al siguiente módulo ya se percibe que es un lugar de confinamiento,donde un pasillo distribuye a la derecha los buzones, demarcados por otro portón metálico con la inscripción “pabellón de incomunicados”, y a la izquierda las celdas, zonas divididas por un patio enrejado de 2x2 metros con mínimo ingreso de luz al que un cartel oxidado designa casi irónicamente como “patio de recreo”. Los buzones, un oscuro cubículo de cemento de 1x2 metros con puerta ciega dehierro y una pequeña mirilla, estaban abiertos y se podía ingresar. La sensación de permanecer un minuto en ese espacio da una mínima muestra de lo que significa la deshumanización de estar allí encerrado. Las paredes grises como testigos de la reclusión, con restos de viejas revistas y diarios pegados con plasticola, e inscripciones de los detenidos de no tan larga data. Los sobrevivientes explicaron que los camastros de cemento en estos espacios no existían en los ’70y fueron construidos con posterioridad.

En el recorrido, en medio de un silencio crítico,los efectivos de la bonaerense se encargan de aclarar con timidez que algunos de los buzones son usados como depósito de mercadería. Sólo cortan el aire las voces de los peritos de la Federal que van midiendo con láser y anotando en una planilla las dimensiones de cada lugar. Hasta los 80 centímetros del pasillo de este sector generan ahogo: entra sólo una persona con los codos abiertos.
A la izquierda, aunque un poco más amplias, las celdas grupales no son menos tétricas. Algunas cerradas, con cajas y una bicicleta apilada, y otras abiertas al público donde se ve una letrina mugrienta en la penumbra con pérdidas de agua. En el grupo surge el comentario de que hasta hace unos meses en este lugar se alojaban detenidos, hecho nada sorprendente si se revisan los informes de la Comisión Provincial por la Memoria sobre las pavorosas condiciones de detención en comisarías de toda la provincia, en particular la habitualidad de las muertes por torturas o desatención de salud en lugares de encierro.
Adriana Martín describió a los jueces el régimen de picana y buzón que sufrió días enteros, y la prolija división de tareas de los represores. Señaló que hubo modificaciones incluso respecto a la inspección ocular que se realizó en este lugar en 2009. Norberto Liwski, que pasó 2 meses en el otoño del ’78, definió el régimen que se sobrevivía en este lugar como una “brutalidad sin límites”: sufrió el despellejamiento de los pies, el arrancamiento de las uñas y el clavado de elementos punzantes.

Jorge Garra, confiando aquí entre diciembre del ’77 y enero del ’78, dijo en el debate que estuvo alternadamente  en buzones y celda aislada, con duras sesiones de picana y “submarino”. Cuando lo pusieron en una celda individual a dos tabiques frente al baño, escuchó que había un revuelo en la dependencia porque había cambiado la jefatura de la Policía bonaerense de Ramón Camps a Ovidio Pablo Ricchieri y dedujo que por eso los sacarón de donde estaba por unas horas, por si había una inspección sin aviso. Roberto Lobo, confinado un mes y medio en la Brigada, sufrió todo tipo de tormentos, como picana, submarino seco, submarino en un balde de agua y hasta el clavado de alfileres debajo de las uñas. Rememoró que tenía una infección en la mano izquierda por las torturas y al no contar con otro elemento se curaban las heridas con orín. Amalia Marrón fue desnudada,tabicada con un elemento de cuero y sufrió torturas con picana eléctrica y quemaduras de cigarrillo. En esa situación pudo ir reconociendo algunos de los apodos de los represores como “Tordo”, “Tiburón”, “Víbora”, “Rubio”, “Eléctrico”, “Araña” y “Lagarto”. Compartió cautiverio con Raúl Petruch, su entonces esposo Jorge Heuman, y supo que Liwski estaba en una celda contigua.Contó en el juicio que los detenidos sufrían todo el tiempo amedrentamientos, en un ambiente donde siempre estaba la luz y una radio encendidas.

Al finalizar la recorrida y salir a la calle se descubría la sensación de que ninguno de los allí presentes salía igual después de haber visto lo que se vio. El relato de los sobrevivientes se confirmaba hasta al escuchar en la vereda el sonar del timbre del recreo en la escuela ubicada al lado de la Brigada, los juegos y gritos de los niños hoy como hace cuarenta años llevan un poco de humanidad al infierno que se vivía dentro del centro clandestino. Sin perder la iniciativa y en la cúspide de la emoción los compañeros de HIJOS La Matanza formaron una ronda y gritaron “¡Desafectación Ya!” y “¡30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes!”. Adriana Martín improvisó un discurso remarcando que ese fue un lugar de tortura, muerte y exterminio y que se lo debía desafectar para transformarlo en un espacio de Memoria para que todos los vecinos de La Matanza sepan de los crímenes allí cometidos.


