LA
BONAERENSE, SOCIEDAD CRIMINAL
Con
la segunda parte del alegato fiscal continuó el debate por uno de los CCD más
grandes del conurbano oeste en dictadura. El fiscal Agustín Vanella no dejó
lugar a dudas respecto a la actuación del personal policial imputado, y detalló
sobre 50 de los 84 casos que forman parte de la acusación. La exposición del
fiscal continuará en la próxima audiencia sobre el resto de los casos y el
pedido de penas para todos los acusados.
Por HIJOS La Plata
En
la audiencia anterior el fiscal Alejandro Alagia expusiera el tramo acusatorio
referido a la zonificación militar y el rol del Destacamento de Inteligencia101
en ese esquema represivo, las responsabilidades individuales de los represores
de esa dependencia y de los civiles del gobierno provincial, y una particular
calificación de los delitos enrostrados a los genocidas como secuestro
coactivo, además de los homicidios y los delitos sexuales.
Ahora
el fiscal Agustín Vanella desarrolló el rol de la Policía Bonaerense en el
genocidio y las responsabilidades individuales de los 9 ex uniformados
imputados de la causa.
EL JEFE
En
principio acusó al ex Director General de Investigaciones, Miguel Osvaldo Etchecolatz, que siguió el juicio desde el Hospital
Central Penitenciario de Ezeiza, por 53 secuestros coactivos y tormentos, y 9
homicidios ocurridos en San Justo mientras ocupó el cargo. Vanella rememoró el
testimonio en este debate de Lino Agüero, hermano del desaparecido Alfredo Agüero, de 17 años, secuestrado en La
Tablada en 1977 y llevado primero a la Brigada de San Justo y luego al Pozo de
Banfield, quien dijo que en diciembre del ‘77 fue a la Jefatura de Policía con
su padre a reclamar por su hermano, donde los recibió el represor Etchecolatz.
Lino Agüero dijo en este juicio que “Etchecolatz le gritaba que mi hermano no
era ningún menor de edad. ‘Tu hijo es un montonero y ha sido ajusticiado’ le
dijo a mi padre, y cuando le pidió el cuerpo le respondió que ‘si uno comete un
asesinato, se protege para que no lo encuentren’”.
Cabe
recordar que como Director General de Investigaciones Etchecolatz tenía el
control directo sobre las Brigadas de Investigaciones -entre ellas la de San
Justo- con posibilidad cierta de impartir órdenes y ejercer pleno control sobre
el lugar.
Etchecolatz,
símbolo de la represión de la bonaerense de Ramón Camps en nuestra región, ha
sido condenado en el proceso de 2006 en el que mandó
a desaparecer a Jorge Julio Lopez, en la causa “Circuito Camps”, en los
homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, en la causa “Favero-Álvarez” y por
crímenes cometidos en los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande. Pero
además está detenido a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”,
“Pozo de Banfield”, “El Infierno” de Avellaneda, residual de “Pozo de Arana” y
por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario
Medina y en el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
Este año
el genocida recibió dos importantes reveses judiciales ya que la Corte Suprema
rechazó los recursos que presentó buscando la domiciliaria y el cómputo de las
penas que recibió bajo el régimen del 2x1.
LOS COMISARIOS
Respecto
a Alejandro Menichini, jefe de la Brigada de San Justo entre julio del ’76 y septiembre de 1977, la fiscalía le
imputó 18 secuestros y tormentos, la privación de la libertad de la niña María
Lavalle y delitos sexuales cometidos contra la víctima José Eduardo Moreno. En
la declaración indagatoria en este debate Menichini se despachó diciendo que él
se limitó a entregar la dependencia a las Fuerzas Armadas y no tenía dominio
sobre el sector de celdas y de seguridad
ya que “por escrito pasaban a autoridad militar”. La excusa de la existencia de
“áreas militares exclusivas sin control policial” en los CCD es una estrategia
vetusta de los represores ya que está probada la actuación coordinada y
conjunta milita-policial en la represión, aunque la policía estuviera
formalmente subordinada a las Fuerzas Armadas. Además Menichini intentó
justificar que no estuvo a cargo de la Brigada hasta septiembre del ’77 sino
hasta fines de agosto de ese año, cuando fue relevado junto con el subjefe Juan
Carlos Ojeda por “haber perdido la confianza de sus superiores”. El fiscal
Vanella recordó que fue relevado del cargo por delitos comunes, en una causa
por secuestro extorsivo.
