SILENCIO VS COHERENCIA
En la segunda jornada del debate todos los represores se negaron a declarar en indagatoria. Sólo se escucharon los planteos de las querellas solicitando la pertinente ampliación de la imputación por el caso Lavalle-Lemos y el cese de los beneficios de libertad o domiciliarias a los genocidas imputados. El Tribunal: bien, gracias.
Por HIJOS La Plata
Continuó avanzando el juicio oral por los secuestros, torturas y desapariciones de decenas de militantes políticos, sociales y sindicales ocurridos en dictadura en el CCD de la Brigada de Investigaciones de San Justo, en La Matanza. El proceso contempla a 19 represores por los casos de 84 víctimas.
Indagatorias y un café entre camaradas
Amparados en el derecho constitucional de guardar silencio ante una acusación, por consejo de sus abogados o directamente porque no les conviene, la totalidad de los represores imputados se negó a declarar cuando fueron llamados a indagatoria. El acto procesal resultó un desfile de desmemoriados y desganados gerontes, eso sí, todos en perfecto estado de salud. Excepto el represor Leopoldo Luis Baume, presente en la sala, los demás respondieron desde sus teleconferencias en la Cámara Federal de Casación en CABA, la Cámara Federal de Mar Del Plata, la Unidad 34 de Campo de Mayo y el Hospital Penitenciario de Ezeiza.
De la revista sólo quedaron algunas infamias como la del teniente coronel Roberto Balmaceda, acusado por 49 casos de secuestros y torturas en San Justo, que dijo que tenía una condena previa a perpetua en el juicio por el CCD “La Cacha” por “orden de la Secretaría de Derechos Humanos”; la minuciosidad del comisario Miguel Etchecolatz describiendo las 9 causas en las que está implicado; o la puesta en escena de Carlos Hidalgo Garzón que pretendió no recordar su edad, dijo que es abogado cuando es retirado del Ejército y, pese a tener varias condenas en causas de lesa humanidad, cuando le pidieron si tenía antecedentes contestó “No que yo sepa”.
La realidad de un juicio cuasi televisado y con la mayoría de los represores ausentes es fruto de la modalidad que encontró el Tribunal 1 de La Plata para escenificar la impunidad ante el hecho de que 15 de los 19 represores juzgados están excarcelados. Una manera de blanquear que esta vez si los genocidas no vienen al juicio “la montaña va a Mahoma”. La soltura de que gozan los represores dio hasta para un hecho insólito: la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre-Unión por los DDHH denunció que el coronel Rodolfo Godoy (San Lorenzo N° 468) y el ex policía bonaerense Alejandro Menichini (Av. Independencia Nº 1531, piso 11, Depto. “F”) que gozan de la domiciliaria en Mar Del Plata, aprovecharon un cuarto intermedio del debate para tomar un café en un bar del centro de esa ciudad. Cuando deben ir sólo de sus casas a la Cámara Federal marplatense para estar presentes en la videoconferencia, se pidieron informes de revisión de las condiciones de las detenciones domiciliarias, ya que surge a las claras el desmanejo del Tribunal sobre la situación de los genocidas.
Ajustados a derecho
A continuación la querella de la APDH-familia Lavalle Lemos pidió que se amplíe la acusación y se realicen indagatorias de 8 represores por los casos de la familia Lavalle Lemos. La pareja de militantes Gustavo Antonio Lavalle y Mónica María Lemos, junto a su hija María de 14 meses, fue secuestrada el 20 de julio de 1977 en José C Paz. Además Mónica estaba embarazada de 8 meses. Fueron llevados a la Brigada de San Justo, donde estuvieron 6 días en el caso de María y los padres hasta septiembre del mismo año. María fue llevada a la casa de unos vecinos de la familia y los padres trasladados al Pozo de Banfield, donde Mónica dio a luz a María José a comienzos de septiembre del ’77. De allí la pareja fue desaparecida y la bebé trasladada con horas de vida a la Brigada de San Justo, donde fue apropiada por la sargento de la bonaerense María Teresa González y su pareja Nelson Rubén. Tras la lucha de su abuela, Haydé Vallino de Lemos, María José recuperó su identidad en 1987 y los apropiadores González y Rubén fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso.
La querella reclamó por el hecho inexplicable de que habiendo pasado toda la familia Lavalle Lemos por la Brigada de San Justo, sólo esté imputado por los 4 casos el represor Hidalgo Garzón, mientras que el grueso de los genocidas sólo recibió acusación por el caso de María Lavalle. A razón de verdad ese derrotero fallido tiene un origen concreto: en la elevación a juicio de esta causa, que data de septiembre de 2015, el juez Ernesto Kreplak señala que los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina pidieron “el llamado a indagatoria de los imputados en autos por Gustavo Lavalle-Mónica Lemos-María José Lavalle, con posterioridad a que se indagara y procesara a los imputados por el caso de María Lavalle” y que por los otros 3 casos las indagatorias estaban pendientes. Lo cierto es que el agravio irracional de desdoblar los casos pasó inalterado las instancias de opinión de los fiscales y del juez de instrucción.
