JUICIO BRIGADA DE SAN JUSTO

El 13 de agosto comenzó en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Justo. El debate incluye imputaciones a 19 represores por 84 casos, 31 de los cuales corresponde a personas detenidas-desaparecidas. LAS AUDIENCIAS SON LOS MIÉRCOLES DESDE LAS 10 AM EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA PLATA, CALLE 8 Y 50. (Se extenderá hasta 2019).

domingo, 4 de agosto de 2019

17 DE JULIO: TRIGESIMA SEGUNDA AUDIENCIA

PUESTA A PUNTO

Con un testimonio aclaratorio de la identidad y suerte de la víctima apodada “Polenta”, el detenido desaparecido Luis Ángel García, y con los pedidos de ampliaciones de la acusación de las querellas por una cantidad de delitos no  contemplados en la pobrísima instrucción de esta causa realizada por el Ministerio Público, continuó el debate por uno de los CCD más grandes de la zona del conurbano oeste en dictadura.

Por HIJOS La Plata



El debate comenzó con una testimonial que había quedado pendiente. Se trata del relato de PEDRO ENRIQUE GARCÍA, hermano de Luis Ángel García, militante de la UES- Montoneros apodado “Polenta”, secuestrado en septiembre de 1977 y que continúa desaparecido.
El testigo relató que su hermano fue secuestrado en casa de sus padres en San Justo el 30 de septiembre del ’77. En la casa vivían sus padres y sus 2 hermanos, el del medio Luis Ángel y el menor Leopoldo. Esa noche él llegó su casa de la facultad  un poco antes de las 22 hs. Estaban su madre y Luis Ángel, que lo acompañaron a cenar, y el menor estaba acostado. Entonces sintieron golpes en la puerta, y al ir su madre a abrir gritaron “policía”. Entró un grupo de hombres armados por el frente y por los fondos, los palparon de armas a él y a Luis Ángel los encapucharon, trajeron a Leopoldo en calzoncillos y los subieron a los 3 hermanos maniatados a una camioneta verde. En el móvil iban 3 represores que realizaban maniobras evasivas para tratar de despistarlos. Sin embargo Pedro intuyó que cruzaron el camino de cintura hacia el este, como yendo hacia la plaza central de San Justo, es decir enfrente a la Comisaría 1ª y a la vuelta de la Brigada. Los represores les preguntaron “¿por qué creen que los taremos?” y les respondieron que eran estudiantes, que no participaban en política. Al llegar a un lugar donde la camioneta se metió de culata escucharon que se acercaron 2 represores caminando por un patio de ripio, y uno señaló a Luis Ángel: “bajen a ése”. A los hermanos los descartaron en Ciudad Evita diciendo “caminen para adelante”. Pero Pedro no obedeció, giró y miró la camioneta verde que hoy recuerda de manera patente. Luego, ya de medianoche, alguien los llevó a la casa familiar, donde acodó con su padre ir a la comisaría de San Justo. Al llegar observan gran movimiento de tipos de civil y uniformados del ejército, uno de ellos dando órdenes, algo extraño para un viernes a la noche aunque fuera septiembre del ’77. “Acá no tenemos a nadie. Vaya y presente un Habeas Corpus” fue toda la respuesta que obtuvieron en la 1ª de San Justo.  Además de presentarlo, realizar gestiones ante el Ministerio del Interior y recibir nuevas negaciones, a los pocos días Pedro fue hasta la puerta de la Brigada y se terminó de asegurar que a Luis Ángel lo bajaron allí: el lugar estrecho de ingreso de vehículos, el portón pesado de chapa y el patio de ripio.
Consultado sobre la militancia de su hermano, Pedro dijo que una vez tuvo una charla y le dijo que simpatizaba con la UES en el colegio, pero por la diferencia de edad, él tenía 24 y Pedro 20 cuando los secuestraron, tenían amigos y vidas diferentes, y no pudo aportar otros detalles. Pedro recordó a su hermano como un buen estudiante, que trabajaba y estudiaba a la vez. Por último Pedro afirmó que los represores habían hecho inteligencia previa al operativo, ya que conocían todos los espacios de la casa familiar y cuantas personas había en el lugar.


AMPLIACIONES
A continuación, en el debate en que se juzga a 18 represores  por crímenes de secuestros y tormentos cometidos en perjuicio de 84 víctimas llegó el momento para los pedidos de ampliaciones de la acusación, habilitados por el artículo 381 del código procesal penal cuando surgen del debate hechos que integren un delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión originales, pero vinculadas al delito que las motiva.
Tras escuchar durante 31 audiencias testimoniales de sobrevivientes, familiares y diversos profesionales y especialistas LA FISCALÍA, representada por el fiscal general Alejandro Alagia y el auxiliar Agustín Vanella, solicitó que se amplíen las imputaciones por homicidios y ataques sexuales perpetrados a un grupo de víctimas, pero soslayó a otro grupo que sufrió secuestros y tomentos como parte del esquema represivo desplegado desde la Brigada. En concreto los fiscales ampliaron por 5 grupos de casos:
-El fusilamiento de 7 militantes de la UES ocurrido en diciembre de 1977 y narrado por la sobreviviente del hecho Adriana Martín.   
-Los homicidios en la tortura de los desaparecidos Hermann von Schmelling  y  Rubén Cabral, narrados por Adriana Martín.
-Lo que la fiscalía concibe polémicamente como “homicidios cometidos en traslados con destino final desde el Pozo de Banfield”, por 10 víctimas, justificado en la acción de “haber entregado prisioneros-desaparecidos de la Brigada de San Justo al Pozo de Banfield, desde donde se decidieron las ejecuciones y desde donde fueron eliminados mediante el procedimiento ‘vuelo de la muerte’”. Se incluyen los casos de Alfredo Agüero, Ricardo Iramaín, Saúl Szajnbaum y los matrimonios Rodríguez-Futulis, Logares-Grinspon, Lavalle-Lemos, pero no amplía por el caso de Alfredo Moyano, habiendo criterio suficiente para entender que fue secuestrado con su esposa  juntos pasaron por el mismo recorrido San Justo-Banfield-desaparición. Los fiscales tratan de excusarse diciendo que “Mataron 4 matrimonios, el esposo de la Sra. Moyano está en el mismo traslado, pero no se imputó su caso en la acusación”, algo inaceptable. El criterio es retorcido por dos motivos. Primero porque a igualar “traslado” a muerte intenta suspender la responsabilidad estatal indelegable de establecer el destino final de las personas detenidas-desaparecidas, pero además igualar necesariamente “traslado” a “vuelo de la muerte” es de una irresponsabilidad mayor ya que se afirma como cierto algo que se supone pero no se puede probar. Dicen los fiscales que “a los prisioneros de San Justo que se llevaron  al ‘Pozo de Banfield’, se los sacó de las celdas, se los hacia formar en fila, se les informaba que viajaría en avión a otros lugares de rehabilitación en el país, se los inyectaba, se los desvestía y finalmente en el campo se los hacía subir atontados a camiones con destino a ‘vuelos de la muerte’”. ¿Cómo si en este debate el fiscal Alagia dice desayunarse de que la Brigada de San Justo no era sólo CCD de “registro” sino que se asesinaban personas, puede afirmar tal cosa antes del debate por el CCD de Banfield? ¿Qué pasaría si en un futuro fueran identificados inhumados en tierra y no sumergidos los restos de alguna de esas 10 personas que la Fiscalía da por cierto que fueron arrojadas al mar? ¿Cómo puede afirmarse tal cosa desde el debate por el CCD Brigada San justo y no propiamente desde el juicio por el Pozo de Banfield, a realizarse a continuación del de San Justo? Desde otra concepción preferimos utilizar la figura del detenido-desaparecido que engloba el delito cometido sobre la persona y la responsabilidad permanente del Estado sobre su situación, y acusamos por homicidios solamente cuando hay testimonios de sobrevivientes que pueden dar cuenta de ello. El caso Jorge Julio Lopez como testigo del fusilamiento del matrimonio Dell’Orto-De Marco en uno de los CCD de Arana es un claro ejemplo aplicado al juicio de 2006.
-El fusilamiento de José Reinaldo Rizzo fraguado como enfrentamiento armado, y producido desde el “El Infierno” de Avellaneda adonde fue llevado desde San Justo. Resulta curioso que el Ministerio Público plantee que el homicidio “por la fecha que menciona el prisionero desaparecido Matoso pudo haberse decido en un tercer campo” cuando no hay registro de ello, además de desprolija la acusación teniendo en cuenta que en el requerimiento fiscal de elevación a juicio por el CCD Infierno (causa 189) los fiscales acusaron sólo por el secuestro y torturas que sufrió Rizzo en ese CCD.
-Los ataques sexuales sufridos por Norberto Liwski, Abel de León, José Eduardo Moreno, Adriana Chamorro y Olga Araujo. Obviaron aquí los fiscales los casos de María Dolores SerbiaAdriana Martín,  Hilda Ereñú y Ana María Espósito, que relataron en el debate diversos hechos de abuso, intento de violación y otras prácticas de violencia sexual.
Pero los fiscales se pasaron por alto también los relatos que permiten atribuir 11 hechos constitutivos del delito de privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas a los represores imputados en casos de familiares de militantes que fueron secuestrados en procura del paradero de sus parientes y llevados a la Brigada de San Justo para ser torturados. De hecho el debate ya contempla casos similares, como los de los casos padres de Adriana Chamorro, y el padre de Adriana Martín. Pero la estrechez de mirada prevaleció en el planteo fiscal frente al hecho inobjetable de que existe una unidad secuencial que da cuenta que esos familiares fueron tan víctimas del Terror como sus allegados y que hubo una continuidad delictiva que la ley contempla como hipótesis para habilitar a ampliar la acusación.