Al represor Roberto Armando Felix, subcomisario
y subjefe de la Brigada de San Justo entre febrero y diciembre de 1978, se le
imputaron 23 secuestros y tormentos y delitos sexuales sobre las v´citmas
Adriana Chamorro, Jorge Heuman y Olga Araujo. El fiscal Vanella rebatió la
estrategia de la defensa de Felix, quien desde la primera indagatoria de marzo
de 2012 viene insistiendo en que en el período que se le imputa no estuvo en
San Justo sino haciendo un curso en la Escuela Superior de Policía Adolfo
Marsillach con sede en el predio de Bomberos en La Plata. La defensa llamó para
probar tal cosa a testimoniar a tres ex camaradas
del comisario y a dos compañeras de escuela de su hija. El testigo de la
defensa Armando Greco, policía retirado y ex compañero de Félix en la Escuela
Superior en el curso de subcomisario en 1978, dijo en el debate que los
policías percibían el sueldo en la
escuela cuando estaban realizando el curso. Otro testigo de la defensa, Hugo
Silva, también policía retirado y ex compañerito de Félix en la Escuela
Superior, dijo en este debate que lo veía en los cursos en el año ’78, que la
escuela era un destino en sí y al ingresar al curso se perdía la dependencia
original hasta terminar el curso y ser asignado a otro destino. También afirmó
que como perdían el destino anterior al curso cobraban su sueldo en la misma
escuela.
En marzo de 2012 ante el juez Manuel Humberto
Blanco el represor dijo que en diciembre de 1977 estuvo a cargo de la
Subcomisaría de Solano, en el partido de Quilmes, y que fue designado
interinamente a cargo de la Comisaría 1ra de Quilmes ya que el titular anterior
fue ascendido y se esperaba una nueva designación. Agregó que ya por entonces había
salido la convocatoria al curso en La Plata y que una vez relevado de Quilmes,
donde estuvo un mes, le dieron las vacaciones hasta que se presentara al curso,
pero que en paralelo le salió la designación en la “Brigada de Morón, pero con
destino fijo en la escuela superior”. Finalmente adujo que nunca fue segundo
jefe de la Brigada y que nunca prestó servicio allí porque estaba afectado con
destino en el curso en la Escuela Superior y que sólo fue a San Justo una vez
por mes a cobrar el sueldo.
Una revisión detallada de la foja de
servicios y destinos de Felix, así como de su legajo Nº 7362, arroja varias
diferencias respecto a lo planteado por el genocida. En principio en agosto de
1976 se lo ubica como subcomisario en la “Brigada de Avellaneda”, esto sería la
Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneda, conocido como CCD
“El Infierno” donde ya se cometían delitos relacionados al plan genocida. Luego
en septiembre de ese año se lo designa en la “Dirección General de
Investigaciones (Brigada de Investigaciones de Lanús)”, lo que sería el mismo
lugar. Efectivamente el 2 de febrero de 1978 figura su designación en la
“Brigada de Morón” (San Justo) y el 13 de marzo de ese año se inscribe su
destino como “Inscrp 38º curso p/jefe
año 1978”, hasta el 22 de diciembre del ’78 cuando se asienta su vuelta
a la Brigada de Morón ya como comisario. Lejos de aportar claridad, asoman
varios datos curiosos: no se menciona destino ni en la Subcomisaría de Solano
ni en la Comisaría 1ra de Quilmes, y Félix sí aparece como jefe de la Brigada
de Morón entre diciembre de 1979 y diciembre de 1981, donde el represor dijo
nunca haber prestado servicios. Entonces, o bien en la foja se anotaban
elementos imprecisos, selectivos y digitados a conveniencia –recordemos que Félix
dijo en 2012 que a veces se ponía un destino para poder cobrar el sueldo-, o
bien la imperiosa necesidad actual de Félix de despegar su función de San Justo
lo hicieron olvidar que incluso con posterioridad al pico activo del genocidio
comandó la dependencia que él dice que nunca conoció. El fiscal
Vanella afirmó que fue calificado positivamente para su ascenso en septiembre
del ’78 por el comisario Oscar Antonio Penna, jefe de la Brigada de San Justo
entre el 22/9/77 al 27/3/79.