La próxima audiencia será el miércoles 30 DE OCTUBRE desde las 11 hs. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.

sábado, 12 de octubre de 2019

02 DE OCTUBRE: TRIGESIMA SEXTA AUDIENCIA

NO, NADA, NADIE.

En una nueva audiencia se completaron las indagatorias de 3 de los genocidas imputados producto de la ampliación de la acusación por 9 homicidios y 5 casos de delitos sexuales. Tres versiones de la negación de los crímenes del Terror de Estado: el comisario Baume dice que en el ’77 y ’78 sólo realizó cursos, el genocida Hidalgo Garzón se remite al reglamento y el represor Fernández finge senilidad para intentar zafar de una nueva condena.

Por HIJOS La Plata


En la audiencia pasada ante el TOF 1 de La Plata se indagó a 15 de los 18 genocidas juzgados por los crímenes cometidos en uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes del conurbano oeste en dictadura.  Todos eligieron el silencio, menos el inefable comisario Miguel Etchecolatz que se despachó citando a un poeta franquista y pidió “leyes y jueces de Estado de guerra” para estos procesos. Esta vez  tocó el turno a los represores Leopoldo Luis Baume, Carlos Del Señor Hidalgo Garzón y Ricardo Armando Fernández, los dos últimos ubicados en el edificio de Comodoro Py al 2002 en CABA, y los tres excusados en la audiencia anterior por motivos de dudosa comprobación.
Recordemos que los 18 genocidas procesados en la causa llegaron a juicio con reproches sólo por delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos de las 84 víctimas que incluye el expediente, siendo que en ese CCD se asesinó, hubo familiares que también sufrieron secuestro y torturas y se ventilaron en las audiencias la comisión de graves delitos sexuales como parte del plan sistemático de exterminio que significó el genocidio.
Se comenzó con el comisario Leopoldo Luis Baume, segundo jefe de la Brigada de San Justo entre noviembre del ’77 y enero del ’79, hasta ahora acusado por 52 casos de secuestros y torturas y único represor de cuerpo presente en algunas audiencias porque cumple arresto domiciliario en su casa de calle 49 Nº 867- 1° piso- Depto A entre 12 y 13 de La Plata, esto es, porque está cerca. Se le leyó la ampliación de la acusación por 3 de los 7 militantes de la UES zona oeste fusilados el 28 de diciembre de 1977 desde la Brigada de San Justo, Sonia Von Schmeling, Enrique Ricardo Rodríguez y Luis Ángel García, así como las muertes tras la tortura de los militantes montoneros Herman Von Schmeling y Rubén Enrique Cabral y los delitos sexuales que sufrieron Norberto Ignacio Liwski, Abel De León, Adriana Chamorro, Olga Vicenta Araujo y Jorge Eduardo Heuman.
En principio se desconoce el criterio con el cual se le imputaron a Baume los secuestros de sólo 3 de los 7 estudiantes desaparecidos de la UES zona oeste, siendo que todos fueron secuestrados dos meses antes del comienzo de las funciones del represor en la Brigada, pero permanecieron y fueron fusilados juntos –cosa que el tribunal da pro probada- cuando el comisario ya estaba en funciones. Eterno imperativo de la fragmentación y el desgüace de las causas de lesa humanidad.
Al cedérsele la palabra Baume se despegó de las acusaciones y se reinventó un pasado. Dijo que para el año ’77 era comisario de una dependencia en Marcos Paz, y casi a fin de año lo trasladaron a la Brigada de San Justo. “Por primera vez en mi carrera me sentí incómodo, porque me rebajaban de cargo. Además yo era del área de Seguridad y no de Investigaciones.  