Precisamente fue la querella de JUSTICIA YA LA PLATA la única que pidió ampliación de la acusación por esos 11 casos de secuestros y tormentos de familiares de militantes.
Las abogadas Pía Garralda, Luz Santos Morón, en representación de la querella unificada integrada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, HIJOS La Plata, el Ceprodh, la Apel y el colectivo feminista Las Azucenas, y el letrado Nicolás Tassara representando a la Fundación Anahí por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos, desarrollaron una extensa y detallada exposición con planteos de orden jurídico pero también político sobre la modalidad fragmentaria de estos juicios y la necesidad de incluir en la acusación una cantidad de hechos aún impunes a 43 años del golpe genocida.
El planteo de Justicia ya versó sobre los 5 ejes planteados por la fiscalía, a los que se adhirió con varias objeciones, y aquellos 11 secuestros y tormentos sufridos por Alejandro Kohn y Dora Beatriz Pobo, padres de Roxana y Claudia Kohn, Harallampo Gribo, Catalina Cotula Avalos y Jorge Gribo, padres y hermano de Graciela Gribo, Oscar Garra, hermano de Jorge GarraRamón Santiago Iramain, Sara Margarita Ucha y María Del Carmen Sosa, padres y esposa de Héctor Horacio Iramain, Rosa Agüero, esposa de Orlando Luis Guerechit, y Alfredo Moyano Santander, esposo de María Asunción Artigas Nilo. Para este último caso se planteó el carácter único que tuvo el destino del matrimonio Moyano Artigas, quienes desarrollan su detención en todo el circuito (San Justo, COT I, Banfield y Quilmes), y su vinculación en la ejecución del plan represivo de envergadura internacional denominado “Plan Cóndor”.
Respecto a los delitos sexuales cometidos en la Brigada de San Justo, quizás el eje central del planteo de Justicia Ya, la querella definió que “ya no caben dudas que las violaciones, abusos sexuales no se trataban de una acción individual, excepcional, solitaria y producto de la lascivia de algunos, ni siquiera de una práctica local. Consistió en una práctica uniforme y sistemática que se aplicó en todos los centros clandestinos del país, como lo demuestran miles de testimonios que dan cuenta de los juicios tramitados en Chaco, Formosa, Neuquén; Mendoza, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Tucumán, La Plata, Capital Federal, donde se relatan las atrocidades sexuales a las que eran sometidas las compañeras y los compañeros”. Las abogadas de la querella destacaron que ya desde las Causas 13 y 44, los juicios realizados durante el alfonsinismo, se denunciaron una y otra vez los delitos sexuales diferenciándolos de los tormentos, y que hoy en día hay que comprender que “la tortura puede implicar infinidad de actos aberrantes, pero la violencia sexual, es para las víctimas mucho más que tortura (la sobreviviente Adriana Chamorro lo expresó claramente), y es por ello que la reparación que se origina en estos hechos de violencia, debe comenzar con el reconocimiento formal de la existencia diferenciada de este tipo de delito, a los fines de visibilizarse la particularidad de esta criminalidad, y, así, poder tomarse medidas  preparatorias adecuadas”.
En ese sentido Justicia Ya realizó una distinción de los delitos sexuales con el delito de tormentos al decir que “la esencia particular que tiene una agresión de índole sexual lejos está de ser contenida por la figura penal de tormentos” y “que no puede sostenerse que el delito de abuso sexual sea menos grave y que su desvalor se encuentre contenido en el desvalor del tormento, ello en tanto el abuso sexual contiene elementos propios distinto al tormento y el efecto dañoso implica lesividad en bienes jurídicos distintos en una y otra figura. En este sentido interpretar de forma autónoma la figura de abuso sexual, y no subsumirla a otros tipos de violencia, es reconocer que la violencia sexual posee connotaciones diferenciadas, que implica ámbitos de lesividad concretos, y que además puede responder a otras cuestiones, como puede ser las cuestiones de género”.
En esa clara convicción se afirmó que el ejercicio de violencia sexual sobre las víctimas, configurativa de abuso, constituyó una práctica sistemática, a la que fueron sometidas todas las mujeres que pasaron por los centros clandestinos de la jurisdicción, inherente a las condiciones de cautiverio atravesadas. Aclaro ello, respecto a la configuración del abuso sexual la querella reflexionó que  el art. 119 del Código Penal –en su versión actual– sanciona al que abusare sexualmente, mientras que el art. 127 vigente al momento de los hechos hablaba del abusare deshonestamente; de modo que la acción típica remite al concepto de abuso, y a un contenido específico consistente en el carácter sexual o deshonesto, sobre el que volveremos posteriormente. Con ello, la doctrina reconoce que el abuso sexual incluye tanto los actos de contacto corporal como los de aproximación o acercamiento, en tanto reúnan el contenido o connotación sexual exigidos. En lo que respecta a los hechos requeridos, entendemos que el estado de coacción generado mediante la introducción de una mujer en un centro clandestino (con las implicancias abordadas en el apartado anterior), conlleva no sólo una situación permanente de proximidad entre la víctima y los captores, sino además de recurrente acercamiento y contacto, presente en cada una de las prácticas lesivas en cuestión. Si las mujeres quedaron a merced de los guardias y torturadores, el bien jurídico lesionado en las prácticas de violencia sexual del Estado terrorista consiste en la libertad e integridad sexual de la víctima, superando la arcaica mirada tradicional que, so pretexto de la terminología utilizada en el viejo texto legal, incursionaba en disquisiciones morales en torno al concepto de honestidad. Para Justicia Ya “no quedan dudas de que el estado de existencia de la mujer y también de los hombres, desde que era secuestrados hasta su liberación o muerte, constituía una absoluta supresión de su ámbito de autodeterminación sexual y una situación de cosificación extrema, en donde no ejercían ningún dominio sobre su cuerpo, el cual era vestido, desnudado, accedido, higienizado o abandonado, según la voluntad y el deseo de los secuestradores, guardias y torturadores”. Por esto la conducta enrostrada, les es atribuida –en todos los casos– con el grado de coautores.
En una nueva disidencia con el planteo fiscal, la querella de los organismos de Derechos Humanos afirmó que no es posible que un delito considerado como un crimen contra la humanidad dependa de la voluntad del particular para su persecución, porque es falsa la dicotomía entre la obligación del Estado en investigar y sancionar éstos delitos y el impacto que tiene en la víctima el hecho que se ventile los mismos. “No son uno u lo otro, hay que entender el frágil equilibrio entre ambos postulados.  Se debe investigar sin poner a la víctima de violencia sexual en ese lugar de padecimiento de nuevo”, dijo Justicia Ya. Citando doctrina y jurisprudencia, en suma, la querella sostiene la posición de que no es necesario el impulso de la acción por el agraviado cuando el delito dependiente de instancia privada  concurre idealmente con otro de acción pública. La querella solicitó entonces ampliaciones para un grupo de 12 genocidas por los delitos de abuso sexual padecido por Olga Araujo, y por violación y abusos sexuales en los casos de María Dolores Serbia, Adriana Martín, Norberto Liwski, Hilda Ereñú Adriana Chamorro, Ana María Espósito y Jorge Edgardo Heuman. Recordó que solo el 4% de los genocidas en todo el país fueron condenados por delitos sexuales hasta el momento según cifras del Ministerio Público Fiscal, lo que señala una doble impunidad: la que denunciamos frente a todo el accionar represivo que constituyó el último genocidio en nuestro país, y específicamente la de los delitos sexuales. Justicia Ya enfatizó en este sentido dirigiéndose directamente a los jueces Vega, Esmoris y Jarazzo: “Señores jueces estamos atravesando socialmente cambios significativos sobre la concepción de la violencia especialmente hacia las mujeres, cuenta de ello es el movimiento ni una menos frente a la alta tasa de femicidios, como el reclamo por el derecho al aborto legal, frente a la muerte de mujeres y personas gestantes por abortos clandestinos, como en particular la denuncia contra los abusos infantiles, los abusos eclesiásticos. Sin dudas nos encontramos en condiciones sociales esencialmente distintas, superadoras de lo sostenido hace 40 años para condenar este tipo de violencias, que eran naturalizadas, lo que ha permitido en gran parte que estos delitos puedan ser denunciados después de tanto tiempo. Está en sus manos señores jueces, la responsabilidad de no seguir colaborando con la impunidad de los autores, quienes fueron secuestradores, torturadores, asesinos, pero también abusadores y violadores, así solicitamos que el Estado a través de este poder judicial lo reconozca, porque es lo que socialmente hoy se está condenando”.


En cuanto a los homicidios la querella planteó que concibe “la totalidad de los homicidios, como parte de un eslabón de hechos concatenados –secuestro, tortura, y homicidio- que constituyen la unidad secuencial que la ley contempla como hipótesis y que nos habilita a ampliar”. Se incluyó el pedido por los casos de  Herman Von Schmeling, recluido en San Justo entre octubre y diciembre de 1977, y que a través del testimonio de Adriana Martín se supo que su padre compartió celda con Herman, que no había sobrevivido a la tortura y estaba muerto. También se incluyó en el pedido el homicidio de José Reinaldo Rizzo, recluido en San Justo en noviembre de 1976 y llevado luego al CCD “El Infierno” de Avellaneda, de quien se recordó que “el cuerpo de Rizzo fue plantado a 15 cuadras de la casa de la familia con información fraguada de un supuesto enfrentamiento recordado periodísticamente como ‘El tiroteo de Aldo Bonzi’, que los restos de Rizzo fueron exhumados en 1984 en el cementerio Villegas de San Justo, que todo el procedimiento sobre los restos en la Morgue policial de La Plata fue irregular, que fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2009 y recién entregado a la familia 1 año más tarde”. Estuvieron presentes en el pedido los casos de los militantes de la UES Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Alejandro Aibar, Luis Angel García, Ricardo Enrique Rodríguez, Jorge Luis Fernández y Juan Alejandro Fernández. Cuyo fusilamiento relató la sobreviviente Adriana Martín como ocurrido desde San Justo el 28 de diciembre de 1977. Justicia Ya fue la única querella que pidió acusar por los homicidios de Juan Ventura Rodríguez y Epifania Ramírez, padres del militante de la UES Enrique Ricardo “Pluma” Rodríguez, asesinados el 16 de septiembre de 1977 en el operativo en que secuestraron a su hijo en la casa familiar de William Morris, hecho constatado en el juicio con los relatos de Elda Rodríguez, hermana de “Pluma”, y del testigo Witold Jorge Nowakowski, ex soldado conscripto en la Primera Brigada Aérea de El Palomar que participó de los movimientos ulteriores del operativo.
Respecto de estas personas asesinadas Justicia Ya planteó que califica los hechos como homicidios doblemente calificados por haber sido cometidos con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, y puntualizó que “no adherimos totalmente al planteo de la fiscalía ya que el criterio de imputación por homicidios que sostiene esta querella tiene como fundamento la obligación del Estado Argentino de investigar los delitos de lesa humanidad garantizando el derecho a la verdad, jurídica y material, a las víctimas, familiares y la sociedad en su conjunto. Nuestra querella limita este pedido a aquellos casos en que las declaraciones de los compañeros y compañeras han sido taxativamente claras en cuanto haber presenciado de distintas maneras, el homicidio de algún otro u otra detenida-desaparecida, o en aquellos en que se han reconocido los restos por el Equipo Argentino de Antropología Forense“. El planteo se basa en las premisas de que los testimonios de los sobrevivientes, los familiares compañeros y compañeras de las víctimas han sido la base sobre las cuales se han construido estos juicios, y en la convicción de que es obligación del Estado investigar que pasó en cada caso, desde el momento mismo de la inteligencia previa al secuestro, luego del secuestro y desaparición, así como del destino final de todos, todas y cada una de las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos.