Agregó que según su legajo tuvo licencia de 35 días entre el 6/2/78 y el
12/3/78. Por ello Vanella afirmó que “consideramos que aunque estuviera
realizando el curso prestó funciones en la Brigada de San Justo”. La fiscalía
solicitó la absolución de Felix por los casos de Rubén Cabral y Modesta
Bianchi, al “no coincidir el
período del secuestro con el de revista del imputado”.
El siguiente acusado fue Leopoldo Luis Baume, segundo jefe de la Brigada de San Justo
entre noviembre del ’77 y enero del ’79, a quien se le atribuyeron 52 casos de
secuestros y torturas, los homicidios de 3 de los 7 integrantes de la UES zona
oeste asesinados desde la Brigada y 5 casos de delitos sexuales. En principio se
desconoce el criterio con el cual se le imputaron a Baume los secuestros de
sólo 3 de los 7 estudiantes desaparecidos de la UES zona oeste, siendo que
todos fueron secuestrados dos meses antes del comienzo de las funciones del
represor en la Brigada, pero permanecieron y fueron fusilados juntos –cosa que
se da por probada- cuando el comisario ya estaba en funciones. Eterno
imperativo de la fragmentación y el desgüace de las causas de lesa humanidad.
Baume es el único represor de cuerpo
presente en algunas audiencias porque cumple arresto domiciliario en su casa de
calle 49
Nº 867- 1° piso- Depto A entre
12 y 13 de La Plata, esto es, porque está cerca.
En la indagatoria realizada en este debate
Baume se despegó de
las acusaciones y se reinventó un pasado. Dijo que para el año ’77 era
comisario de una dependencia en Marcos Paz, y casi a fin de año lo trasladaron
a la Brigada de San Justo. “Por primera vez en mi carrera me sentí incómodo,
porque me rebajaban de cargo. Además yo era del área de Seguridad y no de
Investigaciones. El jefe era Penna, que
me asignaba tareas. Dijo que iba a hacer tareas administrativas, porque lo
operativo lo manejaba él con su gente. Así que yo nunca tuve tareas
operativas”. Baume intentó así desprenderse de los secuestros realizados sobre
un importante grupo de militantes políticos recluidos en la Brigada y descargó
la responsabilidad en su jefe, no casualmente ya fallecido. Oscar Antonio Penna había asumido la titularidad de la
Brigada de San Justo el 22 de septiembre del ’77 en reemplazo del comisario
Roberto Bustos y como dependencia de la Dirección de Investigaciones Zona
Metropolitana, a su vez a cargo de Juan
Miguel Wolk. El día que asumió Penna había por lo menos 30 detenidos
desaparecidos en la Brigada, entre ellos los matrimonios Lavalle-Lemos,
Rodríguez-Futulis, los hermanos Moreno, los hermanos Corrales, Orlando
Guerechit y el joven Alfredo Narciso Agüero. En 1978 Penna apropió a la hija
del matrimonio Moyano-Santander, nacida en el Pozo de Banfield pero que venían
de San Justo. “Me asombran los
hechos que se me imputan”, espetó Baume ante el Tribunal 1 platense “no he
participado de nada y desconocía todo eso. En el año ’78 realicé un curso en la
escuela de policía, luego un curso de conducción, voluntario y selectivo. El
año ’79 lo pasé en La Plata, desvinculado de la actividad de la Brigada”. El
represor no reparó en que los hechos por lo que se amplió la acusación son de
entre septiembre y diciembre de 1977. Al verlo propenso a aceptar preguntas el
juez Esmoris le requirió qué tareas administrativas realizaba en la Brigada y
si hacía sumarios a detenidos. Menos
tranquilo Baume respondió “si realizaba sumarios, pero de hechos comunes,
delitos contra la propiedad o contra las personas”. Al ser interrogado por el
juez Esmoris sobre si hubo alguna vez militares en la dependencia contestó que
“Sí, pero estaban en todos lados. Venían del área militar con asiento en
Ciudadela. Era personal militar vestido de civil. Pero conmigo nunca hablaban”.
