CATÁSTROFE POCO SERIA
EL
MACRISMO SE RETIRA TRAS PROVOCAR UNA CATÁSTROFE EN DERECHOS HUMANOS. LA MAYORÍA
DE LOS REPRESORES LIBRES O EN SUS CASAS CON DOMICILIARIA. LOS NÚMEROS DE LOS
JUICIOS CONFIRMAN UN PANORAMA COMPLEJO. LOS DESVARÍOS DEL SECRETARIO
PIETRAGALLA CORTI.
Por
HIJOS La Plata
Referenciar la situación del tortuoso camino
de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, que supera en
longevidad los 35 años de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez
más llamar “democracia” y que sigue de pie pese a todo, y hacerlo desde los
pensamientos que genera un dialéctico chiste de origen bélico puede ser
suspicaz. Sin embargo la suspicacia está a la orden del día en el país de los
30 mil detenidos desaparecidos.
En una conferencia dictada en Bolivia en 2009 el
filosofo esloveno Slavoj Žižek recoge una anécdota posiblemente apócrifa de la
primera guerra mundial, según la cual, en la
relación de telegramas entre los cuarteles de
Alemania y Austria, los alemanes en principio dieron el mensaje: “aquí en la parte
del frente la situación es seria, pero no es catastrófica”; y los austriacos
respondieron: “acá la situación es catastrófica, pero no es seria”. Lo que Žižek toma como
disparador para pensar el papel de la izquierda al asumir, o no, la revolución
como la necesidad de cambiar su realidad o bien como mera gestión de Estado,
puede servir para reflexionar sobre la situación de las causas contra los
genocidas de la última dictadura en nuestro país.
La situación poco seria se termina de confirmar si
observamos la evaluación y las propuestas que manifiesta públicamente el
flamante secretario de Derechos Humanos designado por Alberto Fernández. En una
nota publicada el 26 de diciembre pasado en Página/12 Horacio Pietragalla Corti
manifiesta que “el ritmo que tomaron los
juicios de lesa humanidad se choca de frente con la posibilidad real de hacer
justicia”. Pero para modificar la situación, y que los juicios vuelvan a ser “política
de Estado”, propone “que la Corte Suprema reponga la Comisión
Interpoderes; también necesitaremos que la Procuración General de la Nación
instruya a los fiscales y a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad a
priorizar la realización de estos juicios, con un criterio que nos permita
dejar de investigar a los genocidas pluricondenados para avanzar con aquellos
que aún no fueron juzgados” (2). La
perplejidad en que nos sume tal oferta a quienes militamos desde querellas
independientes estos procesos transforma a una situación catastrófica en poco
seria. Porque pretender una selectividad en el juzgamiento ya fue política de
Estado en los ’80, leyes de impunidad de por medio, y de implementarse las
aspiraciones de Pietragalla la mayoría de los procesos en curso quedarían
desiertos. El ex diputado, a la sazón obediente votante de la ley
antiterrorista en 2011 (3), parece
desconocer que, por ejemplo en lo que conocemos como “Circuito Camps”, las
grandes causas por distintos CCD tienden a repetir imputaciones por la pereza
investigativa del Estado en su conjunto. En manos de estos supinos desconocedores
del paño está, en parte, la posibilidad
real de hacer justicia en el país de todos y todas.
EL BALANCE
El balance actual del estado de los juicios a los genocidas comienza por
reafirmar al finalizar la gestión macrista el estancamiento general del proceso
que hace años se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas
típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las
leyes de impunidad en 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado argentino efectivizó 237 juicios
orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 238 juicios
hubo 1.580 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.354 condenas
sobre 975 represores y hubo 204
absoluciones por un universo de 7.848 víctimas. Esto quiere decir que
en 13 años de juicios alrededor del 48% del total de los 3.300 imputados
desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29,5% de aquel número de procesados
fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio la mitad de
los procesamientos, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los
imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y
quedará impune (como los más de 630 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en
lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
De
un total de 589 causas, sólo el 40% tuvo sentencia, un 44% se encuentran en
etapa de instrucción, lo que equivale a 260 causas, además de haber 70
expedientes a la espera del inicio del juicio oral (12%) y 21 en pleno debate
(4%).
De
las 238 causas que llegaron a sentencia desde 2003 el 66% fueron confirmadas
por Casación o Corte Suprema y el restante 34% (81 expedientes) espera
resolución en segunda instancia.
Además
de la información aportada por el Ministerio Público Fiscal sobre la marcha de
estos juicios (4) puede colegirse que la justicia tarda un promedio de
más de 5 años desde que se requiere la elevación a juicio hasta que se
confirman sentencias. Ello hace ver que si aunque fuera un tercio de las causas
en instrucción se elevaran a juicio ya mismo, esos procesos estarían terminando
recién en 2025. Y si los otros dos tercios se elevaran en 3 y 5 años cada uno
todos los procesos terminarían con mucha suerte en 2035.
La
proyección es altamente optimista si pensamos que hay 260 causas en instrucción
y el promedio anual de sentencias de primera instancia es de 15 a 20
expedientes en todo el país.
Además
en los últimos 4 años se ha invertido la situación de libertad los represores (un
total de 2484 imputados, procesados o condenados) porque de un 60 % detenidos
contra un 40 % en libertad promedio en 2015 se pasó al 64 % en libertad y sólo
el 36% promedio detenido en 2019. Pero además, de ese 36% de “detenidos” casi
el 70% (unos 600 represores) cumplen arresto con el beneficio de la
domiciliaria y sólo el 25% lo hace en cárcel común, lo que serían unos 200
genocidas. La actual queja de sectores del kirchnerismo respecto a la situación
de emergencia de las domiciliarias es plenamente selectiva cuando lo que se ve
es la profundización de un proceso de privilegios e impunidad para los
genocidas que tiene larga data.