Finalmente la querella de Justicia Ya La Plata fue la única en incluir en su pedido de ampliación de la acusación la sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad de María Victoria Moyano Artigas, nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield pero apropiada por el Comisario de la Brigada de San Justo Oscar Penna, quien la entregó a su hermano. En el punto se señaló la perversa modalidad de la apropiación de hijos de desaparecidos constatada en el caso Moyano Artigas pero también en los de Paula Logares, apropiada por el Subcomisario de la Brigada de San Justo Rubén Lavallén y de María José Lavalle Lemos, apropiada por la Sargento de la Brigada de San Justo Teresa Isabel González. Se puntualizó que en los casos Moyano y Logares quien firmó la partida de nacimiento falsa de ambas niñas fue el Médico de la Brigada de San Justo Jorge Héctor Vidal, que consignó el mismo domicilio en tales documentos, de la calle Charcas 2700 de Lomas del Mirador, que es el mismo domicilio del agente de la Brigada de San Justo Luis Carlos Ferreira. Si bien en el caso de Victoria Moyano ya hubo juicio y sentencia para los autores de la apropiación, aquí se pidió condena como autores mediatos del delito a 9 represores de la cadena de mandos militar, policial y civil y a los represores de San Justo Boan, Carrera, Carballo y García como como participes necesarios.
El resto de las querellas, la APDH-CTA, el CODESEDH y la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Macri, se limitaron a acompañar sin más el planteo de la fiscalía de ampliar la acusación original por continuidad delictiva vinculada a los homicidios de los militantes de la UES y en relación a hechos nuevos ventilados en debate en relación a los delitos sexuales, con algún aporte general sobre la importancia histórica de condenar los delitos sexuales en específico, sobre la pertinencia de que la acusación contemple circunstancias como los delitos de género y el destino final de las víctimas desaparecidas, y la necesidad de la evolución de la mirada jurídica y social sobre estos hechos históricos.
En la próxima audiencia la defensa de los genocidas ofrecerá su descargo sobre los pedidos de ampliación de la acusación y el tribunal 1 resolverá si acepta o rechaza en pleno o en parte los pedidos de las querellas. De ello depende la puesta a punto de la acusación. Pero el TOF ya adelantó opinión en la segunda audiencia de este debate, ante un pedido de la querella de la familia Lavalle-Lemos por la correcta imputación del caso en el que la mayoría de los represores sólo fueron imputados por 1 de los 4 familiares víctimas del Terrorismo de Estado. En esa oportunidad el tribunal contestó al planteo rechazándolo por unanimidad. El juez Alejandro Esmoris dijo que “las falencias de la instrucción no se resuelven con nuevas falencias en el debate oral”, y su colega Pablo Vega indicó que como jueces no están dispuestos a pagar los costos de esta situación y concluyó en que “más allá de lo justo y racional del pedido, no se ajusta a derecho”.
La fragmentación de la investigación de los hechos del Terrorismo de Estado es ya conocida, con instrucciones parciales, requerimientos fiscales pobres y agachadas formales varias en instancia oralLa pretensión judicial es que las familias y la sociedad toda sigan esperando justicia. Esto, claro, si es que los imputados siguen vivos para cuando se les ocurra juzgar a todos los genocidas por todos los compañeros.

La próxima audiencia será el miércoles 14 DE AGOSTO desde las 11 hs. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.

miércoles, 31 de julio de 2019

03 DE JULIO: TRIGESIMA PRIMERA AUDIENCIA

CONFIRMACIONES

Con dos testimonios aclaratorios de la identidad de la víctima apodada “Polenta” a quien se creía Ricardo Pérez, pero finalmente se trataba de Luis Ángel García, se completó en el debate la rueda de testigos. Se abre el espacio para los pedidos de ampliaciones de las querellas por una cantidad de delitos no contemplados en la pobrísima instrucción de esta causa realizada por el ministerio público.

Por HIJOS La Plata




La audiencia se inició con la testimonial de la sobreviviente de la Brigada de Sanjusto ADRIANA CRISTINA MARTÍN, que ya había relatado su experiencia en la 4ta audiencia del juicio pero fue nuevamente citada para una aclaratoria de la identidad de Luis Ángel García,apodado “Polenta”.
Anteriormente Adriana había relatado los dos secuestros que vivió, en diciembre del ’76 y septiembre del ’77. En este último la recluyeron en la Brigada con un grupo deotros xx compañeros de la Unión de Estudiantes Secundarios de la zona oeste ypudo saber de otras muchas personas que pasaron por el CCD. En la oportunidad anterior también había contado que un día cerca del 28 de diciembre del ’77 vivió el calvario de presenciar el fusilamiento de sus compañeros de la UES: dijo que los sacaron tabicados en grupo en distintos autos, tras un largo trayecto los bajan y escucha “¡arrodilláte!”, seguido de ráfagas de disparos a su lado. Luego corridas y gritos y la orden “¡súbanlos!”. La testigo afirmó que a ella le gatillaron 3 o 4 veces en la cabeza y se desmayó, para luego despertar nuevamente en la celda de la Brigada.
Adriana fue liberada el 31 de enero del ’78, y ni bien salió fue a avisar a las familias de sus compañeros lo que había vivido. Sin embargo no había podido narrar plenamente el fusilamiento de sus compañeros Sonia VonSchmelling, Alejandro Aibar, Marcelo Moglie, los hermanos Jorge Luis y Juan Alejandro Fernández, Enrique Ricardo Rodríguez y Luis Ángel García.
En esta segunda oportunidad la sobreviviente amplió sobre “Polenta” de quien dijo que era su responsable como miembro de la UES, a la que ella se había sumado en el año ’75, y donde lo conoció como un militante muy orgánico y de alta responsabilidad. Recordó reuniones de la UES en Ituzaingó donde estaban loshermanos Fernández, Sonia y “Chelo Moglie”. Contó que “Polenta” le llevaba material político a su escuela, la ENET 1 de Moreno donde Adriana era presidenta del centro de estudiantes. Dijo que no conocía nada de su vida personal, que era 4 años mayor que ella y que lo dejó de ver a mediados del ’76.
Entonces se le exhibieron a la testigo fotos de Luis Ángel García de su legajo policial y otras aportadas por su hermano y lo reconoció como su compañero “Polenta”. “Lo vi más de un año cuando estábamos en libertad y lo vi en San Justo con otros compañeros de la UES” afirmó Adriana. Y agregó que en San Justo cruzaron las miradas en una escena terrible de tortura colectiva en la que los represores obligaban a los detenidos a ver como se sometía a sus compañeros: “era una metodología”sentenció la sobreviviente.
Ante la pregunta de si “Polenta” estaba en el grupo que fue sacado para fusilar en diciembre del ’77 dijo que sí y que ese día actuaron más de 20 represores. Ella estaba con Sonia en una celda y los 6 varones en la “leonera”. Los sacaron a todos juntos en varios autos, los llevaron a un descampado, los bajaron, los juntaron y comenzaron a rematarlos. El fiscal Agustín Vanella le preguntó por qué no había afirmado antes con tanta seguridad que sus compañeros habían sido asesinados, a lo que la testigo respondió que “ante tanto dolor no pude poner palabras, me costó mucho el ejercicio de la memoria para reconstruir lo que pasó. En el juicio por la Subzona 16 declaré que sufrí un manoseo, pero en realidad fue una violación ocurrida en la Comisaría 3ra de Castelar. Lo negué mucho tiempo porque fue muy traumático vivir que a una chiquita de 14 años como era yo se la viole y le maten a sus compañeros. Hoy sí lo puedo decir”, concluyó.


A continuación se escuchó el testimonio de CARLOS RIVAROLA, ex detenido desaparecido de la zona oeste y militante de Montoneros que expuso de manera breve y en específico sobre el grupo de militantes de la UES zona oeste, en particular sobre Luis Ángel García, apodado“Polenta”. El testigo dijo que fue militante de la Juventud Peronista, luego dela UES en Morón e Ituzaingo, pero ya para 1976 había pasado a desempeñar tareas en el área “territorial” de Montoneros. Sufrió varios operativos de búsqueda ypasó a la clandestinidad, hasta que  fue secuestrado en septiembre de 1976. Fue llevado a la Base Aérea de Palomar, de allí a la Base de Morón, luego a la Comisaría 3ra de Castelar y tras varios interrogatorios circulado varias veces entre esos tres CCD.
Cuando cayó estaba en Palomar con otro compañero llamado Lázaro Gutiérrez que hoy continúa desaparecido. Entre sus compañeros de la UES recordó a los hermanos Juan Alejandro y Jorge Luis Fernández, a quienes apodaban “los gallegos”, a las hermanas Adriana y Zoraida Martín, a Marcelo “Chelo” Moglie, a Enrique “Pluma”Rodríguez y a otros apodados “Chino”, “Gitano” y Hormiga”. Respecto a Luis Ángel “Polenta” García dijo que por cuestiones de seguridad no sabía su nombre, pero lo describió físicamente y recodó que “Polenta y Pluma siempre andaban juntos”. Al exhibírsele fotos de García aportadas por la fiscalía lo reconoció como su compañero. Sobre el destino de ese grupo de compañeros el testigo dijo que en su momento no supo lo que les sucedió, ya que él estuvo detenido-desaparecido hasta agosto de 1977, al ser liberado se fue a Paso del Rey y luego a Zapala y volvió a la zona oeste recién para el año ’79. Mucho después supo que “Polenta”y “Pluma” cayeron juntos en un operativo en septiembre del ’77 y están desaparecidos.

Aclarada con los testimonios de Adriana Martín y Carlos Rivarola la situación de lavíctima apodada “Polenta” y del grupo de militantes de la UES zona oeste sacados de la Brigada de San Justo para ser fusilados el 28 de diciembre del’77, se abre en el debate espacio para los pedidos de ampliaciones de las querellas, por esos homicidios tanto como por otros secuestros y tormentos que no fueron tenidos en cuenta en la elevación de esta causa, por una apropiación de menor y por los diversos delitos sexuales cometidos como parte del plan genocida.

lunes, 8 de julio de 2019

19 DE JUNIO: TRIGESIMA AUDENCIA

APARICIONES

Con dos testimonios de concepto continuó el debate por uno de los CCD más grandes del conurbano oeste en dictadura. Diana Kordon habló sobre los efectos psicosociales del terrorismo de Estado, en especial sobre los delitos sexuales como parte del plan genocida. Sofía Egaña expuso sobre la tarea de identificación de los restos del detenido-desaparecido José Reinaldo Rizzo, víctima y caso en esta causa identificado en 2009.