El hecho confirma la coordinación
represiva militar-policial en el Área 114, coordinada por la y que explica la
imputación en este debate a Rodolfo Enrique Godoy,
subjefe del área militar 114 y jefe operativo del Grupo de Artillería
Mecanizada de Ciudadela entre diciembre del ‘77 y diciembre del ’79.
Baume presentó los
supuestos certificados de los supuestos cursos que realizó en el año ’78 y que
en su versión le habrían impedido estar de cuerpo presente ejerciendo el rol de
subjefe de la dependencia. Entonces una intervención del fiscal Agustín Vanella
en la indagatoria desmoronó la coartada del represor, con una pregunta sobre
antecedentes en juicios de lesa humanidad. A Baume no le quedó otra que
reconocer “sí, tuve una condena por mi participación en la Subcomisaría de
Villa Insuperable, que estaba tomada por los militares. Desde el año ’75 yo
estaba ahí, pero no quiero hablar de eso….”. En marzo de este año Baume fue en
persona a los tribunales porteños a escuchar la sentencia en la causa por el CCD “Sheraton”, que
funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza. Allí se lo
condenó a 8 años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Pablo
Bernardo Szir, Julia Sarmiento, Luis Salvador Mercadal, María Cristina Ferrario
y Delia Bisutti, y por torturas en los casos Ferrario y Bisutti. A pesar de haber
recibido una condena, los jueces porteños decidieron que como el fallo no está
firme Baume siga su derrotero de reo de lesa desde su casa.
LA
PATOTA
En
lo que respecta a Rubén Alfredo Boan, apodado “Víbora”, cabo de la Brigada
de San justo entre el 9/3/78 y el 16/1/81, a quien se acusó por 49 casos de
secuestros y torturas, y por delitos sexuales sobre 5 víctimas. Boan se negó a
declarar en la indagatoria de 2012 y luego accedió a hablar. Dijo que recién
entró a la Brigada en marzo del ’78 y que, como era agente y para estar en la
Brigada debía como mínimo ser cabo, el jefe Oscar Penna le asignó tareas de
correo. Agregó que Penna le dijo que en la brigada había un “Área Restringida”
a cargo de autoridades militares pero dijo que él nunca vio personal o móviles
militares en la dependencia. Además reconoció que era chofer, pero dijo que tal
actividad la hacía para procedimientos en el área de delitos económicos. Se
despegó del apodo “Víbora” y dijo que correspondía a Carlos Almirón, que quizás
los confunden porque eran muy parecidos. Con legajo 11.952, Carlos Alfonso
Almirón figura en el listado de personal de la Brigada de San Justo entre
1976-1983 como oficial subinspector, activo entre agosto del ’76 y abril del
’77, esto es, hasta casi un año antes de que Boan ingresara formalmente a la
Brigada. Sugerentemente en la causa consta que Almirón falleció, confirmando la
estrategia de El fiscal Vanella valoró
que de acuerdo al material agregado a la causa, dado que su legajo Nº 97.716 se extravió, se puede constatar que Boan estuvo en la
dependencia como agente desde el 9 de marzo del ’78, asignado a la subsección
de delitos ideológicos y especiales y que fue calificado en el año ’78 por el
subcomisario Rubén Lavallén y el jefe de la dependencia Penna. El fiscal aclaró
que el represor “Víbora” fue mencionado como participando de secuestros antes
de la fecha formal de ingreso de Boan a la Brigada. Fueron las hermanas Kohn,
secuestradas en noviembre del ’77, Aníbal Ces, Ana María Expósito, Eduardo
Nieves y Sigfried Watzlawik, secuestrados en diciembre de ese año 77, quienes
aseguraron que escucharon a los represores nombrar ese apodo. Vanella agregó
que diversos sobrevivientes reconocieron
a Boan en el álbum de fotos, afirmaron haber sido custodiados y torturados por
el represor apodado “Víbora” en la Brigada de San Justo, entre ellos Norberto
Liwski quien, además de afirmar que fue uno de los que lo secuestró en abril
del ’78, contó un episodio donde Boan y el represor Ricardo García lo patearon
en la celda y quisieron obligar al detenido Francisco García Fernández a que
ahorcara a Liwski. Por si fuera poco muchos sobrevivientes sindicaron a Boan haciendo
traslados de personas a la Subcomisaría de Laferrere y al Pozo de Banfield. En
este sentido Adriana Chamorro dijo que “en Banfield,
los represores de San Justo no nos dejaron tranquilos” y describió que tanto
“Víbora” como “Tiburón” (Raffo) fueron y vinieron de San Justo a Banfield
varias veces a pasar lista, a llevar o traer detenidos, entre ellos el hermano
de Adriana, Rafael, que tras ser secuestrado fue llevado a San Justo y luego a
Banfield, vuelto a San Justo, llevado a la Comisaría de Laferrere. El 11 de
octubre del ’78 Adriana fue llevada con otros a la comisaría de Laferrere y
antes de dejarlos “Víbora” les dijo “si nos llegan a encontrar en la calle
cruzan la vereda, y si se van a algún país que no sea limítrofe porque los
traemos desaparecidos de todas maneras”. “Estaban confirmando el Plan Cóndor”,
dijo Adriana en el debate.