El jefe era Penna, que me asignaba tareas. Dijo que iba a hacer tareas administrativas, porque lo operativo lo manejaba él con su gente. Así que yo nunca tuve tareas operativas”. Baume intentó así desprenderse de los secuestros realizados sobre un importante grupo de militantes políticos recluidos en la Brigada y descargó la responsabilidad en su jefe, no casualmente ya fallecido. Oscar Antonio Penna había asumido la titularidad de la Brigada de San Justo el 22 de septiembre del ’77 en reemplazo del comisario Roberto Bustos y como dependencia de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana, a  su vez a cargo de Juan Miguel Wolk. El día que asumió Penna había por lo menos 30 detenidos desaparecidos en la Brigada, entre ellos los matrimonios Lavalle-Lemos, Rodríguez-Futulis, los hermanos Moreno, los hermanos Corrales, Orlando Guerechit y el joven Alfredo Narciso Agüero. En 1978 Penna apropió a la hija del matrimonio Moyano-Santander, nacida en el Pozo de Banfield pero que venían de San Justo. Pena entregó a Victoria Moyano a su hermano Víctor y su cuñada María Elena Mouriño. V´citor murió cuando la niña tenía 1 año y Oscar se hizo cargo de la niña. “Nada menos que Oscar Penna, responsable del secuestro, torturas y desaparición de mis padres”, dijo Victoria en la sexta audiencia de este debate. Penna fue procesado y detenido por el juez Corazza en 2005, pero murió impune.
“Me asombran los hechos que se me imputan”, espetó Baume ante el Tribunal 1 platense “no he participado de nada y desconocía todo eso. En el año ’78 realicé un curso en la escuela de policía, luego un curso de conducción, voluntario y selectivo. El año ’79 lo pasé en La Plata, desvinculado de la actividad de la Brigada”. El represor no reparó en que los hechos por lo que se amplió la acusación son de entre septiembre y diciembre de 1977. Al verlo propenso a aceptar preguntas el juez Esmoris le requirió qué tareas administrativas realizaba en la Brigada y si hacía sumarios a detenidos.  Menos tranquilo Baume respondió “si realizaba sumarios, pero de hechos comunes, delitos contra la propiedad o contra las personas”. Lo que siguió fue una charla en picada para Baume:
Esmoris- ¿Usted tenía libertad de recorrer la dependencia?
Baume- Sí, pero en los hechos no era segundo jefe de la Brigada. Nadie podía impedirme recorrer, pero no lo hacía.
Esmoris- ¿Y qué horarios hacía?
Baume- Y… de día. No eran fijos. Yo vivía en Mercedes y viajaba.
Esmoris-¿Recuerda a algún personal de la Brigada con los apodos “Eléctrico” o “Víbora”? (torturadores).
Baume- Y... no era ajeno en el área de Investigaciones tener apodos. Pero no los recuerdo.
Esmoris- ¿Quiénes hacían tareas operativas?
Baume- Un subcomisario Aguirre, y otros que no recuerdo.
Esmoris- ¿Hubo alguna vez militares en la dependencia?
Baume- Sí, pero estaban en todos lados. Venían del área militar con asiento en Ciudadela. Era personal militar vestido de civil. Pero conmigo nunca hablaban.
Esmoris- ¿Supo de la existencia de detenidos ilegales en la Brigada?
Baume- Sólo 2 o 3 detenidos. Estaban sin trámite administrativo. Se decía que estaban a disposición del PEN. Pero estaban en condiciones comunes. Igual yo no lo controlaba eso.
A continuación Baume presentó los supuestos certificados de los supuestos cursos que realizó en los años ’77 que en su versión le habrían impedido estar de cuerpo presente ejerciendo el rol de subjefe de la dependencia. Entonces una intervención del fiscal Agustín Vanella desmoronó la coartada del represor, con una pregunta sobre antecedentes en juicios de lesa humanidad. A Baume no le quedó otra que reconocer “sí, tuve una condena por mi participación en la Subcomisaría de Villa Insuperable, que estaba tomada por los militares. Desde el año ’75 yo estaba ahí, pero no quiero hablar de eso….”. En marzo de este año Baume fue en persona a los tribunales porteños a escuchar la sentencia en la causa por el CCD “Sheraton”, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza. Allí se lo condenó a 8 años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Pablo Bernardo Szir, Julia Sarmiento, Luis Salvador Mercadal, María Cristina Ferrario y Delia Bisutti, y por torturas en los casos Ferrario y Bisutti. A pesar de haber recibido una condena, los jueces porteños decidieron que como el fallo no está firme Baume siga su derrotero de reo de lesa desde su casa.