Por HIJOS La Plata



El primer testimonio correspondió a DIANA KORDON, médica, psiquiatra, psicoterapeuta y coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP). Convocada como testigo de concepto por la querella del espacio Justicia YA, Kordon es coautora de los libros: “Efectos psicológicos de la represión política”; “La impunidad: una perspectiva psicosocial y clínica”, “Desarrollos sobre grupalidad: una perspectiva psicoanalítica”; “Paisajes del Dolor Senderos de Esperanza, Salud Mental y DDHH en el Cono Sur”; “Efectos psicológicos y psicosociales de la represión política y la impunidad. De la dictadura a la actualidad”; “Sur dictadura y después…Elaboración psicosocial y clínica de los traumas colectivos”; entre otros. Algunos de sus trabajos pueden leerse en
La psicoterapeuta comenzó con una reflexión sobre su implicación en este juicio y dijo que
“estos son juicios históricos para Argentina y para el mundo. Son fruto de la lucha sostenida de más de 40 años del pueblo argentino y de los organismos de Derechos Humanos. Por eso deben realizarse en las mejores condiciones para obtener justicia por los 30 mil detenidos desaparecidos y por eso pedimos la apertura de archivos por los miles de desaparecidos cuyo destino se desconoce”.  Además agregó “yo estoy implicada directamente por lo que sucedió. Conocí personalmente los hechos sucedidos en el Complejo 17 de La Tabalada y conozco el terror que causó la represión”. Además dedicó su testimonio a la memoria de Luis Tarquini, ex detenido de la Brigada de Investigaciones de San Justo que falleció antes de poder dar testimonio en este debate.
A continuación presentó un extenso y detallado PowerPoint para desarrollar sobre los efectos psicosociales del Terrorismo de Estado. En principio dio una definición al decir que “la situaciones traumáticas de origen social, como es un genocidio, inciden tanto en las personas que los sufren directamente como en el cuerpo social en su conjunto”. Así según Kordon el efecto sería en múltiples generaciones y también a través de las generaciones “porque a más de 40 años del golpe genocida ya estamos trabajando sobre efectos en la tercera generación afectada por este fenómeno”. Por ello afirmó que desde el EATIP conciben lo ocurrido con la dictadura militar como un Genocidio, en el sentido estricto del “aniquilación material de un grupo social” que ha desarrollado el sociólogo Daniel Feierstein en sus trabajos, pero, agregó Kordon, “correspondida con la necesidad de producir modificaciones en las relaciones sociales” y sobre todo con el hecho de que “el poder que implementa el genocidio produce una narrativa para intentar generar consenso sobre lo ocurrido”.
Así, para Kordon el sistema de terror de la dictadura se propuso tanto la represión directa, con el secuestro, la tortura, la desaparición, la apropiación de niños, las torturas sexuales, el exilio, etc, como elementos constitutivos, como también la instalación de un discurso dominante que garantizara las condiciones para el control social. En el caso argentino la psiquiatra citó las campañas de inducción psicológica que desarrolló el régimen dictatorial a través de los medios de difusión masiva para culpabilizar a las víctimas e imponer el silencio sobre lo sucedido. “El objetivo era crear un modo de comprensión de los sucesos que estaban ocurriendo y que la población asumiera como natural el terror y la represión dictatorial”, afirmó Kordon. 
Además explicó el mecanismo de las situaciones traumáticas, aquellas donde ciertos estímulos invaden violentamente la vida psíquica de la persona, donde se siente que se pierden todos los apoyos donde sustentarse y donde el sujeto no está en condiciones de metabolizar lo que le sucede. Así, una situación traumática de origen social como lo es ser víctima directa o indirecta del terror represivo, tiende según Kordon a producir parálisis y desestructuración psíquica, por eso dificulta la implementación de defensas adaptativas: “es tal la potencia del estímulo que la persona no puede responder”.
Con ello, además del sentido individual que se le otorgue al hecho traumático sucedido, Kordon destacó el procesamiento social de las situaciones traumáticas y dijo “yo no conozco ninguna otra experiencia en donde se haya vivido situaciones de terror de parte del Estado en las que haya habido un proceso de respuesta social al traumatismo como la hubo en la Argentina. No ha ocurrido ni en países vecino donde hubo dictaduras militares. En el caso del Holocausto se tardó 20 años para empezar a revisarlo socialmente. En Argentina la lucha contra la impunidad y el castigo a los responsables se dio durante la misma dictadura”.  Por esto si hay un procesamiento individual, pero también social de los fenómenos, esto lleva a pensar a lo social no como externo al sujeto sino como parte de la interioridad de la persona. Por eso una respuesta social a los discursos dominantes establecidos por el represor rompe la alienación que ese discurso pretende y hace a un lado el mandato de silencio social sobre lo sucedido, que no sólo opera obligando a callar sino también instando a ser vocero de ese discurso dominante.

Kordon definió con claridad la estricta mecánica de la tortura, lo que vale tanto para las prácticas dictatoriales como para las veladas prácticas represivas en gobiernos constitucionales a los que cuesta mucho llamar democracia: que la tortura es una práctica sistemática ejercida por agentes del Estado en función de tales cuyo objetivo, además del de obtener información para la represión, es aniquilar la resistencia de la persona y destruir su identidad, incluida la autoestima. En esa “experiencia extrema en la que ronda el fantasma de la muerte” se impone la destrucción del esquema corporal y se vivencia una soledad extrema de la que, quizás, nunca se vuelve.
Ahora, sobre una forma específica de la tortura, los delitos sexuales, la especialista estableció que fue en dictadura una práctica habitual en los centros clandestinos de detención, una práctica que ha sido y es poco denunciada, ya que las víctimas en general sólo lo han contado a personas muy cercanas.
En lo ensencial la tortura sexual, como forma extrema de la violencia de género, tiene como efecto atemorizar y confinar a la mujer a un espacio psíquico y simbólico de subordinación y temor permanente. Pero lejos de reducirse a la acción de algunos individuos que solo buscan el logro personal de una satisfacción sexual o el ejercicio de un poder de sometimiento sobre la mujer, tiene múltiples afectaciones (psíquicas, biológicas y relacionales) y como política de Estado en dictadura buscaba destruir la identidad y el funcionamiento sexual en la mujer ya que el cuerpo erógeno es el núcleo de la identidad personal, y tiene en el varón un efecto destitutivo del rol asignado de macho fuerte y activo.
Para Kordon los delitos sexuales son motivo de un doble silenciamiento: desde el Estado que los produce, antes desde el aparato militar-policial-penitenciario, pero hoy se dice “lo personal es político” y “el Estado es responsable” ante un crimen sexual, pero por otro lado también desde las víctimas, que se identifican con la culpabilización.                                  
La sanción jurídica y social de la tortura sexual en el marco del Terrorismo de Estado en la Argentina contribuirá a la reparación colectiva de las víctimas y a la lucha contra la impunidad” afirmó la psicoterapeuta.
Llegados a este punto para Kordon la importancia de las prácticas de respuesta social a los diversos crímenes de Estado radica en la construcción de representaciones sociales y enunciados identificatorios contra hegemónicos. En sus propias palabras: “Así como las Madres de Plaza de Mayo ocupan la escena pública durante la dictadura exigiendo la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, el juicio y castigo a los culpables, juegan un rol de desnaturalización de la represión y fundan un nuevo principio de realidad, de denuncia y de demanda hacia el Estado. Por eso el movimiento de DDHH sostenido a lo largo de más de 40 años tuvo un papel fundamental que es la lucha contra la impunidad”.  Pero además Kordon fue más allá y planteó que así como es destacable el papel de las mujeres en la resistencia anti dictatorial es hoy el surgir del poderoso movimiento de mujeres el que posibilita dar un marco de respuesta social a los delitos sexuales. Hoy hay un mejor marco para plantear que lo sexual es simultáneamente privado y social. A entender de la especialista, por eso mismo hoy se comienzan a escuchar con mayor soltura algunos testimonios de tortura sexual ocurridos en los Centros de exterminio de la dictadura, porque hay una mayor elaboración social de la intensa relación entre la acción colectiva y lo individual o singular.
En una brillante y extensa exposición, Kordon depuso también sobre la memoria como campo de disputa, el efecto reparador de los juicios a los genocidas y la transmisión de lo traumático del Terror de Estado en la segunda y tercera generación de afectados, los hijos de desaparecidos, los jóvenes apropiados e incluso los hijos de los genocidas que se han formado y visibilizado como uno de los más recientes colectivos de Derechos Humanos que repudian el genocidio y hasta reniegan de sus apellidos.
Finalmente, a pregunta de la querella de Justicia Ya sobre el efecto de la ausencia física de los genocidas imputados en las audiencias del debate, Kordon planteó que la presencia de los verdugos al momento de testimoniar los sobrevivientes es una situación muy fuerte, pero no necesariamente traumática, ya que la víctima puede eventualmente relatar hechos y situaciones frente a su verdugo que de otra manera no las podría decir. En los juicios de La Plata parece empezar a imponerse la modalidad contraria, presencia de los represores al inicio del debate para las indagatorias y luego ausencia total hasta la sentencia.
El testimonio de Diana Kordon devela en esencia que esa memoria pensada como disputa tiene batallas específicas y que la aparición en los relatos de los sobrevivientes de los delitos sexuales que sufrieron y su conceptualización como delito autónomo y parte esencial del plan sistemático de represión va a tono con el avance del movimiento de mujeres en el planteo de estas problemáticas y debe recibir la debida atención y castigo de parte de la justicia.


A continuación se escuchó a otra testigo de concepto, SOFÍA EGAÑA, antropóloga e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense que realizó una descripción de la tarea de identificación de José Reinaldo Rizzo, secuestrado el 17 de noviembre de 1976 y asesinado tras pasar por los CCD Brigada San Justo y Brigada de Investigaciones de Lanús (Avellaneda), conocido como “El Infierno”.
Convocada por la querella de Justicia YA, Egaña explicó que el EAAF trabaja como auxiliar de la justicia aplicando la ciencia forense para la identificación y determinación de causales de muerte de restos esqueletizados, descompuestos o quemados, en contextos donde hubo personas desaparecidas y cuerpos sin identificar. En este caso su tarea consistió en un análisis antropológico, médico forense y genético sobre restos óseos derivados desde la Asesoría Pericial de La Plata (APL) y recuperados en distintas exhumaciones realizadas por orden judicial desde 1984.
La licenciada explicó que por entonces “diversos juzgados ordenaron el levantamiento de restos en 8 o 9 cementerios de la provincia de Buenos Aires, que fueron derivados para su análisis a la Asesoría.  En esos años las exhumaciones se hicieron de forma inadecuada por bomberos o sepultureros, utilizando maquinaria pesada, lo que impidió determinar las condiciones de hallazgo y evidencia asociada a esos cuerpos”. Agregó que luego los organismos de DDHH y el Estado convocaron al doctor Clyde Snow, antropólogo norteamericano fundador el EAAF, y se comenzó un trabajo sistemático y científico de recuperación de restos. Y entre las primeras exhumaciones del año ’84 se recuperaron los restos de quien posteriormente fue identificado como José Reinaldo Rizzo en el cementerio de Isidro Casanova, La Matanza, conocido como “cementerio Villegas”. Fueron derivados a la APL, guardados en bolsas en depósito hasta fines de los años ’90.
Recién en 2002, por oficio judicial, el EAAF recibió esos materiales para su análisis. Se trataba de un total de 77 cajas y bolsas con evidencia y carteles casi ilegibles, de los cuales se rearmaron los restos de 70 personas, 17 mujeres y 53 hombres. Esos restos fueron llevados a la Morgue Judicial de CABA y tanto el EAAF como el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, realizaron los estudios.
En lo que interesa a este debate, Egaña explicó que entre los restos había un grupo de 5 cuerpos hallados en fecha 31/12/76 en La Tabalada y con causal de muerte asentada como “hermorragia aguda”. Una de las actas llevó a la identificación de los restos de Rizzo. En su caso el material eran 2 bolsas negras inventariadas como Nº28 y 54, etiquetadas como “sin rótulo” y una de las bolsas con una etiqueta que decía “bolsa 18 ic nº7” (ic refiere a Isidro Casanova). Del estudio antropológico de los estos se determinó que se trataba del esqueleto de una sola persona al que le faltaban huesos de manos y pies, y correspondían a un masculino adulto, de entre 36 a 48 años, de 1,75 metros de altura, sin patologías graves anteriores a la muerte y con material odontológico que aportaba a la identificación. Los restos presentaban varias lesiones producidas en circunstancias de la muerte de la persona: fracturas en la mandíbula, clavícula izquierda, húmero izquierdo, cúbito derecho, 3 costillas izquierdas y segunda vértebra lumbar, todas compatibles con lesiones producidas por al menos 3 proyectiles de arma de fuego. De hecho se encontró un fragmento de proyectil alojado en una vértebra. La coincidencia entre el hallazgo del cuerpo en Tablada, su ingreso al cementerio en Isidro Casanova y los detalles del análisis forense, sin embargo no eran suficientes para la identificación científica plena. Por ello en 2008 se envió material a un laboratorio de EE.UU. para cotejar el perfil genético de los restos junto con material de los perfiles genéticos producidos a través de muestras del banco del EAAF de familiares de desaparecidos, parte de su campaña “Iniciativa Latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas”. El resultado dio en 2009 un 99,9% de compatibilidad con la identidad de José Rizzo.