Al genocida Héctor Horacio Carrera, ex agente de la Brigada de San Justo entre
agosto de 1975 y febrero de 1979, la fiscalía lo acusó por 81 casos de
secuestros y torturas, 9 homicidios y 7 delitos sexuales. Al momento de hablar
en indagatoria Carrera se desligó de las acusaciones y dijo que si bien entró a
la policía en 1975 como aspirante a agente “no tenía estado policial, y mi
deber era cebar mate y hacer la limpieza”. Además reconoció que hizo el curso a
fines del ’75 y volvió a la Brigada tres meses después, pero insistió: “recién
tuve estado policial a mediados del ’77. Yo hacía la limpieza y de correo. Sí,
había unos oficiales apodados ‘Víbora’ y Tiburón’, pero tiempo después supe que
eran Almirón y Raffo. Yo tuve muchas sanciones disciplinarias, por irme
temprano o llegar tarde, pero nunca tuve ascensos ni una felicitación. Había
grupos operativos en la Brigada, de Robos y Hurtos, de Faltas, pero entraban y
salían. Yo conocía a los oficiales pero no tenía trato. Puede ser que me
involucren por el parecido con algún oficial”.
En la instrucción de esta causa Carrera fue
reconocido en rueda fotográfica
por Olga Vicenta Araujo, que entre 506 fotografías señaló la de Carrera y dijo
que esa persona “era el que aplicaba
picana y lo llego a ver porque se me corrió el vendaje”. En las audiencias del
debate, además de Olga Araujo, también lo reconocieron por foto los
sobrevivientes Aníbal Ces, Sigfried Watzlawik, Lino Agüero, Ana Ehgartner, Ana
María Espósito, Graciela Gribo, Roxana Kohn y Liliana Espósito. Claudia Congett
lo señaló como integrante del operativo en la casa de Villa Luzuriaga donde
secuestraron a su padre Jorge en noviembre del ’76, y Andrea Guerechit lo
reconoció como uno de la patota que secuestró a su padre en Bella Vista, San
Miguel, en septiembre del ’77. Vanella dijo que Carrera fue propuesto por el jefe
de la Brigada, Virgilio Brito, en julio de 1975, y en su legajo Nº 94.232
constan calificaciones de los comisarios de la Brigada Bossini, Bustos,
Lavallén y Penna, y su calidad de activo desde agosto de 1975 hasta
febrero de 1979, cuando pasó a cumplir funciones en la Brigada de
Investigaciones de Lanús –con sede en Avellaneda- conocida como CCD “Infierno”.
Dicho sea de paso, no está imputado en el tramo elevado a juicio por ese CCD,
debate que se iniciará el 7 de septiembre de 2020.