El entuerto trató de ser enmendado por los fiscales en instancia posterior y al momento de imputar a los represores del Destacamento de Inteligencia 101 Hidalgo Garzón y Ricardo Von Kyaw, este último luego apartado y hoy fallecido, donde entre 76 víctimas incluyen a la familia Lavalle Lemos completa.
Así las cosas, el tribunal contestó al planteo rechazándolo por unanimidad. El juez Esmoris realizó un desarrollo sobre los supuestos formales que habilitan la ampliación del requerimiento fiscal (delito continuado o agravantes) y afirmó que el caso no encuadra, pero dijo que “para no ser tan formalistas” bastaría con entender que “las falencias de la instrucción no se resuelven con nuevas falencias en el debate oral”. El juez Vega indicó que su postura en este punto ya es conocida y se resume en que no puede ser amputado el requerimiento porque no se trata de un mismo hecho sino de hechos distintos. A su vez señaló que como jueces no están dispuestos a pagar los costos de esta situación y concluyó en que “más allá de lo justo y racional del pedido, no se ajusta a derecho”.
La fragmentación de hechos del Terrorismo de Estado tuvo un antecedente cercano en el juicio a la CNU de 2017, donde los jueces platenses opinaron de igual modo. En aquella oportunidad convalidaron el desgüace de una misma masacre, ya que la misma noche, en el mismo operativo y con el mismo resultado trágico, fueron secuestrados Horacio Urrera, Leonardo Miceli y Carlos Sathicq, pero por las defecciones de la justicia federal platense sólo se elevó a juicio el caso de Miceli. Ahora la justicia en pleno, sea en su etapa de instrucción o de juicio oral, pretenden que la familia Lavalle Lemos siga esperando un juicio justo. Esto, claro está, si es que los imputados siguen vivos para cuando se realice tal debate.
Los fulanos seguirán libres
A su turno la querella del espacio Justicia Ya La Plata-Fundación Anahí fundamentó la necesidad de que se suspenda el beneficio de prisión domiciliaria y se dicte la prisión preventiva de varios imputados por el tiempo que dure el debate oral, a la vez que exigió la presencia de los imputados en la sala de audiencias.
Como dijimos, sólo 4 de 19 represores están detenidos en el Servicio Penitenciario. Por eso se solicitó al tribunal que vuelva a dictar la prisión preventiva con cárcel común del subsecretario de gobierno bonaerense Juan María Torino, del agente de la Brigada Héctor Carrera y del comisario Etchecolatz, que consiguió la libertad en esta causa. A su vez se pidió que se revoquen las prisiones domiciliarias a los imputados Rodolfo Balmaceda, Leopoldo Baume, Rubén Boan, Héctor Carrera, Roberto Félix, Ricardo Fernández, Rodolfo Godoy, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Hidalgo Garzón, Alejandro Menichini, Carlos Romero Pavón, Jaime Smart y Héctor Vidal.
Justicia Ya afirmó que “no resulta novedosa la precariedad de las modalidades en las custodias policiales cuando se trata de detenidos por delitos de lesa humanidad”. La querella señaló el efecto de revictimización que implica para familiares y sobreviviente que los represores asistan al debate en libertad y recordó algunos casos paradigmáticos de represores que se han profugado, han violado las domiciliarias o han entorpecido las investigaciones. Dos de esos casos refieren a genocidas imputados en este juicio. Carlos Hidalgo Garzón, hoy con domiciliaria que ya violó varias veces saliendo a andar en bicicleta desde un geriátrico donde estaba alojado y ostentando armas de fuego en la casa de su cuñado. Y Jorge Héctor Vidal, prófugo durante 8 años y hallado escondido en un entrepiso de la misma casa familiar en la que hoy goza de la domiciliaria.
Respecto a las domiciliarias por unanimidad los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazzo declararon improcedente el pedido. Ante la negativa del tribunal Justicia Ya realizó una reposición por el dictado de nuevas prisiones preventivas, con el apoyo de todas las querellas. Aun así el planteo fue rechazado por mayoría de los jueces Esmoris y Jarazzo, que si hoy se muestran apegados a estrictas interpretaciones técnicas tienen amplios antecedentes en beneficiar a los genocidas con mamarrachos jurídicos como el “2x1”. La emergencia de las domiciliarias de que gozan los genocidas se evidencia en que más del 50% de los represores procesados o condenados en todo el país, esto es más de 550 genocidas, están excarcelados. Este fenómeno no es nuevo, ni atribuible sólo a la gestión Macri.
El debate continuará con la apertura de la ronda de testimonios donde se escucharán los relatos de cerca de 120 personas, entre familiares y víctimas sobrevivientes.
La próxima audiencia será el miércoles 29 de agosto desde las 10 am. Para presenciarla sólo se necesita concurrir a los Tribunales Federales de 8 y 50 con DNI.