Finalmente Egaña señaló que de los 70 cuerpos exhumados originariamente como parte del proceso en el que ella tuvo participación, se identificaron 40 personas. Recordemos que como parte de su tarea el EAAF ya recuperó 1.400 cuerpos e identificó a 795 personas detenidas-desaparecidas. Los informes anuales de la tarea del organismo pueden verse en
José Reinaldo Rizzo fue trabajador de la fábrica Cegelec y delegado gremial en esa tarea. Además integró el grupo de militancia que para el año ’76 se encontraba armando el Partido Peronista Auténtico en la zona, junto a otros referentes desaparecidos como Gustavo Lafleur, Ricardo Chidichimo y Héctor Galeano, todos sindicalistas de La Tablada, Villa Luzuriaga y Villa Constructora, que fueron secuestrados en serie y llevados primero a San Justo y luego a Avellaneda.
En la 3ra audiencia de este debate Nancy Rizzo, hija del dirigente gremial, dio su testimonio con las cenizas de su padre en una urna de madera y dijo “No es morbo,  mi papá está acá presente”. Relató el secuestro de su padre por una patota de tipos de civil de la humilde casilla que ocupaban en la calle Berón de Estrada de La Matanza. Lo recordó como una persona muy solidaria y combativo en los reclamos laborales y afirmó que durante un lapso previo al secuestro su padre había estado escondido porque había sido golpeado y amenazado por punteros de la patronal. Nancy relató la búsqueda infructuosa que realizó su madre, hasta que por dos hermanos de apellido Solís y Nilda Eloy, todos ex detenidos del CCD “El Infierno”, confirmaron el paso de José con vida por ese lugar hasta  fines de diciembre del ‘76. Nancy detalló que por sus averiguaciones hoy sabe que  su padre fue asesinado y su cuerpo plantado a 15 cuadras de la casa de la familia con información fraguada de un supuesto enfrentamiento recordado periodísticamente como “El tiroteo de Aldo Bonzi”. Nancy contó además que todo el procedimiento en la Morgue policial de La Plata fue irregular, que los restos de su padre fueron exhumados en 1984 en el cementerio Villegas de San Justo, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2009 y recién entregado a la familia 1 año más tarde. Nuevamente la desidia judicial se impuso en el caso: en esta causa como en la ya elevada a juicio por el CCD “Infierno” sólo se contempla el secuestro y tormentos a Rizzo, pero no por su homicidio, producido desde la Brigada de Lanús. “¿Me van a decir que esto no es un homicidio?”, preguntó Nancy a los jueces señalando la urna con los restos de su padre, y agregó “Yo esperé 42 años este momento. Uds van a decidir si creí en la justicia en vano o no”. Con esa sencilla frase se impuso el reclamo de un poco de coherencia, es decir que se haga pesar judicialmente algo que no en todos los casos sucede, y que es toda una aparición: la confirmación de la identidad de los restos y de la verdad sobre el destino final de las personas que quiso eliminar el Terrorismo de Estado. La oportunidad de saldar tanta indolencia aún está abierta.   


Y si de enmiendas se trata, al finalizar la audiencia el fiscal Agustín Vanella realizó un planteo donde advirtió que en la instrucción de la causa realizada por el Ministerio Público hubo un error en la identificación de una víctima. Se trata de quien según testimonios era apodado “Polenta” y quien en principio se identificó como Ricardo Pérez, supuestamente secuestrado en Hurligham el 16/9/77 junto a Enrique “Pluma” Rodríguez y llevado a la Brigada de San Justo entre octubre y diciembre de ese año. Ahora, por diversas averiguaciones, habría indicios de que “Polenta” es la víctima Luis Ángel García. Con ello solicitó la citación a prestar declaración de Pedro García, hermano de la víctima, Carlos Rivarola, ex militante de la UES que conoció a García, y volver a convocar a Adriana Martín y Elda Rodríguez, que ya declararon en el debate.
En el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) figuran los datos de Luis Ángel García Cabrera, de 20 años, oriundo de Capital Federal, secuestrado el 30/9/77 en San Justo. Aclarada la situación y sin oposición de las partes, se hizo lugar al planteo y se citará a los testigos requeridos para profundizar los hechos de la desaparición de García.

La próxima audiencia será el miércoles 3 DE JULIO desde las 11 hs. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.

martes, 18 de junio de 2019

05 DE JUNIO: VIGESIMA NOVENA AUDIENCIA

Organización y consecuencias del genocidio


Con dos testimoniales de concepto continuó el juicio por uno de los CCD más grandes que estableció en la zona oeste del conurbano la Policía bonaerense en dictadura. El psicoanalista y psiquiatra Vicente Galli se refirió a los efectos psicosociales del Terrorismo de Estado, y la perito de la CPM Claudia Bellingheri desentramó la estructura policial-militar de la represión en la zona oeste, revisada desde el fondo documental del área de inteligencia de la Bonaerense.