Sobre el represor Raúl Carballo, detenido hoy en la Unidad 34 del SPF por su
participación como agente de la Brigada de San Justo entre noviembre del ’77 y
enero del ’81, acusado por 53 casos de secuestros y torturas, 9 homicidios y 5
casos de delitos sexuales. En la indagatoria del debate Carballo leyó
toscamente una declaración sugerida por su abogado, o intentó leerla sin equivocarse aunque el procedimiento no resultó exitoso:
puntuación dudosa y supresión de consonantes varias. Dijo que había trabajado como albañil y zapatero, se
anotó en Policía en octubre del ’76 y realizó el curso de agente en agosto del
’77. “Terminé el curso como agente del agrupamiento de comando y me designaron
en la Comisaría 1ra de La Matanza en el ’77 y en el ’78 en la Brigada de
Morón”, aseguró refiriéndose a la Brigada de San Justo. “Era agente raso, no
puede prestar servicio en la Brigada por falta de antigüedad. En la Brigada
pedí hablar con Penna, y (Emilio) García García me mandó a realizar la custodia
de la casa del juez Anzoátegui. Eso fue de marzo del ’78 a marzo del ’79, de
lunes a sábado durante el día”, continuó. Dijo que su legajo se deterioró
porque se mojó y no puede probar algunos elementos que lo exculparían. “Soy
inocente. Son acusaciones falsas armadas por los fiscales y los querellantes.
Nadie me reconoció en fotos”, se animó a afirmar. Las sobrevivientes Ana María
Ehgartner y Norma Martínez lo reconocieron en este juicio como integrante de la
patota que las secuestró junto a sus esposos el 29 de diciembre del ’77 del
domicilio de Jorge Farsa en Lanús. Además Andrea Guerechit lo sindicó como uno
de los que secuestraron a su padre en Bella Vista, San
Miguel, en septiembre del ’77. El fiscal Vanella recorrió el legajo del
represor Nº 99.485 que lo refleja activo en la Brigada San Justo entre el
9/11/77 y hasta el año ’81, cuando fue ascendido a cabo. Para el fiscal cumplió
funciones en la subsección delitos ideológicos y especiales, fue calificado por
Lavallén y Penna para el ascenso y no hay constancia de su actividad como
custodia del juez penal de Morón Martín Anzoátegui, magistrado por otra parte
ligado a la Brigada de San Justo como instructor de causas penales de varios ex
detenidos en la Brigada blanqueados como presos políticos, como los casos de
Miguel Berenstein y Francisco García Fernández, o bien participando en las
constancias fraguadas del asesinato de José Rizzo en un supuesto
“enfrentamiento” cuando en verdad fue secuestrado en La Matanza, llevado a la
Brigada, luego al CCD “Infierno” de Avellaneda, luego asesinado y su cuerpo
plantado en el partido de La Matanza.
Respecto a Ricardo Juan García, alias “Buggy” o “Rubio”, uno de los agentes de
la Brigada de San Justo más señalado por los sobrevivientes y familiares de los
desaparecidos, revistó en la Brigada entre marzo y julio del ’78 y luego entre
agostó del ’78 y marzo del ’79. Está acusado por 26 casos de secuestros y
torturas y 4 casos de delitos sexuales. En su indagatoria el represor también
leyó una declaración y llegó al paroxismo de echarle la culpa a su padre
Ricardo y su hermano Carlos Alberto, ambos muertos, también policías e
integrantes de la Brigada de San Justo. “Tengo una similitud muy grande en cuanto a ojos, pelos,
cutis y altura” intentó explicar, “mi hermano falleció hace dos meses y estuvo
muy enfermo, lo que no me permitía declarar en contra de él. Igual no tenía el
apodo ‘Rubio’ o ‘Buggy’ ”, dijo García. Agregó que realizó el curso de
aspirante a agente en febrero del ’77 y se recibió en octubre del ’78 con
destino en la Comisaría 1ra de Morón. “Soy inocente, no presté servicios en la
Brigada de San Justo” intentó decir, pero agregó “recién fui destinado a San
Justo en marzo del ‘79”. En el legajo de personal de la Brigada de San Justo (o
Morón) que consta en este expediente figuran el suboficial principal Ricardo
Agripino García, legajo 16.016 y activo entre el 9 de marzo y el 30 de abril
del ’78, el agente Ricardo Juan García, legajo 98.987, activo entre marzo del
’78 y junio del ’81, y el cabo Carlos Alberto García, legajo 91.710, activo
entre febrero del ’79 y marzo del ’82. Ricardo Juan García, imputado en este
debate, también figura como personal de la Comisaría 1ra de La Matanza entre el 19 de julio y el 8 de agosto del año
’78. El fiscal Vanella recordó que quienes promovieron a García para integrar
la Brigada fueron el jefe de la dependencia e imputado en este juicio Alejandro
Menichini y Rodolfo Silva, este último según su legajo Nº 8.926 activo en la
Brigada de San Justo entre marzo del ’76 y agosto del ’77, y condenado como apropiador
de la nieta restituida María Eugenia Gatica Caracoche junto a su esposa Armanda
Colard.