Además, si seguimos tomando como
referencia el real actuante en
la represión de 200.000 efectivos y los
600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante
la dictadura, los 3.300 imputados siguen representando una investigación sobre el 2% del total de los
responsables y los 975
condenados equivaldrían a 1,5 represor por cada CCD.
Este
conjunto de elementos marca claramente
que la pretensión punitiva de estos procesos sobre
delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el
sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes y que está
reflejada en la resolución 3341/19 de la
Suprema Corte bonaerense que alerta sobre la necesidad del uso racional de la
prisión preventiva, y no sólo sobre políticos presos. En todo caso la crisis penitenciaria bonaerense
es consecuencia lógica de la posición manifiesta del ex ministro de Inseguridad
bonaerense Cristian Ritondo de “prefiero delincuentes amontonados y no
liberados”, y que ha producido masacres como la de la Comisaría 1ra de
Pergamino en 2017 o la de la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría en 2018.
POCO SERIO
Ante esta realidad el ex abogado de de Cablevisión,
Clarín, La Nación, La Rural S.A. y McDonald´s, y hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, nos invitó a discutir formalmente la “razón
humanitaria” para el otorgamiento de beneficios a los peores asesinos de
nuestra historia. Rosenkrantz fue autor del infame fallo que intentó hacer pasar la aplicación a los genocidas de
una figura como el 2x1, no pensada para tales casos, con una ley sancionada mucho
después de que se cometieron los crímenes de la dictadura genocida y derogada
antes de que el represor que la invocó fuera privado de su libertad. Sólo el
rechazo total a la medida desde sectores judiciales, académicos, políticos,
sociales y de los organismos de DDHH, pero esencialmente la multitudinaria
movilización que Rosenkrantz definió como “la tribuna”, lograron frenar
semejante engendro, que quedará en la historia como el mayor intento del
macrismo por sepultar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia..
El panorama es
complejo y lejos está
de modificarse el estancamiento
general de estos procesos. Con un pico de actividad en 2012 los juicios a los genocidas vienen
decreciendo desde entonces tanto en cantidad de juicios como de condenas
anuales. No
se ha podido incrementar aquel tope de dos decenas y media de juicios cada
año, ya que de 25 juicios en 2012, pasamos a 24 en 2013, 20 en 2014, 21 en 2015, 19 en 2016, 25 en 2017, 17 en 2018 y 20 en 2019.
No se ha avanzado suficiente respecto a los
miles de policías y penitenciarios que participaron del Genocidio. Pensemos que
en el “Circuito Camps” están demorados los ya parciales procesos sobre las
principales CCD del conurbano sur y oeste, como son las Brigada de
Investigaciones de San Justo, Banfield, Quilmes y Lanús-Avellaneda. Tampoco se
ha profundizado en la ya innegable responsabilidad del tercer gobierno
peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de
1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de
América y otras de sus bandas entre 1973-1976, y su caracterización como parte
del Genocidio. Mucho menos se tocaron
masivamente las complicidades
civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. La
doble absolución de que gozó este año el genocida César Milani, en fallos
vergonzosos en La Rioja y Tucumán sobre hechos probados, es el fiel reflejo del
hecho incontestable de que menos de un tercio de los represores imputados en
estas causas son condenados, porque mueren impunes, porque son absueltos por no
completarse las investigaciones o porque los jueces, como en el caso Milani,
echan mano a hocicados argumentos para sostener la impunidad
El Estado militar argentino quiso salir del
poder auto-amnistiándose. El radicalismo pretendió un juicio ejemplar a las
cúpulas militares y policiales con código militar de referencia, permanencia en
sus cargos de los verdugos y con impunidad negociada por ley. El desparpajo
menemista ensayó borrar con el codo los pocos acuerdos conseguidos, devolviendo
con los inultos desde el peronismo el cínico “ni vencedores, ni vencidos”. El
aliancismo estiró impunidades y puso al dinosaurio genocida Ricardo Brinzoni
conducir al Ejército. El kirchnerismo lo imitó pese a su fama de impulsar como
ninguno la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado, claro está,
además de ejercer como ninguno la represión en democracia. Con el macrimos se
asistió a una transición donde los Derechos Humanos pasaron a un segundo plano.
A tono con el clima de época de avance de la derecha neoliberal más
rancia los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de
impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad
biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las
causas y los debates oraes, y las medidas ilegítimas de beneficios
extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2x1, las
domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva. Si Mauricio
Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, quiso enterrar la
posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida,
veremos si las estrategias que despliega el albertismo son del tono de los
disparates judiciales del secretario Pietragalla Corti.
Desde HIJOS La Plata seguiremos exigiendo,
gobierne quien gobierne, y mucho más mientras haya víctimas directas del
Terrorismo de Estado entre los funcionarios responsables de impulsar estas políticas,
mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común,
perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún
beneficio.
._,_.___
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE SEGUIMOS EXIGIENDO:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR
TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.
CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.
NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS
EXCARCELACIONES.
BASTA
DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.
SI
ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.
Notas:
(1)
Cifrado en “La situación es
catastrófica, pero no es seria”. Conferencia de Slavoj Žižek. En “PENSANDO EL
MUNDO DESDE BOLIVIA – II ciclo de seminarios internacionales”. Puede verse en https://gitlab.com/martjanz/
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