Por HIJOS La Plata
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El primer testimonio de la jornada lo brindó VICENTE GALLI, médico psicoanalista y psiquiatra, miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, Director Nacional de Salud Mental (’84-’89), profesor Titular del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA (’87-’04), que ha investigado y publicado largamente sobre clínica psicoanalítica, identidad e identificaciones, psicoterapia psicoanalítica y, lo que más interesa a este debate,  efectos psicosociales del Terrorismo de Estado. Dos de sus textos son esenciales para conocer su trabajo: “Terror, silencio y enajenación”, en “Efectos de la Represión, la dimensión de lo psíquico” (1984) y “Trabajo del clínico, Terrorismo de Estado y futuro de los psicoanalistas”, en “Violencia de Estado y Psicoanálisis” (1988).
Propuesto por la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Galli comenzó su exposición aclarando que habla “desde el campo de la Salud Mental, que es un ámbito de conocimientos, experiencias, conceptualizaciones y formas de abordaje de las problemáticas de la vida mental y de sus sufrimientos; que se fue desplegando desde mitad del siglo pasado, dando apertura a un gran abanico de prácticas que demuestran reiteradamente su validez y eficacia”.
Para encuadrar su intervención Galli planteó que su mirada se basa en atender a la complejidad de lo humano, que hace que tanto la cualidad de lo mental en general como sus zonas de padecimientos y sufrimientos, no puedan quedar abarcados por denominaciones simples y clasificatorias, breves y burocratizadas, de las llamadas enfermedades mentales o trastornos mentales. “Ejemplo de esto sería referirse a las víctimas del terrorismo de estado como ‘enfermos’ que padecen de Estrés Post traumático, y sintetizar 4 ó 5 síntomas de malestares que se consideren más o menos típicos en las problemáticas postraumáticas de cualquier origen. Con eso no digo nada” ironizó el médico. Agregó que prefiere ampliar la mirada de la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”, tal como lo estipula la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 sancionada en el 2010 y reglamentada en el 2013. Galli afirmó también que para encarar este tipo de problemáticas hay que ubicar la mirada “sobre la misma cruel problemática de las civilizaciones en el desarrollo de sus historias evolutivas”, y analizando desde una perspectiva jurídica sintetizó que el concepto de “crímenes de lesa humanidad”, como ataque grave a los derechos humanos que son un agravio no solo a las victimas concretas sino a la Humanidad en su conjunto. Así el concepto de “Genocidio” acota con mayor precisión a las puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, y que tiene como objetivo el aniquilamiento de colectivos humanos como un modo especifico de destrucción y reorganización de relaciones sociales. “El genocidio es una tecnología de poder peculiar, una práctica social, con causas, efectos y consecuencias específicas” explicó Galli y agregó que lo que busca es “anular emergentes de los conflictos de poder económico-políticos de la época y del lugar, para cambiar un recorrido posible de las realidades históricas, mediante la estigmatización y la aniquilación de aquellos a los que se les adjudica ser la fuente de todos los males. A ellos hay que estigmatizar, convertirlos en deshechos, hacerlos desaparecer, buscando la tachadura de sus existencias y de las memorias que se pueda mantener de sus vidas y de los valores que representen o simbolicen”.
Tras media hora de un verbo pausado y muy bien documentado, pero por momentos lejano al interés del juicio, la testimonial se reencausó preguntándole específicamente sobre los efectos que el Terrorismo de estado han dejado en las víctimas sobrevivientes, sus familiares y la sociedad toda, que lo ha vivido los años de la dictadura como una experiencia traumática. El médico contestó que hoy pensamos como consenso que existe un núcleo duro de los derechos humanos: la vida; la integridad física y mental, la libertad personal, la igualdad y la dignidad. Así, todos los factores que atenten en formas organizadas ilegalmente contra ellos, con conocimiento y búsqueda de esos objetivos por los responsables pueden considerarse como diversas formas de torturas. Lo que no le quita especificidad a las torturas ejercidas directamente sobre los cuerpos de las víctimas, pero si amplia su rango alcanzando a una cantidad de factores que dañan integralidades, libertades y dignidades físico-mentales. En ese ejercicio de la tortura “el repertorio es muy vasto y actual en nuestro mundo globalizado y mediático”, dijo Galli, “donde los sistemas de producción y de mercado, preocupados ante todo por la rentabilidad financiera, desconocen y niegan el costo humano que ellos les trae a muchísimos congéneres, a quienes cada vez menos parecería que les cabe el reconocimiento como semejantes, y pasan a ser excluidos”.
Ahora, específicamente sobre las torturas con fines políticos, como medio de martirio para suprimir o doblegar al adversario utilizada en el Terrorismo de Estado para sostener y consolidar su hegemonía, Galli aportó que “cuando las vivencias y marcas del horror que van más allá de lo posible son producto de políticas de exterminio y silenciamiento de masas de población con las que ya no tienen éxito los métodos habituales de control de acciones y pensamientos, esas políticas buscan como solución final la desaparición hasta de las huellas de la existencia de lo que se consideran vidas y/o ideas inadmisibles para el poder”. El médico señaló de manera contundente que “los efectos se esparcen por las víctimas directas y por todo el tejido social” y que “los objetivos silenciadores y enajenantes en todos los integrantes del tejido social se producen en las épocas activas del sistema de exterminio y ocultamiento, continuando en un presente continuo en las épocas en las que ya no es ejercido manifiestamente, manteniéndose en las dicotomías entre los polos del recordar, hablar, pensar y reconstruir, por un lado; y, por otro, en seguir dando por no existente lo acaecido, olvidarlo, banalizarlo u oponerse a considerar que quedan efectos manteniendo negaciones y renegaciones”.
Describió consecuencias específicas según las figuras sociales derivadas de las caracterizaciones de los delitos de Lesa humanidad. La de desaparecido, donde las políticas de exterminio “aparecen como solución final que busca hacer desaparecer hasta las huellas de la existencia de lo que son considerados ideas, prácticas o vidas inadmisibles para el poder, obligando a los familiares y amigos a incertidumbres agónicas, búsquedas desesperadas, a la tortura de quedar sin posibilidad de reiterar el duelo originario que permite hacer nacer desde sus contradicciones afectivas esenciales la actividad metafórica y poética del pensamiento y las capacidades de simbolización, que en el tejido social “significan incertidumbres persecutorias y agujeros simbólicos” donde “es imprescindible la reparación social como complemento imprescindible al trabajo individual”. La de torturado-sobreviviente, que retornó de los campos de concentración con las marcas de las avalanchas de espanto, horror, sideración de pensamientos y demolición del cuerpo, que hace muy difícil el relato a un tercero o aún a sí mismos, que es “la concreción de lo siniestro”, y donde al estar “quebrada la identificación originaria con lo humano – que es constitutiva de todas nuestras comprensiones sobre el origen del sujeto psíquico,– el sujeto queda fragilizado o fisurado”, y donde “no solo sufren las víctimas sino toda la sociedad”. La de niño/a apropiado/a,  donde la verdadera secuencia es secuestro, desaparición y apropiación, donde se busca “la extinción definitiva de la herencia biológica, psicológica e ideológica de las víctimas”, donde se manipula el sentimiento de amor a la niñez y a la descendencia con el argumento del supuesto bienestar de los niños, para inducir a la confusión o al silenciamiento de la acción inhumana” del Terror de Estado.
“El ‘genocidio reorganizador argentino’ es una de las experiencias más sintéticas y logradas como modo de destrucción y refundación de relaciones sociales”, sentenció Galli, y enumeró algunos de los valores esenciales dañados: la identificación del otro como un par, la indignación ante las injusticias, la primacía de la solidaridad y del compromiso activo, la esperanza y las prácticas de las construcciones colectivas; todo ello para conseguir las paralizaciones por la generación de confusiones, escepticismos y fragmentaciones , las desconfianzas generalizadas, los temores a la delación, la atomización de la sociedad en infinidad de reclamos individuales, con rupturas de las relaciones de reciprocidad,  la generación de caracterizaciones imposibles de dialogar entre sí, con multiplicidad de identidades (nacionales, étnicas, sexuales, políticas) encerradas en sí mismas, incapaces de darse por enteradas de las necesidades del otro, el terror o escepticismo ante la posibilidad crítica o contestataria, de lo que se derivan dificultades para organizarse y para construir proyectos, que para Galli constituyen “consecuencias todas de los objetivos estratégicos de la prácticas del genocidio reorganizador en la sociedad y la permanencia de sus efectos en el tejido social”.
El psicoanalista remató su relato reflexionando sobre los efectos rehabilitadores que tienen estos juicios por delitos y crímenes de Lesa Humanidad en la calidad de vida mental de las personas, los grupos y del tejido social en general. Dijo que el efecto de rescate e historización que contienen los juicios “implica estar reconstruyendo sucesos acaecidos en el pasado para probar que tuvieron existencia, con lo cual se los actualiza, se los hace presentes no solo nombrándolos a distancia sino reviviéndolos con registros sensoriales intensos. Se los sustancializa como hechos y se lo vivencia como reales”. Además destacó el rol de los testigos en estos debates  ya que, en su concepción, “al mismo tiempo que representan tanto a los que no sobrevivieron y a los que aunque volvieron de la experiencia concentracionaria, lo hicieron sin poder hablar ni conectarse socialmente. Todos ellos, los sobrevivientes, los familiares y otros ciudadanos, afectados por los acontecimientos, actúan representando y simbolizando a todo el tejido social atacado”.
Para finalizar Galli realizó un elogio conceptual de los juicios por crímenes de lesa humanidad y sentenció que entrañan una elaboración colectiva, que es jurídica y política: “La condición de víctima se caracteriza por la soledad … si la Justicia salda la deuda asumida por los que prometen un Estado de Derecho, es decir un mundo justo, la memoria pueda recuperar libertad, sale de paralizaciones, fragmentaciones y desconfianzas, generando un espacio confiable, validado, compartible, hacia una memoria apaciguada y socialmente fértil”.  Resulta esperanzador recrearse en estos conceptos en una sociedad atacada permanentemente por la violencia planificada de los de arriba, la segregación, la deshumanización y la creación sistemática de una marginalidad que luego sirve de excusa para desplegar el aparato represivo estatal. Pero en la persistencia siniestra de esa dinámica del terror sistemático de la fuerza estatal, que produce confinados muertos, fusilados y desaparecidos tanto en dictadura como en democracia, se hace difícil sostener la esperanza sin dejarse llevar a una manía fantaseosa, una ficción. O como lo planteó el filósofo rumano Emil Ciorán: “contra la obsesión de la muerte, los subterfugios de la esperanza se revelan tan ineficaces como los argumentos de la razón”.




A continuación el segundo y último testimonio correspondió a CLAUDIA BELLINGERI, directora del programa Justicia por delitos de lesa humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que ha prestado relato en varios debates orales por delitos de lesa humanidad y desentramó el andamiaje represivo-burocrático que actuó como herramienta fundamental del genocidio producido por la última dictadura.
Bellingeri explicó el origen del fondo documental que custodia, estudia y sistematiza la CPM en los archivos de la ex Dirección General de Inteligencia de la Policía del Provincia de Buenos Aires, que cuenta con más de 4 millones de folios, 200 mil fichas personales, 40 mil fichas temáticas, y registra información de inteligencia sobre la conflictividad social en la provincia producida entre 1930 y 1998, ya que si bien la DIPPBA como tal fue creada en 1956, ya que sus áreas antecesoras, la “División de Orden Público” y el SIPBA, también registraban información para la persecución política, incluido el período 1945-1955.






La estructura
Para desarrollar una aproximación al entendimiento de la estructura represiva y la militarización de la represión interna, la perito señaló que desde 1975 la seguridad interna del país pasó de ser casi exclusivamente de incumbencia policial a estar bajo la autoridad de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército, y que ello se formalizó por medio de los decretos 2770, 2771 y 2772, dictados 6 de octubre de 1975 por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que facilitaron la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos relacionados con la seguridad interior. Al respecto explicó que el Decreto 2770/75 constituyó el Consejo de Seguridad Interna, que estuvo integrado por el Presidente de la Nación, los ministros y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Este consejo tuvo a su cargo “la dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión”. También le otorgó mayores facultades al Consejo de Defensa, creado en 1974 por la ley de Ministerios Nº 20524, como “asesorar y proponer al Presidente de la Nación las medidas necesarias a adoptar en los distintos ámbitos del quehacer nacional para la lucha contra la subversión; (…) coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la ejecución de medidas de interés para la lucha contra la subversión; y conducir las acciones de la lucha contra subversión”. El decreto 2771/75 estableció que el Consejo de Defensa podía suscribir con los gobiernos provinciales los convenios necesarios para colocar bajo su control operacional al personal y los medios policiales y penitenciarios. Y el 2772/75 determinó que las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, ejercido por el Consejo de Defensa, procedieran a “ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Motivados por el ataque de la organización Montoneros a una unidad militar en Formosa en octubre del ‘75, estos decretos fueron una cobertura legal que los militares obtuvieron del gobierno peronista para consumar una intervención criminal que en realidad ya se estaba perpetrando en el país, en 1975 con el llamado “Operativo Independencia” (puesto en funcionamiento por decreto 261/75 de febrero de ese año) y desde fines de 1974 con el accionar de los grupos paraestatales como la Triple A, la CNU y el Comando Libertadores de América. Recordemos la ley 20.642 de enero de 1974, que modificaba el Código Penal elevando las penas y volviéndolas más severas que bajo el régimen del onganiato; así como el decreto N° 1.302 de abril de 1974 firmado por el propio Perón y su ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, que prescribía las directivas aplicables para los conflictos denominados “graves”, el nº1 denominado “Topo” y nº 2 denominado “Yacaré” y cuyo objetivo era “eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre”; o bien la ley 20.840 de Seguridad Nacional de septiembre del mismo año que versaba sobre las “Penas por actividades subversivas en todas sus manifestaciones”; para no mencionar el establecimiento del Estado de Sitio del 6 de noviembre de 1974 en todo el territorio argentino.
En este contexto, Bellingeri afirmó que el accionar represivo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvo como soporte principal un exhaustivo trabajo de inteligencia estatal. El establecimiento de la denominada “Comunidad Informativa”, integrada por las áreas de Inteligencia de las 3 Fuerzas Armadas, más las de las policías provinciales y las fuerzas de seguridad federales, y su accionar conjunto y perfectamente reglado, puede rastrearse en varias directivas. Una es la descripción de las “Ideas Rectoras” presentes en la Directiva 404/75 del Ejército, que menciona que “la actitud ofensiva a asumir por las Fuerzas Armadas, más los elementos puestos a sus disposición (policía federal, policías provinciales, gendarmería nacional, prefectura, servicios penitenciarios) deben materializarse a través de ejercer una presión constante, en tiempo y espacio, sobre las organizaciones, a través de actividades de inteligencia”. A un año de producido el golpe y desplegado el genocidio, puede verse a través de la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N°504/77, en su apartado C, establece que “Si durante la ejecución de una misión policial específica se detectase un hecho o actividad subversiva, los elementos policiales ejecutarán por propia iniciativa las acciones para su eliminación, informando inmediatamente al comando operacional del cual dependen”, o bien que  “en todos los niveles militares de comando, representantes de los elementos policiales provinciales bajo control operacional integrarán los organismos de inteligencia y de operaciones”.
Así la perito analizó la Directiva 404/75 con la que el Ejército estableció su rol de conducción en la lucha contra la subversión “con responsabilidad primaria el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión”, a la vez que estableció una organización territorial dividida en cinco zonas de defensa numeradas, según su correspondencia geográfica y jurisdiccional con los 5 cuerpos del Ejército, cada zona dividida en sub-zonas y estas a su vez en áreas, estructura que se denomina “Zonificación militar” de la represión.
El Comando de Subzona 11 estaba a cargo de la 10ma Brigada de Infantería, con asiento en La Plata, y tenía jurisdicción en 23 partidos del conurbano sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Plata y La Matanza. En el Área 114 (Partidos de La Matanza, Marcos Paz, Las Heras, Navarro y Lobos) el Grupo de Artillería Mecanizada, ubicado en Villa Martelli, gestionaba los Centros Clandestinos de Detención “El Banco”, “Sheraton”, Comisaría 2da de La Matanza y la Brigada de Investigaciones de San Justo.
Por su parte, el Comando de la Subzona 16, a cargo de la Primera Brigada Aérea de El Palomar, actuaba sobre los partidos de Merlo, Moreno y Morón, y gestionaba los CCD “Mansión Seré”, 7ma Brigada Aérea de Castelar, Hospital Posadas, 7ma Brigada Aérea de Morón y “La Casona” en el interior de la 1ra Brigada Aérea de Palomar.
Para una mejor comprensión de este esquema de la represión genocida puede consultarse:
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/zonas/zonas.htm
En este debate están imputados el jefe del Área 114 en los años ’75-’76, Hugo Idelbrando Pascarelli, y el subjefe entre ’77-’79, Rodolfo Enrique Godoy. En el acervo de DIPPBA existen documentos que confirman la actuación de efectivos del área 114 en conjunto con la Unidad Regional Morón desde 1975 realizando allanamientos y detenciones. Ya en el año 1976 en adelante varios legajos refieren “enfrentamientos” y “hallazgos de cadáveres”.