En su alegato el fiscal Vanella valoró los
testimonios de varios sobrevivientes que mencionaron al represor apodado
“Rubio” o “Buggy” como uno de los más violentos del plantel de torturadores de
la Brigada de San Justo y como integrante de los operativos de secuestros.
Entre ellos Norberto Liwski, quien dijo
que García integró la patota que le disparó en una pierna y lo secuestró
en su casa de Capital Federal en abril del ’78. Amalia Marrón afirmó que
estando secuestrada en la brigada de San justo, en junio del año ’78 la
llevaron a las oficinas de la planta alta y allí “El Rubio” (Ricardo García) le
realizó un interrogatorio, le mostró sus pertenencias y le dijo “¡qué raro
alguien como vos, hacerse arruinar por una paraguaya de mierda!”, en clara
alusión a Cirila Benítez, secuestrada en marzo del ’76 y a quien Amalia conocía
por su actividad social en el Complejo 17 de La Tablada. Amalia también pudo
registrar que la patota de la Brigada, entre ellos José Antonio Raffo (alias “Tiburón”)
y García realizaban los traslados a la Comisaría de Laferrere y tenían mando
sobre el personal de la sede.
Pero García colaboró con la represión desde
mucho antes del período en que está acusado en esta causa, que se ciñe al año ’78.
En este debate Patricia y Claudia Congett, hijas del desaparecido Jorge Luis
Congett, secuestrado y desaparecido el 20 de noviembre del ’76, reconocieron en
el álbum de fotografías de los represores de San Justo a Ricardo Juan García como
participante del operativo y en el caso de Claudia señaló a García como quien
la tuvo en brazos en ese hecho y le dijo “¿No querés venir conmigo?”, cuando
ella tenía sólo 6 años. Inexplicablemente el caso de Congett no forma parte de
la acusación de este debate.
EL MÉDICO TORTURADOR
Finalmente
la acusación fiscal se dedicó a la responsabilidad de Jorge Héctor Vidal, médico policial sindicado como torturador de la Brigada de San Justo y además
colaborador esencial en la apropiación de las hijas desaparecidos Victoria
Moyano Artigas, María José Lavalle Lemos y Paula Logares Grinspon. Se le
atribuyen 71 secuestros y
tormentos, 9 homicidios y 6 casos de delitos sexuales.
El fiscal Vanella analizó su legajo Nº
12.920 que lo sindica activo en la Brigada entre el 23/6/76 y el 3/4/79, cuando
pasó a revistar en la Unidad Regional de Lanús, y donde figura calificado para
el ascenso en septiembre del ’77 como “oficial competente, trabajador,
correcto, disciplinado, con gran espíritu de sacrificio y vocación por la
función” por el subcomisario Bossini y el Comisario Bustos, y un año después
por Lavallén y Penna como oficial con “gran capacidad de trabajo,
prestigioso, respetuoso y responsable”. Vidal vive este proceso como una salida
desde su hogar a Comodoro Py: estuvo 4 años prófugo en esta causa y tras ser
detenido y pasar un tiempo preso consiguió que lo devolvieran a su guarida de
Robertson 1077 en el Bajo Flores en CABA. Cuando lo detuvieron estaba escondido en un entrepiso de
machimbre de ese domicilio y adujo que estaba ahí “guardando elementos de mi
madre que había fallecido”. En la única oportunidad en que habló en esta causa
dijo que en la Brigada de San Justo sólo revisaba a presos comunes, y luego
cumplía tareas en hospitales y otras dependencias. Intentó alegar que su nombre
no fue mencionado en el “Nunca Más” y que se lo comenzó a mencionar a través de
la denuncia de Norberto Liwski porque “fui engañado al firmar un parte en el
caso Lavallén-Logares”. Obra en esta
causa en el legajo de prueba el sumario disciplinario y la sanción del Colegio
de Médico del año ’85 contra el imputado Vidal por violaciones al código de
ética, dictado por el tribunal del distrito 3 por su desempeño como torturador
en la Brigada de San Justo, sentencia dictada en base a los testimonios de
Liwski y otros sobreviviente de ese CCD.