A continuación se presenciaron las actuaciones castrenses de otros dos genocidas. Carlos Del Señor Hidalgo Garzón, represor del área de Enlace del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército que enfrenta acusación por 44 casos de secuestros y torturas, a quién se le amplió acusación por los homicidios de 6 de los 7 estudiantes de la UES, los homicidios de Von Schmeling padre y Cabral y por delitos sexuales sufridos por José Eduardo Moreno. “¿Va a declarar?” preguntó el juez Esmoris. “Negativo” dijo Hidalgo Garzón con estricto apego al reglamento de los impunes. El genocida, condenado a perpetua en 2014 por hechos del CCD “La Cacha”, respondió desde la Cámara Federal de Comodoro Py, ya que disfruta de la domiciliaria pese a haberla violado reiteradas veces, una de ellas descubierto andando en bicicleta por la joven por cuya apropiación cuando era niña ya fue condenado y la última con la presencia de armas en la casa de su cuñado. Pidió la suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente en esta causa y el análisis de los informes médicos de febrero 2018 mostró que “no colabora con la junta médica” y realiza “simulación”. Le denegaron el pedido en mayo 2018.
Para el final quedó el pase de comedia del genocida del Destacamento 101 Ricardo Armando Fernández, hasta ahora acusado por 47 casos de secuestros y torturas. Fernández fue parte de la Central de Reunión del 101 y luego integró uno de sus Grupos Operativos Especiales. Se presentó en silla de ruedas y al dársele voz dijo “¡Sí!”. “¿Y qué quiere decir?” reclamó el juez Esmoris. “No sé, ¿qué quiere decir usted” devolvió casi como una humorada. “¿Usted integró el Destacamento 101 de La Plata?”, pregunto Esmoris con poca paciencia. “La Plata, si”, dijo entre babuceos. “¿Y de quién dependía la Brigada de San Justo?”, insistió el magistrado. “No sé, si usted no lo sabe”, se desentendió Fernández al borde de la tomada de pelo. Entonces intervino el abogado de Fernández, el esmerado defensor oficial Adriano Liva, que le recomendó no seguir declarando y reiteró planteos ya realizados sobre pedidos para apartar al represor del juicio porque tendría una “afectación severa de su cognición” que le impediría “mantener una conversación coherente”. El tribunal decidió continuar adelante con la acusación e indagarlo porque si bien hay pendiente una junta médica especializada para evaluar la situación del reo, hasta ahora no hay una incapacidad determinada formalmente.
Fernández fue condenado a perpetua en el juicio por el CCD “La Cacha” en 2014 y como la mayoría de los represores de esta causa y en todo el país cumple detención domiciliaria, en este caso en su casa de Soler Nº 3210, depto. 3° “B” en CABA.


El debate por los crímenes cometidos contra 84 víctimas en la Brigada de Investigaciones de San Justo y ocurridos entre marzo del ’76 y octubre del ’78 está llegando a su fin. Queda en agenda la inspección ocular de las partes en la sede de la dependencia, una audiencia para escuchar a los pocos testigos ofrecidos por las defensas de los represores y luego, ya en noviembre, la instancia de alegatos.

La próxima audiencia será UNA INSPECCIÓN OCULAR EN LA BRIGADA DE SAN JUSTO, SALTA 2450, el miércoles 16 DE OCTUBRE desde las 11 hs.

25 DE SEPTIEMBRE: TRIGESIMA QUINTA AUDIENCIA

LOS MUDOS Y EL CÍNICO

En una nueva audiencia se realizaron las indagatorias de los genocidas imputados producto de la ampliación de la acusación por 9 homicidios y 5 casos de delitos sexuales. La mayoría de los represores guardó silencio, excepto el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, que aprovechó la ocasión para despacharse con su habitual cinismo.