El destacamento 101
Respecto al Destacamento 101 del Ejército, ubicado en calle 55 entre 7 y 8 de La Plata y que tiene a 5 de sus integrantes imputados en este debate, Bellingeri destacó que en la estructura represiva los Destacamentos de Inteligencia fueron los órganos que garantizaron el desarrollo del plan sistemático. El informe de la CPM aportó al TOF 1 de La Plata afirma que la tarea de los Destacamentos “consistió en desplegar una persecución masiva sobre los ciudadanos, tenerlos controlados y proceder a su secuestro en el caso que se considerara necesario”, que “la tarea de inteligencia se completaba en el lugar de detención de las victimas donde la función de los agentes de inteligencia era participar de los interrogatorios(elaborarlos y ejecutarlos) recoger la información extraída a las víctimas para luego volver a planificar (a partir de esa información) otro secuestro”, y que “los Jefes de los Destacamentos de Inteligencia actuaban de manera coordinada con los Jefes de Áreas con quienes sistematizaban las acciones operativas de secuestro, ubicación de los secuestrados en el primer CCD, tortura para extraer información, decisión sobre la permanencia o traslado de la víctima a otro destino”. Los Destacamentos se organizaban a través de las Unidades de Inteligencia que en particular eran las encargadas dedicarse a interrogar, además existía un grupo específico llamado las “tropas capturantes” encargado de la parte operativa y del traslado de las víctimas a los Lugares de Detención Temporaria (LDT). Dentro de la estructura orgánica del Ejército, el 101 dependía de la Jefatura de Inteligencia (Jef.II) y mantenía de manera simultánea un canal de comunicación orgánica con el Batallón 601 de Inteligencia. A su vez el Jefe de Inteligencia era miembro del estado Mayor del Ejército.
Así, al Destacamento de Inteligencia 101 le correspondió actuar en casi la totalidad del territorio bonaerense particularmente en la Sub-Zona 11 (Xma Brigada Mecanizada) coordinando con las diversas Jefaturas de Áreas. Para lo que interesa a la zona de los hechos comprendidos en este debate, la coordinación se efectuó con el Jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 (Área 114). A su vez el Destacamento 101 garantizó la formación de al menos dos “Centros de Reunión de Información” (CRI) dentro del Partido de La Matanza uno ubicado en La Tablada y el otro probablemente en la sede de la Xma Brigada.
Según el informe 2009 del Ministerio de Justicia de Nación sobre el Destacamento 101 cada Comandante “de zona y subzona del país debía construir, bajo su Comando y en todos aquellos lugares de su jurisdicción en que hubiera comunidades Informativas, pequeñas centrales de reunión de Información que satisfacieran sus necesidades y aportaran lo conveniente a la Central de Reunión de Informaciones, organizada por el Batallón de Inteligencia 601”. La Central de Reunión de Información estaba formada por personal de los servicios de Inteligencia más importantes, como el de Fuerza Áerea, de la Armada, personal del Batallón 601, Institutos Penales, la Superintendencia de Seguridad Federal, Prefectura y SIDE. Esto hacia arriba, pero a su vez hacia abajo y por la dinámica observable en los archivos de la DIPPBA, el 101solicitaba la colaboración a la Policía bonaerense, y mantenía comunicación permanente con la DIPPBA, a cuyos jefes les solicitaba información, enviaba información procesada y solicitaba acciones operativas.
Ello se puede observar en la amplia información aportada por la CPM en su informe sobre esta causa, donde queda claro que la responsabilidad represiva de la zona oeste del conurbado bonaerense quedo bajo las órdenes del Grupo de Artillería Mecanizada de Villa Martelli y que bajo esta responsabilidad operativa se encontraba ubicada la Brigada de Investigaciones de San Justo.



La Brigada San Justo en este esquema
La perito Bellingeri explicó que para el momento de los que hechos que investiga este juicio las Unidades Regionales que controlaban las comisarias ubicadas en La Matanza fueron la Unidad Regional de Morón, que contemplaba entre otros el distrito de La Matanza, y la Unidad Regional de San Martin que intervenía en las localidades lindantes. La Delegación de la DIPBBA que corresponde al conjunto del territorio es la de San Justo.
A su vez el informe de la CPM afirma que “los legajos de la DIPPBA delegación San Justo indican que cumple con Directivas emanadas del ámbito militar para dar conocimiento de lo actuado al Área 114, que es allí donde se encuentra el personal operando”.
La DIPPBA San Justo estaba ubicada en la calle Villegas Nº 2441, sede de la Comisaría 1ra de La Matanza, y a la vuelta de la sede de la Brigada de Investigaciones, calle Salta 2450. De este modo, el centro operacional de la represión en la zona se centralizaba en una misma manzana, aquella delimitada por las calles Salta, Villegas, Almafuerte e Ignacio Arieta.
La exploración documental arroja numerosos legajos que reconstruyen la actividad y operatividad de la Brigada de Investigaciones de San Justo. Así, el legajo Mesa “DS” Varios N° 2703 titulado “Detenidos a Disposición del PEN” y producido por el Servicio de Inteligencia Naval en 1980, lleva el registro de las personas que fueron detenidas, la fecha y lugar donde fue alojada. Allí es destacable que ya para el mes de noviembre de 1975, la Brigada de San Justo fue utilizada como centro de detención. En los legajos puede verse que la DIPBA San Justo, tuvo una actuación determinante en la coordinación con otras fuerzas represivas en la zona de Morón y aledaños. Por ejemplo, en un documento figura que el Suboficial Mayor Luis María Bravo, según consta en su legajo policial DIPBA, revistó en la Brigada de Investigaciones de San Justo desde el enero del ‘70 a enero del ‘78 y quedó registrado que operó a su vez como enlace de inteligencia en el 1er Cuerpo de Ejército. La información de la CPM destaca también que los Jefes de la Sección Regional DIPBA San Justo, fueron Arturo Guillermo MEANA en el ’75, Obdulio NICOLA en el ‘76, Ramón Osvaldo BRAVO durante marzo del ’77 y Miguel Oscar SEDEÑO, entre diciembre del ’76 y el año ’79.

 Seguimiento a las víctimas de este juicio
El extenso informe de la CPM incluye información de inteligencia sobre 64 de las 84 víctimas de este juicio. Los documentos reflejan denuncias de secuestro realizadas en sede policial, se copian los registros de blanqueo a disposición del PEN o en unidades penitenciarias, se detallan los recursos de Habeas Corpus y su resolución siempre negativa, o bien se refiere a las víctimas desaparecidas en listas de búsqueda de personas.
Sobre la sobreviviente Olga Araujo el legajo Mesa Ds, Varios, N° 14657 refleja su solicitud de paradero y el Mesa Ds, Varios, N°11311 informa que la Brigada de San Justo “habría detenido a doce personas entre los concurrentes a la ceremonia religiosa, efectuada en la basílica de San Justo” a cuya salida fue efectivamente detenida. Respecto de Rodolfo Atilio Barberán un acervo documental titulado “Presos políticos de Unidades Penitenciarias Bonaerenses”. Indica su ingreso a la Unidad 9 de LA Plata el 14-11-79 procedente de la sección 1° de La Matanza y lo califica como “detenido especial”.
Sobre el sobreviviente Miguel Isaac Berenstein, Miguel Isaac se localizó el legajo Mesa Ds, Varios, N° 11975, contiene un extenso memorando elevado en julio del ’78 a la central DIPPBA por el comisario Miguel Oscar Sedeño, de la delegación DIPPBA de Morón-San Justo, y  el Mesa Ds, Varios, N° 12144 refiere que el “Grupo de Abogados Argentinos exiliados en Francia” reclama por él y otros 8 letrados secuestrados.
Respecto de los sobrevivientes Ricardo Cabello y Cayetano Castrogiovani se los cataloga “detenido especial” con ingreso a la Unidad 9 de La Plata el  21-11-78- Procedencia: seccion 1° de La Matanza, según el acervo “Presos políticos de Unidades Penitenciarias Bonaerenses”. Sobre Jorge Catanese la carpeta Mesa Ds, Varios, N° 10262, caratulado “Secuestro de Jorge Antonio Catanese. Tres de Febrero, 5ta” contiene la denuncia que realizó en esa comisaría su esposa Salvatorina Usala de Rigo “ante el secuestro de su concubino, Jorge Antonio Catanese, por parte de aproximadamente 10 NN” y se menciona que se interpusieron “habeas corpus que dieron resultado negativo”.
Respecto del desaparecido Ricardo Chidichimo el legajo Mesa Ds, Varios, N° 18267, de junio de 1981 solicita información sobre una serie de personas entre las que se encuentra Chidichimo con sus datos personales, la fecha de su desaparición (20/11/76) y cinco recursos de habeas corpus presentados por la víctima, todos contestados de manera negativa.
Sobre la sobreviviente y exiliada Adriana Chamorro os legajos de la Mesa “Ds” “Varios” n° 6334, nº12117, n° 12134 y Mesa Referencia 17511 ilustran documentalmente las intervenciones operativas del área Militar 114: un parte fechado 06/10/1978 dice que “Se servirá informar carácter urgente al juez federal de San Martín Dr. Manuel García Tuñón, que este Comando de Zona 1 está tramitando la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional de la ciudadana Adriana Chamorro de Corro (L.C. 5.010.177)”. O sea que si bien no informa dónde se halla Adriana Chamorro, al momento detenida desaparecida, no desconoce que ella se encuentra en manos del Ejército y se “está tramitando” el destino de esta víctima.
Respecto de los hermanos desaparecidos Ernesto “Topo” Corrales y su hermano Osvaldo “Café” Corrales una ficha remite a los legajos Mesa Ds, Varios, N° 20405, y refleja la búsqueda de Elsa O de Corrales sobre el paradero de sus hijos y se menciona recursos de habeas corpus presentados por las víctimas y respondidos negativos.