En la instrucción de esta causa el sobreviviente Rodolfo Barberán manifestó que
pudo ver a un médico en la sala de torturas, mientras le pasaban picana
eléctrica, y resaltó que era el que decidía si se podía o no continuar con las
torturas. Norberto Liwski dijo que cuando lo ingresaron secuestrado a la
brigada lo pusieron en una sala sobre una mesa metálica ancha y una persona le
dijo que era médico y le iba a hablar de colega a colega, le pidió que colabore
porque estaba mal herido. “Me dio asco que un médico formado para curar me
dijera eso en una mesa de tortura” aseguró Liwski. Agregó
que esta persona, a la que identificó como Jorge Héctor Vidal, actuaba siempre
a cara descubierta, con la chaqueta blanca, y que una vez le diagnosticó una
tifoidea, le firmó una receta y le prescribió medicación discontinuada, lo que
se parecía más a una práctica de la tortura que a la mala praxis. Sumó a esto
otro episodio con Vidal, donde el médico genocida le explicaba
técnicamente al represor Rubén Boan (alias “Víbora”) los efectos físicos de la
picana, los límites de su aplicación y su mejor empleo para quebrar la
resistencia del detenido. Vidal llegó a recomendar que se puede torturar a una
persona desde los 25 kg de peso, con lo cual Boan amenazó a Liwski de que “la próxima
lo torturamos con su hija al lado”. La sobreviviente Amalia Marrón contó en el
debate que después de la tortura fue
revisada por un represor al que llamaban “El Tordo”, que aconsejó que se podía
continuar con los tormentos. Ese personaje era el médico policial Jorge Héctor
Vidal, quien visitó varias veces a Amalia y a otros detenidos en total libertad
de acción, vestido con chaqueta blanca con su nombre en la solapa. De hecho en
un momento en que necesitó antibióticos, el propio Vidal en persona le firmó
una receta. También el ex detenido y médico Jorge Heuman dijo que en San Justo
lo revisó un médico que tras retorcerle los testículos y clavarle elementos
punzantes le dijo a los otros represores “¡Son unos brutos! ¡Cómo la van a
poner en directa!”, en relación a la corriente de 220 volts de la picana.
Heuman reconoció a ese médico torturador como Jorge Vidal porque dejaba su
recetario con su nombre, sello y firma en el centro clandestino. Raúl Petruch,
también médico y sobreviviente de San justo, dijo que en una oportunidad lo
llevaron a la celda para que “curara” a Marrón de las heridas de la tortura.
Petruch definió la situación como falta de todo profesionalismo porque no podía
darle a la víctima más que agua. Entonces fue que llegó a la celda un médico
policial que quiso canalizar a Marrón sin el menor cuidado higiénico. Como él
criticó el procedimiento mandaron a traer medicamentos para la detenida, y
cuando llegó el envío pudo saber la identidad del médico represor porque su nombre figuraba en
la receta: era Jorge Héctor Vidal. El sobreviviente Eduardo Nieves afirmó que al tiempo de estar en una celda grande en San justo comenzó
a sentirse enfermo, con dolores en el dedo del pie donde había recibido picana.
Entonces apareció un represor al que llamaban “El Veterinario”, de voz gruesa,
que le aplicó una inyección con antibiótico. El sobreviviente dijo que cree que
es Jorge Vidal.
A continuación el fiscal Vanella desarrolló
cronológicamente 50 de los 84 casos que forman parte de la acusación. Al extenderse la exposición por más de 3 horas, el Tribunal
decisión hacer un cuarto intermedio hasta la primer semana de diciembre para
que la fiscalía pueda concluir su el desarrollo de su acusación. El alegato
fiscal fue categórico en este tramo y no dejó lugar a dudas respecto a la actuación del personal policial
imputado. La exposición continuará en la
próxima audiencia sobre el resto de los casos y el pedido de penas para todos
los acusados.
La próxima audiencia será el miércoles 4
DE DICIEMBRE desde las 11 hs. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a
los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.