Por HIJOS La Plata





La continuidad del debate por uno de los Centros Clandestinos de Detención más grande del conurbano oeste llevó a una instancia de nuevas declaraciones indagatorias de los genocidas imputados en el debate,consecuencia de la ampliación de la acusación por 9 homicidios y 5 casos de delitos sexuales. Recordemos que los 18 genocidas procesados en la causa llegaron a juicio con reproches sólo por delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos de las 84 víctimas que incluye el expediente, siendo que en ese CCD se asesinó, hubo familiares que también sufrieron secuestro y torturas y se ventilaron en las audiencias la comisión de graves delitos sexuales como parte del plan sistemático de exterminio que significó el genocidio. En audiencias pasadas la fiscalía y las querellas particulares realizaron pedidos de ampliación por 42 víctimas, de las cuales 14 no eran parte del debate, y el tribunal aceptó por 16 casos y rechazó otros 26. Los hechos ahora incluidos en la acusación son el fusilamiento de los militantes de la UES zona oeste Alejandro Aibar, Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Jorge Luis Fernández González, Juan Alejandro Fernández González,Enrique Ricardo Rodríguez y Luis Ángel García, sacados para ser fusilados la noche del 28 de diciembre de 1977 desde la Brigada de San Justo, las muertes tras a tortura en esta sede de los militantes montoneros Herman Von Schmeling y Rubén Enrique Cabral y los delitos sexuales que sufrieron Norberto Ignacio Liwski, Abel De León, Adriana Chamorro, José Eduardo Moreno, María Dolores Serbia, Olga Vicenta Araujo y Jorge Eduardo Heuman.
Al inicio de la audiencia los defensores de varios represores se excusaron por la ausencia de sus reos defendidos. El abogado de Leopoldo Luis Baume, segundo jefe de la Brigada de San Justo entre noviembre del ’77y enero del ’79, hasta ahora acusado por 52 casos de secuestros y torturas,dijo que el represor estaba presente en el edificio de tribunales, pero que “se sentía mal y pidió si podía realizar la indagatoria en otra oportunidad”. Sin más el TOF 1 le concedió el pedido y lo devolvió a su casa de calle 49 Nº 867- 1° piso- Depto A entre 12 y 13, donde cumple arresto domiciliario a pesar de haber recibido una condena a 8 años en la causa por delitos cometidos en el CCD “Sheraton”, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable,también en La Matanza.

Luego habló el defensor oficial que le pone el Estado argentino a los represores del Destacamento 101 Ricardo Armando Fernández, hasta ahora acusado por 47 casos de secuestros y torturas, y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón, que enfrenta acusación por 44 casos y que disfrutan de la domiciliaria. En el caso de Hidalgo Garzón pese a haberla violado reiteradas veces, la última con la presencia de armas en la casa de su cuñado. El abogado Adriano Liva aclaró que “no se han podido hacer presentes”, y sólo aclaró que Fernández sufrió una “descompensación gastrointestinal”, reiteró que planteó una reposición para apartarlo del juicio porque tendría una “afectación severa de su cognición” que le impediría“mantener una conversación coherente”, tras lo cual pidió postergar las indagatorias para ambos genocidas. El tribunal dejó el trámite para la próxima audiencia.
Acto seguido el juez Alejandro Esmoris convocó uno por uno a los genocidas imputados para informales de esta ampliación de la acusación. Como se sabe, en una modalidad que no debería generar precedentes, los represores no están presentes en la sala y siguen el debate por videoconferencia. Así fueron desfilando,desde la Cámara Federal de Mar del Plata, ciudad en que gozan del arresto domiciliario, los represores Alejandro Menechini, jefe de la Brigada de San Justo entre julio del ‘76 y septiembre del ’77, y Rodolfo Godoy, subjefe Área 114 entre el ’77 y el ’79. Ambos se negaron a declarar y Godoy se quejó de las “absurdas e injustas acusaciones”. Luego se tomó contacto con la Cámara Federal de Capital Federal, ubicada en Comodoro Py2002, en Caba, desde donde jugaron a los muditos los represores integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, Roberto Armando Balmaceda,Emilio Herrero Anzorena y Carlos Romero Pavón, los policías bonaerenses Rubén Boan (torturador apodado “Víbora”), Roberto Félix (subcomisario dela Brigada en el ’78), Jorge Héctor Vidal (médico policial que asistía torturas) y Héctor Carrera que está libre porque había sido apartado con excusas psiquiátricas, y aunque fue sumado al juicio a último momento no fue detenido. Todos ellos viven el proceso como una salida desde sus hogares a ver una pantalla. Vidal estuvo 4 años prófugo en esta causa y tras ser detenido y pasar un tiempo preso consiguió que lo devolvieran a su guarida de Robertson1077 en el Bajo Flores en CABA.
También desde Comodoro Py se sumaron al mutismo los dos civiles imputados en la causa, jefe y subjefe del Ministerio de Gobierno de la provincia en dictadura Jaime Smart y José María Torino, que también disfrutan de una prisión morigerada que se parece demasiado a la completa libertad, pese a estar acusados de la totalidad de los 84 casos del debate.
A continuación se enfiló la videoconfrencia hacia los únicos represores de esta causa que cumplen arresto efectivo en cárcel común, el militar del Destacamento 101 Jorge Di Pasquale, ya condenado en varios procesos, y los torturadores de la Brigada de San Justo Ricardo García alias “Buggy” y Raúl Carballo, todos ellos alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Como era de esperar se negaron a declarar sin mayores explicaciones.