Respecto al grupo de militantes del PC secuestrados en Lanús y sobrevivientes de la Brigada San Justo existen fichas personales de Ana María Ehgartner, su esposo Jorge Farsa, Eduardo Nieves y su esposa Norma Martínez, se localizó una ficha personal que señala “secuestrado y liberado”, y remite en el legajo Mesa Ds, Varios, N° 11.195, que refiere l intervención de la Comisaría 2da de Lanús y dice “Salió 9/2/78” y que deja constancia de la denuncia realizada por el propio Jorge Farsa acerca del hecho. También el legajo Mesa Ds, Varios, N° 13917, caratulado “Antecedentes de Farsa, Jorge (FJC). Deleg. Lanús)” la “Div. C.R.I. Ext.” de la DIPPBA solicita el 17/7/79 a la delegación DIPPBA Lanús que se ratifiquen o rectifiquen determinados antecedentes políticos y personales de Farsa.
Sobre los hermanos militantes de la UES y desaparecidos Jorge Luis y Juan Alejandro Fernández el legajo Mesa Ds, Varios, N° 15658, contienen un parte de abril de 1980 de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), para solicitar información sobre el paradero de una serie de personas entre las que se encuentran los hermanos Fernández, donde se cierra sin respuestas sobre los paraderos.
El matrimonio desaparecido de Laura Futulis y Eduardo Rodríguez figura en el Libro de Registro con fecha 14/9/77 el “Secuestro de Laura Inés Futulis y su esposo…” y remite a un Parte Comando procedente de Merlo. Mesa Ds, Varios, N° 10321, caratulado “Secuestro de Luisa Inés Futulis y su esposo Eduardo Rodríguez. Merlo. R.I.D. 15/9/77”. Contiene la denuncia de secuestro en la comisaría de Merlo por parte de Antonio Futulis en ocasión del secuestro de su hija, Laura Inés Futulis, y su esposo.
El sobreviviente Jorge Garra es mencionado en una ficha personal de Mesa Ds, Varios, N° 13135 y Mesa A, Estudiantil, N° 122, La Plata, caratulado “VI Congreso de Estudiantes Secundarios de la Argentina” donde se menciona a “Jorge Garra de Quilmes” como “Secretario de Prensa y Propaganda” de la Comisión Directiva del Congreso. A la sobreviviente María Graciela Gribo la menciona el legajo Mesa Ds, Varios, N° 12901, caratulado “Solicitud paradero de Gribo de Pagela Toldo Graciela Maria y Kohn Claudia Inés”, con solicitud de paradero iniciada el 6 de abril de 1979 con un parte reservado y muy urgente que la Dirección Gral de Seguridad Interior del Ministerio del Interior envía al jefe de la Policía Bonaerense y se determina que las “causantes se encontraban detenidas en Cria 4ta Matanza hasta el 1/9/78, fecha en la cual pasaron internadas a la U2 Devoto, a disposición Consejo de Guerra Especial N° 1”.
Respecto del sobreviviente Norberto Liwski hay varios legajos. Uno Mesa Referencia, legajo N° 16863, caratulado “Sosa, Víctor Hugo y otros” de 1974 donde SIPBA San Justo solicita poner en marcha averiguaciones sobre personas domiciliadas en el “Complejo 17 de la Ciudad Evita, Barrio Brig. Juan Manuel de Rosas. Matanza 3ra”. Allí se incluye a “Lewski, Norberto Ignacio” (sic) y menciona al sobreviviente de Brigada San Justo Aureliano Araujo como presidente de la Junta Vecinal de Crovara y Camino de Cintura, que corresponde a “la línea peronista radicalizada con orientación izquierdista”. En el cierre del informe se dice que “esta delegación se encuentra abocada a investigar las actividades ideológicas-extremistas” de los causantes.
Respecto de la sobreviviente Adriana Cristina Martín la carpeta Mesa Ds, Varios, N° 7249, contiene la denuncia radicada en la comisaría 3ra de Castelar el 3 de enero de 1977 por parte de Argentina Elba Garriet, a partir del secuestro de su hija, Adriana y otro Mesa Ds, Varios N° 14642,  con solicitud de paradero puesta en marcha el 01/08/79 incluye la búsqueda de Adriana pero tramita de manera burocrática y se cierra con respuesta negativa.

Respecto de José Reinaldo Rizzo, secuestrado y torturado en la Brigada de San Justo y asesinado desde el CCD Infierno el legajo Mesa Ds, Varios, N° 14944, caratulado “Paradero de Rizzo, José Reinaldo y otro” detalla la búsqueda de varias personas, entre ellas Rizzo, a partir de un parte de la Dirección General de Seguridad Interior y menciona dos expedientes judiciales respondidos de manera negativa, tramitados ante el juez penal Anzoátegui, de Morón. Asimismo el Mesa Ds, Varios, N° 19490, caratulado “Rizzo, José Reinaldo y otros” cita tres recursos de habeas corpus negativos por esta víctima. Finalmente el Mesa “DS” varios N°9394 remite a un “Enfrentamiento con elementos subversivos en Avda. San Martin y Chiclana 5 abatidos NN” fechado el 31 de diciembre de 1976, en su interior se encuentra un parte de la Comisaria 3era de Matanza (Villa Madero) en el que se relata un supuesto enfrentamiento que habrían mantenido personal militar con 5 N:N, en la Avenida San Martin y Chiclana, resultando abatido los 5 N.N, en el interior de los vehículos ( 1 Dodge y 1 Fiat 1500, se localizaron panfletos firmados por la agrupación montoneros. Aclara el parte que el personal salió ileso. Recordamos que el armado respecto al plantado del cuerpo de su padre y las irregularidades en las constataciones posteriores del hecho fue denunciado por Nancy Rizzo en este debate.
Respecto del desaparecido Saúl Jaime Szajnbaum el legajo Mesa Ds, Varios, N° 3384, de 1975 caratulado “Campaña de acción psicológica del ERP. Presunta lista de víctimas de la organización A-A-A”, detalla a la víctima en un listado que es remitido por la Side a la Dippba en mayo de 1975, “referente a detención de elementos subversivos”, sobre los cuales se solicita “identificación completa de los detenidos, antecedentes ideológicos y/o subversivo de los mismos, situación actual en la que se encuentren, posibilidad de remitir fotografías de los causantes”. Otras carpetas Mesa Ds, Varios, N° 2703 y N° 10609 detalla “Pedido de captura (activ subversivas). Tomo 5. Anexo 1” por el Servicio de Inteligencia Naval el 20 de octubre del ’77, es decir un mes antes de su secuestro, y también refiere un requerimiento de “búsqueda y captura” de una serie de personas entre las que se encuentra esta víctima, ordenado por el Ejército al jefe de la Policía de Buenos Aires.
Finalmente sobre las víctimas desaparecidas Herman VON SCHMELING y su hija Sonia la ficha Mesa Ds, Varios, N° 16760, es una solicitud de paradero iniciada en 1980 donde la DGSI del Ministerio del Interior solicita datos sobre el paradero de una serie de personas entre las que se encuentra Von Schmeling, Herman, con sus datos personales y la fecha de su desaparición: 15-11-77. Y el legajo Mesa Ds, Varios, N° 8498, caratulado “Antecedentes relacionados con Hernan Von y otros” el “Dpto I Pers Div Enl y Reg” comunica a través de la DIPPBA al juzgado federal 1, de Roberto Gitard, que en el comando general “no existen antecedentes relacionados con Hernan Von Schmeling y otros”. Sobre Sonia se localizó una ficha personal que remite a los legajos Mesa Ds, Varios, N° 10219, caratulado “Secuestro de Sonia Von Schmeling. Vicente López 1ra”. Contiene la denuncia del secuestro de esta víctima, menor de edad, realizada en la comisaría primera de Vte López por su padre con fecha 28/9/77. A foja 3 consta un informe que menciona un recurso de habeas corpus presentado por esta víctima ante el juez Héctor Tobías Alvarado (contestado negativo) y un sumario instruido en esta comisaría por “Privación ilegal de la libertad” (juezes Eustaquio Castro y Ofelia Hejt –jueza de menores-, de San Isidro). A su vez el legajo Mesa Ds, Varios, N° 16760 solicita datos sobre el paradero de una serie de personas entre las que se encuentra Von Schmeling, Sonia, con sus datos personales y la fecha de su desaparición: 28-9-77. En el curso del legajo se mencionan tres recursos de habeas corpus presentados por esta víctima ante la justicia federal de San Martín y San Isidro, respondidos de manera negativa.
Por la información ventilada en este debate, en base a los testimonios de familiares y sobrevivientes, se sabe que la mayoría de las víctimas de este juicio fueron secuestradas de sus domicilios particulares, en operativos realizados en La Matanza, Morón, San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó, Merlo, Moreno y Hurlingham. El legajo DIPPBA Mesa Ds Nº31890, da cuenta de la utilización por parte de las Fuerzas Armadas de circuitos más o menos recurrentes de varias dependencias policiales que funcionaban como CCD. Los circuitos más frecuentes fueron, siempre desde San Justo, a la comisaria de Valentín Alsina (Lanús) donde recuperan la libertad o pasan a depender del Poder Ejecutivo Nacional. Otro de San Justo a la Brigada de Lanús, ubicada en Avellaneda (CCD El Infierno), donde dejan de ser vistas o recuperan la libertad. Otro de la Brigada de San Justo a la Comisaria de Laferrere, donde son liberados. Y otro desde San Justo a la Brigada de Banfield (CCD Pozo de Banfield), donde en la mayoría de los casos las víctimas dejaron de ser vistas y pasaron a estar desaparecidas, siendo este lugar su destino final.
El informe de la CPM destaca también que en los documentos DIPPBA de inteligencia estatal “existen mecanismos de enmascaramiento de la represión ilegal, que van desde las supuestas ‘declaraciones espontáneas’ de los detenidos hasta los enfrentamientos fraguados entre las fuerzas de seguridad y ‘delincuentes subversivos’, o los enterramientos como NN de personas de las que las fuerzas armadas y de seguridad conocían la identidad. En todos estos casos los documentos producidos por los organismos de inteligencia apuntan a la verosimilitud del relato, pero la confrontación con otras fuentes –del propio fondo documental o de otros- permite desenmascarar el procedimiento. Así, nos encontramos con documentos auténticos y verosímiles, producidos por una parte de la burocracia estatal, pero falsos en los datos fundamentales”. A su vez la CPM afirma que “muchas de las acciones narradas en los partes de inteligencia y dadas a conocer a la población, son parte de una campaña de acción psicológica que fue diseñada desde la Directiva 1/75 dictada por el Ejército y reproducida en iguales términos por la Fuerza Aérea y por la Marina”.

El debate, que se inició el 13 de agosto de 2018, va llegando a la etapa final de las testimoniales. Quedan por delante un tiempo para más testigos de concepto, la realización de pedidos de ampliación de la acusación por parte de las querellas, alegatos y sentencia.

La próxima audiencia será el miércoles 19 DE JUNIO desde las 11 hs. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.