Como siempre, la excepción a la regla fue el represor MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ, que se plantó con sus insistentes arrogancias discursivas, ya habituales en estas instancias de indagatoria. Al otorgársele la palabra el genocida se dirigió al presidente del tribunal y dijo “seré respetuoso con las disposiciones del tribunal pero sin sacrificar mis convicciones”. Luego citó al premio nobel de literatura de 1922, el español Jacinto Benavente, cuando dijo “hoy nosotros entre rejas, preparados para ser lanzados a la arena, expuestos a mortíferas condenas, somos la comida de las fieras”. No le quedó nada mal la cita de un intelectual que apoyó a la dictadura de Primo de Rivera y al franquismo, y continuó con su perorata diciendo “todos los crímenes son permitidos con sólo escribir en el Código Penal la palabra político, con sólo eso deja de ser crimen el robo político, el asesinato político, y el autor de esos crímenes lejos de ejercer el presidio recibe condecoraciones en premios honoríficos y distinciones”. Yendo al grano dijo que “de los cargos que se me formulan soy completamente desconocedor”, y marcó su tono típico al referirse a los jueces y decir que “con el debido respeto a su investidura, les digo que no les reconozco autoridad para actuaren estos casos. Necesito los jueces asignados por la Constitución…”. En ese momento el juez Esmoris lo cortó en seco y le dijo que el acto de la indagatoria debe centrarse sobre los hechos imputados y no sobre otros temas. El genocida contestó que “yo para tratar los hechos que se me imputan, no puedo hacerlo porque sería consentir lo que no corresponde. Estas son leyes de paz y yo necesito las leyes de estado de guerra y jueces de estado de guerra. Sino a la Constitución no la alcanzo a comprender”. Eso fue todo, aunque parecía que el show iba a extenderse por más tiempo.
Pedir por los jueces de un “Estado de guerra” resultó muy simbólico en una semana en que los jueces del “Estado de guerra” vienen recibiendo su merecido: la condena en Salta a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad al ex juez Ricardo Lona por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ocurrida en marzo del ’76, o la confirmación por la Cámara de Casación de las condenas a los ex jueces federales de la dictadura Luis Miret -fallecido-y Rolando Carrizo, el ex fiscal federal Otilio Romano y el ex defensor oficial Guillermo Petra Recabarren, condenados en julio de 2017 por privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita. 
Pero para pedir por los jueces del “Estado de guerra” no sería necesario al genocida exigir a los ya fallecidos cortesanos designados por el dictador Jorge Rafael Videla, como Federico Videla Escalada, Abelardo Rossi o Alejandro Caride, sino que podría pedir ayuda a su camarada Jaime Lamont Smart, coimputado en esta causa y designado por la dictadura de Roberto Levingston como juez del tristemente célebre “Camarón”, la Cámara Federal porteña creada para perseguir opositores políticos hasta terminada la dictadura de Alejandro Lanusse. Los crímenes políticos que Etchecolatz reconoce lo tienen a mal traer, ya que está condenado en el juicio realizado en 2006 (donde desaparecieron al testigo Jorge Julio López), en la causa “Circuito Camps”,  por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, en la causa “Favero-Álvarez” y por los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande. Está a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina y en una causa en instrucción en el Juzgado Federal N° 1de Lomas de Zamora. El discurso cínico del ex comisario tiene también varias cuentas pendientes en la causa residual por los crímenes cometidos en laComisaría 5ta de La Plata y en el “Pozo de Arana”, entre ellos el paso por allí de Jorge Julio López como desaparecido, y donde están procesados los represores Pedro Muñoz, Jorge Bergés, Néstor Buzzato, Julio César Garachico y el propio Etchecolatz. De realizarse tal debate oral será en obligada ausencia de López como víctima.


Para completar la semana la impunidad biológica secobró un imputado, ya que se conoció la decisión del TOF 1 platense de apartar del juicio al represor Juan Carlos Ojeda, jefe de la Brigada de San Justo entre enero y septiembre de 1977 acusado por 14 casos de secuestros y torturas ocurrido en ese período. El tribunal dispuso la suspensión del trámite contra el represor por incapacidad mental y dispuso su libertad.  Ojeda estaba con domiciliaria, veía las audiencias por teleconferencia y luego volvía a su domicilio de Tresde Febrero. La justicia dispuso la evaluación semestral de su estado de salud por intermedio del Cuerpo Médico Forense, con informes para determinar si recuperó su capacidad de ser sometido a juicio y si e reversible o no la patología que lo afecta.


La próxima audiencia será el miércoles 2 DE OCTUBRE desde las 11 hs. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.